Opinión · Mundo Rural s.XXI

LA CRISIS ECONÓMICA COMO CAUSA DEL HAMBRE Y LA FALTA DE POLÍTICAS ALIMENTARIAS EN EL CONTEXTO DE UN PAÍS DESARROLLADO.

Rosana Pastor

Diputada Unidos Podemos por Valencia.

Mesa de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

“La alimentación insana, tiene un sesgo de clase”

 

Ayer y hoy nuestro país acoge la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición que la FAO organiza, y que reunirá a más de 200 parlamentarios y parlamentarias de todo el mundo para constituir un nuevo foco de acción política contra esta lacra inaceptable.

 

¿Qué sucede cuando un país como España, situado en el puesto número 14 de la economía mundial y en el puesto número 26 según el Índice de Desarrollo Humano, sufre una crisis económica como la que comenzó hace ya casi una década? La ciudadanía podría estar confiada en que, con estos indicadores, nuestro país, tenía estructura, institucionalidad, políticas y recursos como para poder afrontar de manera solidaria la situación de las personas que peor lo pasan. Sin embargo, las recetas para salir de la crisis han cargado contra las clases populares, y hoy 10 años después, siguen muchas personas en la cuneta. Las crisis económicas recurrentes en un modelo económico cada vez más liberalizado reproducen el hambre y la malnutrición incluso en países como el nuestro.

 

El 17 de octubre, la Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión presentó su informe sobre pobreza y exclusión en España. Aunque la tasa de pobreza disminuye ligeramente, sin embargo, la privación material severa se consolida. Uno de los ítems más alarmantes es el que muestra que las personas que no pueden proteína animal al menos una vez cada dos días, aumentan en 0,8 décimas, situándose en el 3,7%. Esto significa que 1.800.000 personas viven en situación pobreza alimentaria. Dado que la restricción alimenticia es la última línea roja que atraviesa una familia en la lucha por la supervivencia, esta situación sólo puede interpretarse como un signo claro del radical empeoramiento de las condiciones de vida de los más pobres, dentro, incluso, del grupo de personas pobres. Pero este es el último de los escalones dentro de un sistema alimentario que no está funcionando de manera adecuada para cumplir con el derecho humano a la alimentación.

 

Hay otro escalón mucho más sutil, pero igual de grave. Nuestra dieta mediterránea ha cambiado y hoy en día consumimos un exceso de azúcares, grasas insalubres y sodio. Estos ingredientes críticos viajan a través de la alimentación ultraprocesada y precocinada que cada vez ocupa una parte más importante de la dieta de una familia media. Los datos disponibles por instituciones científicas independientes muestran como un 60% de la población española sufre sobrepeso y un 20% obesidad. Diversos estudios de instituciones acreditadas, muestra como a la alimentación insana se le pueden atribuir en España entre un 40-55% de las dolencias cardiovasculares, y un 45% de los casos de diabetes.

 

Pero lo grave desde el punto de vista social, es salud alimentaria difiere mucho entre los distintos grupos sociales. La mala alimentación tiene un claro sesgo de clase. Las enfermedades están profundamente determinadas por las condiciones sociales y económicas de las familias. Los datos indican que los hogares con niveles socioeconómicos más altos hoy en día mantienen una dieta alimentaria de mucha mejor calidad, y tienden a tener más esperanza de vida, menos enfermedades crónicas y más años vividos sin discapacidad. También hay una diferencia de género y es que las mujeres salen peor paradas, y esto se debe a la discriminación de la que son objeto y a sus diferentes condiciones de vida. De esta manera, las mujeres pobres y las familias sustentadas por mujeres pobres constituyen los principales núcleos de la alimentación insana. Es absolutamente vergonzante para un país comprobar como las mujeres de familias con menos recursos adolecen de un 50% más de sobrepeso y obesidad que las mujeres con más recursos y los niños y niñas con niveles de renta más bajos sufren un 30% más de sobrepeso y obesidad que los niños de familias con más recursos. El problema es que hoy en nuestro país es más barato comer una lasaña precocinada y unas patatas fritas, que una coliflor y unas pechugas de pollo.

 

Las políticas alimentarias son claves en este escenario, pero en muchos de nuestros países desarrollados, hasta hace bien poco se abandonó esta responsabilidad pensando que, con legislar para garantizar la inocuidad y la trazabilidad de los alimentos, o el etiquetado indescifrable para las familias medias, las cuestiones de salud y nutrición estaban cubiertas.

 

Afortunadamente, la conciencia ciudadana sobre la importancia de la alimentación es creciente, y en los últimos 10 años, justo coincidiendo con el inicio de la crisis, los debates sobre las políticas alimentarias cada vez son más frecuentes y extendidos, llegando las propuestas hasta los órganos legislativos y ejecutivos. Una política alimentaria que ponga en el centro el derecho a la alimentación, a la vista de los retos de nuestras sociedades debe poner en marcha medidas mucho más decididas.

 

  • En primer lugar, consideramos básica una Ley General de Alimentación, que, a modo de legislación básica del estado, y permeada por el contenido del derecho humano a la alimentación, ponga las bases de la política alimentaria nacional.
  • En segundo lugar y de forma urgente, el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación cuando las familias no pueden ejercerlo por ellas mismas. Sin embargo, no podemos seguir perpetuando modelos basados en la donación de alimentos que impiden a las familias elegir libremente su dieta familiar relegando su responsabilidad a la de beneficiarias. Es necesario poner en marcha y extender el modelo basado en la tarjeta alimentaria que acompañado de programas de educación nutricional permiten avanzar de forma mucho más justa.
  • Es necesario abordar de forma muy clara la publicidad alimentaria para controlar sus efectos perniciosos sobre todo en la infancia y la juventud. La publicidad alimentaria ha incrementado su gasto en un 13% en productos de alimentación y un 10% en bebidas De esta manera, el 44% de los anuncios en horario infantil se refieren a alimentos ricos en azúcares, grasas y sal mientras que solo el 2% de los anuncios se refieren a frutas, verduras o pescado. Controlar la publicidad implica poner coto a la esponsorización por parte de las grandes industrias de comida insana que hoy tienen cabida en cualquier evento social o deportivo
  • Es igualmente necesario abordar una nueva estructura de la fiscalidad alimentaria. Ya contamos con ejemplos de tasas a las bebidas azucaradas que han dado resultados muy positivos. Pero es necesario cambiar la estructura para que los alimentos frescos y saludables tengan un IVA 0%, y los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares sean los que tributen al 21%
  • Por último, Europa ha empezado a ser consciente de que la compra pública alimentaria debe tener un efecto ejemplificador. Los criterios sociales, ambientales y de salud aplicados a la compra pública de toda la restauración colectiva es un camino que requiere de determinación.

 

En este camino, muchas ciudades del cambio ya han tomado la delantera al estado. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Oviedo y tantas otras que firmando el Pacto de Milán por una Gobernanza Alimentaria Urbana, se han puesto manos a la obra, explorando sus competencias en política alimentaria, y avanzando mucho más lejos hasta articular sus esfuerzos en forma de red. Este esfuerzo hoy de los municipios, muchos de ellos del cambio, debe verse respaldado un cambio en las políticas desde el estado.