Opinion · Mundo Rural s.XXI

EL ENCAJE DE LA POLÍTICA FORESTAL DENTRO DE LA PAC Y LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Fernando Fernández

Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural

Los incendios de hace un año de la cornisa cantábrica, revelaron con datos una realidad que de alguna manera todas las administraciones públicas, los expertos en política forestal y extinción de incendios, y la propia ciudadanía sobre todo rural, ya sabíamos. Uno de los factores de análisis en la propagación de los incendios forestales está en la despoblación del medio rural y el abandono en la gestión del territorio. Los datos mostraban como los municipios más afectados por los incendios en Asturias, Cantabria y Galicia habían perdido más del 50% de su población en tan solo 15 años.

La semana pasada participé en una jornada organizada por PODEMOS Cantabria con un título recurrente y a la vez complejo. “Los incendios y la Política Agrícola Común”, y aunque intuitivamente tenemos claro que las dos cuestiones están relacionadas, el análisis de los datos reafirmaba la idea. Existe un consenso técnico y científico de que únicamente podremos hacer frente a los incendios forestales entendiendo la prevención como la consecución de bosques vivos, generadores de empleo y riqueza en las comarcas rurales. Es importante remarcar esto, las políticas conservacionistas sobre las masas forestales sin más, sin gestión ni aprovechamiento social y económico, no garantizarán su preservación. Cantabria es un buen ejemplo de Comunidad Autónoma donde la mayoría de los incendios se produce entre los meses de invierno y primavera. El 80% de los incendios están vinculados a quemas ganaderas para el mantenimiento de pastos y que, por lo general, se realizan antes de subir el ganado a las cumbres o los montes, sin autorización y sin control administrativo. Pero no pretendo criminalizar con esta afirmación al sector, la realidad es que el manejo del fuego ha sido tradicional para este objetivo, pero la diferencia está en que antes, las personas que lo hacían tenían los conocimientos empíricos para hacerlo, y, en segundo lugar, la comunidad rural participaba en el proceso y estaba dispuesta a colaborar en estos momentos.  El vínculo entre la actividad agrícola o ganadera y los incendios forestales no es exclusivo de las comunidades cantábricas y por ello, deberíamos empezar a integrar el factor social y humano de manera virtuosa en las políticas de prevención. Así se hizo con el Plan 42 en Castilla y León que demostró el éxito de esta estrategia, y así se está haciendo poco a poco en Cantabria, donde la administración regional y el personal técnico trabaja con el sector ganadero en cada sección forestal y en cada localidad, pactar, coordinar, y actuar de forma conjunta en el manejo del fuego.

De acuerdo con estas ideas, podemos empezar a vincular la PAC con las Políticas Forestales. La intención es ubicar en el marco de la PAC el encaje forestal y después hacer una valoración general del planteamiento que en este momento existe a través de las medidas definidas.

La realidad, dramática o sorprendente, es que hoy por hoy el 85% del presupuesto que se invierte en las actuaciones de política forestal tanto desde la Administración General del Estado, como desde la Comunidades Autónomas, se financian con cargo al II Pilar de Desarrollo Rural de la PAC.  Podemos decir claramente que cualquier reducción del presupuesto comunitario en esta política tendrá consecuencias directas, o bien exigirá un mayor esfuerzo de financiación nacional. Pero además, es doblemente dramático porque mientras que hay Comunidades Autónomas como Andalucía, Extremadura o Galicia, que financian sus Programas de Desarrollo Rural al 80% con fondos comunitarios, otras como la Comunidad Valenciana, Baleares, o Aragón lo hacen a un 60% o incluso 47%, lo que está implicando una subejecución de las actuaciones forestales muy importante debido a que si la Comunidad Autónoma no dispone de los fondos para cofinanciar en el porcentaje exigido, los fondos de la Unión Europea se reducen proporcionalmente.

El Marco Nacional de Desarrollo Rural y los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas, para el periodo 2014 – 2020, destina un presupuesto total de 1.245 millones de euros, lo que significa el 15,77% de los fondos del II Pilar a las medidas forestales. Podemos decir que el contenido de las medidas ha mejorado ligeramente con respecto al periodo anterior. Entre las 21 medidas contempladas en el Reglamento de Desarrollo Rural cuatro de ellas, se orientan claramente al sector forestal: M05. Restitución del Potencial de los espacios forestales M08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques M15. Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de bosques y, por último, la M12. Pagos al amparo de la Red Natura 2000.

