Fernando Fernández

Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural

Consejo Editorial Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

Desde el nacimiento de la Vía Campesina en el año 1993 y desde las primeras movilizaciones contra la OMC, el movimiento internacional por la soberanía alimentaria tuvimos claro el NO a la OMC, el NO a los Acuerdos de Libre Comercio, tuvimos claro que los alimentos son un derecho y no una mercancía, y que la agricultura, la pesca, o la ganadería debía salir de las negociaciones comerciales.

Apenas dos días de la ratificación por parte del Congreso de los Diputados del Acuerdo Comercial de la UE con Canadá,  conocido como CETA,  resulta oportuno hacer una serie de reflexiones sobre estos asuntos. Conviene recordar que aprobado el CETA, la Unión Europea  además de ser parte de los acuerdos de la OMC, tiene en vigor otros 66 acuerdos comerciales, otros 24 acuerdos están pendientes de ratificación, y otros 25 están en proceso de negociación, algunos con países tan relevantes en materia agraria como EEUU, Argentina o Brasil[1]. Además, se han iniciado las conversaciones con Chile, pero  en este caso, y de entrada se han excluido las negociaciones sobre agricultura, salvo en productos de agricultura ecológica argumentando que Europa no cubre la demanda interna de estos productos y sin tener en cuenta el potencial de expansión interna de este modelo de producción y de que ello es importante para el cambio hacia los objetivos de cambio climático en este sector.

Las razones para excluir la agricultura de los acuerdos de liberalización comercial.

La consideración de la alimentación como un derecho humano, el hecho de que el 75% de las personas en situación de pobreza en el mundo sean pequeños agricultores, ganaderos, o pescadores artesanales, el carácter estratégico de la agricultura en países en los cuales representa más del 25% de la población activa, el enorme impacto social y ambiental del abandono del medio rural en los países desarrollados, el hecho de que tan solo el 12% de la producción de alimentos se intercambie en los mercados internacionales y de que el 80% de los alimentos que se consumen en el mundo sean producidos por los sistemas campesinos, las enormes desigualdades entre las realidades de la producción agraria entre unos países y otros,  la extrema concentración en las empresas de insumos agrarios en sectores clave como las semillas o los fitosanitarios, la constante volatilidad en los precios agrarios y que estos precios no cubran los costes de producción en la mayor parte de los lugares del mundo.  Todas son razones suficientes que han llevado históricamente a entender que el sector agropecuario y pesquero debía estar excepcionado del derecho de competencia y de la política comercial.

Conviene recordar a los tomadores de decisiones políticas que estas razones se apoyan en una serie de reglas que cualquier que sepa un poco de economía agraria conoce. Estas leyes inciden en el comportamiento de las variables de los mercados agrarios y por lo tanto inciden en el precio y en la producción.

Básicamente  nos referimos a tres. La ley de King - economista inglés del siglo XVII -  viene a explicar cómo los precios agrarios reaccionan de forma muy brusca a cualquier disminución y aumento de la oferta de producto,  casi se trata de una reacción desproporcionada.   Por ello y desde siempre y en todo lugar y contexto, se han arbitrado sistemas por parte de los países para permitir  controlar la oferta[2] como el almacenamiento público o privado de producto, o la retirada del mercado o el control de la oferta. La segunda de las leyes básicas es la  Ley de Engel -  estadístico alemán - supone que la elasticidad, es decir, el incremento de la demanda de alimentos varía según el nivel de renta, pero este incremento tiene límite, es decir, crece mucho en los países menos desarrollado cuando mejoran las condiciones de la gente, pero se estanca en un determinado punto.  La tercera ley corresponde a Turgot - político francés del siglo XVIII – que desarrolló la ley de rendimientos decrecientes  y afirma que la productividad del suelo aumenta con la incorporación de innovaciones tecnológicas, pero solo hasta un determinado punto, a partir del cual y si superamos los límites ecológicos, la producción empieza a disminuir.

A estas leyes, es necesario incorporar algunas nuevas todavía por  definir pero que son evidentes. Referimos aquí la  ley de Caín y Abel[3], se fija en el hecho de que el comportamiento de los sectores agrícola y ganadero en determinados contextos pueden ser opuestos, y en un contexto actual en el que el incremento desmesurado de la producción de carne industrial en los países del norte requiere destinar inmensas proporciones de tierra a la producción de proteína en el sur eso empobrece a los agricultores y agricultoras y enriquece a los sectores ganaderos industriales.

La política de competencia de la UE debe excepcionarse de la agricultura y la ganadería.

