Opinion · No hay derecho

Una bandera acorazada

La condena a prisión de 2 años y 7 meses de Francesc Argemí, el joven independentista que descolgó una bandera española en Terrassa, ha reabierto el debate sobre la protección de las instituciones y símbolos del Estado. Los valedores del severo correctivo, entre los que han despuntado algunos conspicuos dirigentes del Partido Popular, señalan que la protección reforzada de la bandera bicolor es necesaria para garantizar la convivencia y la unidad nacional. También sostienen que quienes la vituperan son “radicales” que no expresan ideas sino que incurren en actos de “incitación a la violencia”. Este tipo de juicios, sin embargo, oculta hechos y dobles raseros difíciles de soslayar.

El más patente es que la bandera española, al igual que la unidad del Estado, no se encuentran desprotegidas sino celosamente blindadas por el sistema político. En primer lugar, por lo que el británico Michael Billing ha llamado el “nacionalismo banal”. Este tipo de nacionalismo pocas veces es reconocido por quienes lo ejercen. No obstante, opera a través de mecanismos cotidianos como la presencia de los símbolos del Estado central en edificios oficiales, monedas, competiciones deportivas o sencillamente en el vocabulario asumido acríticamente por medios de comunicación, políticos y personajes públicos, entre otros. En segundo lugar, por el propio aparato coactivo estatal. Según la ley de banderas de 1981, tal insignia es signo de “unidad e integridad de la patria”. La preservación de estos valores es la finalidad que la Constitución española encomienda al Ejército en su artículo 8, un precepto sin parangón en el ámbito europeo que reproduce casi sin modificaciones el artículo 38 de la Ley Orgánica del Estado franquista. También son éstos, en definitiva, los bienes jurídicos que salvaguarda el delito de ultraje a la bandera, colocado sintomáticamente junto al de “ofensas a España”.

En teoría las banderas autonómicas también gozan en la actualidad de protección jurídica. En la práctica, sin embargo, los únicos agravios perseguidos, presentados casi siempre como desordenes públicos, son los que atañen a la bandera española. Toda la jurisprudencia del delito hace alusión a ultrajes a la nación española o al sentimiento de su unidad indivisible. En cambio, los grupos de extrema derecha que mancillan símbolos catalanes o vascos, a menudo de forma disruptiva, rara vez suelen tener problemas con la justicia.

La asimetría es evidente y la propia ley la refuerza. En 2002, el Partido Popular impulsó un pacto con el PSOE que asegurara la presencia en la Plaza Colón de Madrid de una enseña española de casi trescientos metros cuadrados en un mástil de cincuenta metros de altura. El propósito era que el ejército la izara, entre otros actos, durante el onomástico de Juan Carlos I y el día de la Hispanidad, hasta hace poco conocido como Día de la Raza. De esa manera, se intentaba reflejar el “lugar preferente y de honor” que la ley de 1981 reserva a la española respecto con cualquier otra autonómica.

Los intentos de minimización de los símbolos autonómicos se extienden igualmente a otros de importante carga político-histórica, como los republicanos. El republicanismo, como el independentismo, son idearios políticos considerados legítimos por el propio sistema constitucional español. A pesar de ello, el Ministerio Fiscal solicitó recientemente una severa pena de prisión para el activista madrileño Jaume d’Urgell, quien, en un acto simbólico de “restitución democrática”, sustituyó en un edificio público la bandera rojigualda por una tricolor. Hace poco, también, la Guardia Civil irrumpió en un local de Izquierda Unida en Medina Sidonia, Cádiz, para incautar una bandera republicana por su supuesta “inconstitucionalidad”. Todo esto mientras la bandera franquista –la del escudo con águila de San Juan incluida– ondea sin mayores molestias en manifestaciones de la Iglesia o de la derecha política, así como en la fachada de locales regentados por nostálgicos de la dictadura.

En un contexto así, presentar las críticas a lo que la bandera española simboliza como gratuitos desahogos fanáticos que quebrantan gravemente la paz pública resulta un reduccionismo pueril. Más bien, suelen ser la reacción al uso prepotente y no pocas veces intemperante de un emblema que, aunque remozado, sigue representando para muchos una herencia del régimen franquista. La utilización de la bandera como arma arrojadiza por parte de la derecha más recalcitrante no hace sino confirmar esta percepción. Basta con recordar la ostentación patriotera del peñón de Perejil o las arengas inflamadas de Mariano Rajoy, cuando pedía “sin aspavientos, pero con orgullo” sacar a las calles las rojigualdas para “celebrar” el 12 de octubre.

En 1989, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Johnson versus Texas, consideró que la quema de la bandera por razones políticas debía entenderse como un ejercicio simbólico de libertad de expresión y no como un acto de instigación a la violencia. Hasta el muy conservador juez Antoni Scalia suscribió el fallo, motivado con un argumento decisivo: las invectivas contra la bandera, incluida su quema, deben admitirse precisamente porque la enseña norteamericana pretende, ante todo, ser un símbolo de libertad. Cuando se coteja esta realidad con la española, los interrogantes son ineludibles: ¿qué simboliza una bandera que necesita armarse con una coraza institucional y penal tan desmesurada? ¿Qué vuelve tan grave, como cantaba Brassens, el pecado de no “seguir al abanderado”?