Para este periodo el paquete forestal incluye 8 tipo de actuaciones;  actuaciones para la creación de superficies forestales (8.1), establecimiento de sistemas agroforestales (8.2), prevención de incendios y otros desastres (8.3), reparación de daños causados por incendios y otras catástrofes (8.4), inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los bosques (8.5), inversiones en tecnologías forestales y comercialización de productos forestales (8.6) y ayudas para servicios silvoambientales y climáticos (15.1 y 15.2).  El propio Gobierno central, a la hora de elaborar el Programa Nacional de Desarrollo Rural, únicamente programa y dota de presupuesto las medidas de prevención y reparación de daños causados por incendios y otras catástrofes (8.3 y 8.4). A pesar de la imagen equilibrada que pueden dar todas estas actuaciones, sin embargo, el grueso del presupuesto sigue destinándose a extinción, o prevención vinculada a la extinción (76%), mientras que los fondos destinados a la puesta en valor de los recursos forestales tan solo suponen entre un 2% y un 6%, y el apoyo a la ganadería extensiva o el manejo de sistemas silvopastoriales, tan solo el 7% de media.  Con esta distribución presupuestaria y teniendo en la cabeza el dato de que aquí está el 85% de todo lo que gastamos en nuestro país para política forestal, el principio de que “solo un bosque vivo está libre de incendios”, está realmente en cuestión.

Pero, además, y entrando al análisis concreto de todas las medidas que aparecen en los PDRs, las conclusiones son claras para todas las personas profesionales del sector con las que se hable del tema. En primer lugar, constatamos un peso excesivo de las medidas de prevención pasiva. Es decir, continúa priorizándose las medidas de construcción de infraestructuras de apoyo a los momentos de extinción como; acondicionamiento de pistas forestales, cortafuegos, puntos de agua y otras. Es decir, se incluye como medidas de prevención, las infraestructuras que son necesarias para poder controlar los fuegos en el momento de la extinción, y no actuaciones para que no lleguen a producirse. En segundo lugar, se sigue obviando el factor humano y social en la estrategia. Es importante implicar a los colectivos más vinculados con la alta siniestralidad, y a pesar del éxito contrastado de programas como el Plan 42, sigue siendo residuales y a penas suponen el 2% de la dotación.  En tercer lugar, se continúa obviando a los propietarios forestales privados, olvidando que, en nuestro país, el 67% de la superficie forestal es titularidad privada estructurada en pequeñas parcelas que no superan las 10 Hs no siendo consciente de que estos propietarios, tienen verdaderas dificultades para mantener la gestión y ordenación de sus montes, siendo extremadamente costoso su mantenimiento, y sin apenas rentabilidad económica. En cuarto lugar, parece mentira que la política forestal no haya integrado todavía el apoyo a la ganadería extensiva, apoyando el desarrollo y la viabilidad de los sistemas silvopastoriles, incorporando de manera generalizada “las brigadas de cuatro patas”[1] para incorporar el ganado a las zonas forestales de manera generalizada y adecuada reduciendo la cantidad de biomasa y gestionando el territorio.

Parece que vamos interiorizando el principio de “quien contamina, paga” pero no avanza el contrario de “quien conserva, recibe”, y en este sector es sumamente importante y su integración abre numerosas posibilidades para las políticas forestales. Siendo las superficies forestales, extensos y poderosos sumideros de CO2, y estando el debate de la Ley de Cambio Climático instalado en nuestro país, debemos buscar formas de integrar la función de las personas y entidades que nos garantizan estos servicios ambientales tan valiosos. Una de las ideas más sugerentes que he escuchado en los últimos tiempos y vinculada a la financiación local, plantea porqué no establecer un indicador de financiación municipal vinculado a la superficie forestal disponible. Si nuestro país debe presentar balances de emisiones de CO2, y si al menos el 40% de los terrenos forestales propiedad de municipios en general rurales, porqué no incluir esto como factor de financiación. Es evidente que si los municipios de montaña o de las zonas más despobladas solo contabilizan habitantes para recibir su cuota de financiación siempre saldrán perjudicados, pero ¿qué pasaría si incluyésemos también un indicador sobre la cantidad de CO2 que son capaces de absorber sobre la base de su superficie forestal, y eso lo contabilizásemos en esos presupuestos de carbono que nuestro país tendrá que hacer? Seguro que la cosa cambia radicalmente.

Os invitamos a participar de estos debates en la próxima Jornada Estatal de “Gestión Forestal y lucha contra la despoblación” que con el ánimo de profundizaren los debates, celebraremos en Segorbe, Castellón el próximo 1 de diciembre. Quedáis todos y todas invitadas para ayudarnos a avanzar.

 

[1] En este sentido, es destacable en España el Red de Áreas Pasto- Cortafuegos de Andalucía, experiencia que empieza a consolidarse, y los proyectos todavía incipientes en Cataluña y Extremadura.