Todo lo anterior ha justificado desde casi los orígenes de la Comunidad Europea que la agricultura y la ganadería aplicaran con muchas reservas el derecho de competencia y la política comercial. Partiendo de los objetivos de la PAC recogidos en el art 39 del Tratado de la Unión Europea, en la Conferencia de Stessa celebrada en julio de 1958, se desarrolló el principio de preferencia comunitaria según el cual, existe una prioridad para la comercialización de los productos procedentes de los estados miembros. Evidentemente este principio se pervirtió desde las negociaciones de la Ronda de Uruguay que dieron como resultado el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio. Con el abandono de este principio, la mayoría de los objetivos de la Política Agraria Común han salido muy tocados. ¿Dónde queda el objetivo de estabilizar los mercados agrarios, garantizar la renta agraria, o el deseo de fortalecer el papel de los agricultores en la cadena alimentaria?

Hasta hace bien poquito y aún hoy continúan existiendo  muchos mecanismos de regulación de los mercados, que obedecen precisamente a la consideración de la agricultura como sector excepcional; Las cuotas de producción, las cuotas de mercado, los contingentes arancelarios, las cantidades nacionales garantizadas, los mecanismos de retirada de la producción o del mercado, el destino de la producción a la transformación y el pago en especie, los montantes compensatorios, los precios garantizados, las propias organizaciones de productores de frutas y hortalizas, los programas operativos, los acuerdos voluntarios de limitación de la producción, es decir, son muchas las medidas que han existido y que existen que muestran este carácter excepcional.

Las Organizaciones Comunes de Mercado eran los instrumentos que regulaban los mercados en cada uno de los sectores productivos y en ellos se recogían las medidas específicas que iban desde los precios de sostén, hasta las medidas de control de la oferta.  Hasta el año 2013 la Unión Europea contaba con 21 Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) que quedaron reducidas a una sola OCM con el Reglamento 1308/2013 de 17 de Diciembre. La justificación fue la simplificación, pero el problema es que no tiene nada que ver el sector de la leche con los cítricos, y la simplificación, significó desmantelación progresiva de las medidas de regulación de mercados.

El cambio político interno  se reduce a que las herramientas de intervención que antes existían pasaron a ser consideradas bajo el concepto de "redes de seguridad" y se recurre a ellas solo en caso de crisis provocadas por perturbaciones del mercado. El problema de nuevo. Pues que las crisis en el sector agrario se han convertido en estructurales, sobre todo cuando la agricultura entra a jugar de lleno en los mercados internacionales.

Los efectos del desmantelamiento de las medidas lo hemos visto recientemente con la eliminación de la cuota láctea – 4 granjas de leche cerradas en España cada día – y cinco años ya de proceso de reconversión lento y salvaje de todo un sector europeo. Lo volveremos  a ver cuando desaparezcan a finales de septiembre las cuotas del azúcar.

Finalmente y ante todo esto que proponemos hacer.

Al margen de cuál sea la postura relacionada con la incorporación de la agricultura en los acuerdos comerciales tema sobre el cual, ya me he posicionado al principio de este artículo, cada vez hay más voces – por ahora minoritarias – que claramente plantean la necesidad de reestructurar y fortalecer las políticas de regulación de mercados dentro de la PAC.  La idea que se plantea es que en el caso de que se mantenga la estructura de pilares, surja un Tercer Pilar de Regulación de Mercados, que reinterprete el principio de preferencia comunitario y el resto de los objetivos de la PAC, articule de manera adecuada el conjunto de medidas necesarias para cada rubro productivo, y desarrolle la anunciada norma sobre funcionamiento de la cadena alimentaria.  Que incluso incorpore medidas concretas que tienen que ver con los derechos de los consumidores a una alimentación sana y saludable  y que desde luego, inciden de manera positiva en la regulación de mercados[4].

Estoy convencido que en este escenario nos encontraremos amplios sectores agrarios y ganaderos, junto a organizaciones de consumidores, ecologistas y colectivos sociales que han defendido y defienden otra Política Agraria para la soberanía alimentaria.

[1] Fuente. Parlamento Europeo. http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20161014STO47381/el-acuerdo-ue-canada-y-otros-pactos-comerciales-pendientes

[2] En la crisis de los precios agrarios que se desató en el año 2008 y que se prolongó hasta 2012, los stocks de cereales estaban por debajo del 20% a nivel mundial y una de las medidas generalizadas fue la activación de los mecanismos de almacenamiento público que habían sido abandonados por la mayoría de los países del mundo.  Sin embargo, a partir de la crisis alimentaria de 2008, más de 100 países del mundo volvieron a desarrollarlas.

[2] Nombrada así por Lourdes Viladomiu. Miembro de Saó. Grupo de Reflexión Rural

[4] Recordemos las demandas del sector apícola español que ante las importaciones masivas de miel procedentes de terceros países, plantean como alternativa, la identificación clara de la procedencia de la miel o de la mezcla de mieles en la etiqueta del producto. Algo clave en un alimento en cuya valoración pesa mucho la identificación con un determinado territorio.