Gerardo Pisarello

La degradación del principio democrático en los Estados Unidos no es ningún secreto. Puertas giratorias, corrupción rampante, captura frecuente del potencial regulador por parte de quienes deberían ser regulados. Expresiones todas de la penetración desmedida del dinero en la vida política. El fenómeno, desde luego, no se circunscribe a la tierra del multimillonario Warren Buffet. Pero tiene en ella un laboratorio de excepción. La semana pasada, precisamente, el Tribunal Supremo de ese país decidió abrir una vía más al dominio del 1% sobre el 99% restante. Y lo ha hecho en un ámbito clave: la financiación privada de los partidos.

La introducción de restricciones a las donaciones privadas a los partidos fue una respuesta al escándalo de Watergate, en los años 70 del siglo pasado. Las leyes que las hicieron posibles dieron al principio democrático un respiro. Pero duró poco. Primero vino la desregulación financiera, que barrió de un golpe la Ley Glass Steagall, aprobada en tiempos de F. D. Roosevelt.  Luego le llegó el turno a la financiación de los partidos. En 2010, el Tribunal Supremo dio un paso decisivo para favorecer la influencia de los grandes poderes económicos en la vida política. En el caso Citizens United contra la Comisión Electoral Federal, decidió anular los límites máximos que las empresas podían aportar en las elecciones federales. Su argumento principal fue que las contribuciones empresariales estaban protegidas por la Primera Enmienda, que consagra el derecho a la libertad de expresión. Al dar dinero a los partidos, las empresas hablaban, emitían una opinión "independiente". Y esa opinión debía tutelarse. Esta atribución de derechos humanos a las grandes empresas permitió, en su momento, que las Agencias de Calificación de Deuda pudieran sortear sanciones y responsabilidades penales. Y fue el que hizo que la elección de 2012 se convirtiera en la más cara de la historia de los Estados Unidos.

Hace una semana, el Tribunal ha decidido ahondar en esta línea. Anuló, por 5 votos contra 4, las limitaciones al monto total que un individuo puede donar a candidatos y partidos. El fallo fue redactado por el presidente del Tribunal, John Roberts, nominado en 2005 por George W. Bush. El peticionario del caso era el empresario Shaun McCutcheon, tradicional donante del Partido Republicano. En su argumentación, el juez Roberts niega que estas donaciones puedan, por sí mismas, ser fuente de corrupción. Según Roberts, el único tipo de corrupción sobre la que el Congreso podría legislar sería aquella en la que hubiera una contrapartida directa. Sin la evidencia de ese quid pro quo, las restricciones a las contribuciones privadas serían una amenaza "a la libertad de expresión y al derecho de las personas a participar en el debate público".

Con el nuevo fallo, continuarán existiendo límites a las donaciones que un particular pueda realizar a un candidato concreto. Sin embargo, desaparecerán los topes al monto total que pueda aportar a candidatos federales, partidos y comités electorales en un mismo ciclo electoral. Al conocerse la sentencia, se produjeron manifestaciones de protesta en diferentes ciudades. Para el propio New York Times, la decisión forma parte de una "cruzada dirigida a desmantelar las barreras al poder distorsionador del dinero en la política estadounidense" y a permitir que "los intereses de los norteamericanos más ricos tendrán mayor consideración que los legisladores". Robert Weissman, presidente de la organización de derechos humanos Public Citizen, también denunció el pronunciamiento como un fallo a favor de la plutocracia y sostuvo que la Primera Enmienda nunca pretendió "otorgar un megáfono gigantesco a los más ricos para que griten en nuestros oídos". Igual de contundente fue Robert Reich, secretario del Trabajo con Bill Clinton y analista socioeconómico. Según Reich, protagonista de un excelente e inquietante documental titulado Inequality for all (Desigualdad para todos), el fallo permitirá a los más ricos "comprar votos para pagar menos impuestos, recibir rescates y subvenciones públicas y realizar sus negocios con menos regulaciones". Eso permitirá "que se vuelvan más ricos y que puedan comprar más votos todavía".

Las palabras del ex secretario del Trabajo son todo menos exageradas. Con el fallo del caso McCutcheon en la mano, se calcula que un individuo podrá donar casi 6 millones de dólares a partidos, comités de campañas y candidatos por ciclo electoral. Uno de los magistrados disidentes ha sido menos optimista y ha sostenido que el único límite que se deja en pie es "el infinito". Todo ello en un contexto en el que el 1% más rico se ha hecho, desde 2009, con el 35% de los bienes privados y con el 95% de las ganancias producidas.

En las tierras de Bárcenas y Millet, de Gürtel y Pretoria, en las que el Tribunal de Cuentas es con frecuencia ciego y mudo y en las que el nudo entre partidos y poder inmobiliario financiero es apretado, nada de esto debería mover a escándalo. Sin embargo, marca una tendencia inquietante. Según una reciente encuesta de Gallup, ocho de cada diez norteamericanos están a favor de que se introduzcan limitaciones a los gastos de campaña y a las donaciones entre los partidos. Pero da igual. La plutocracia es eso: la compra y destrucción de la democracia a manos de la minoría adinerada. Como dice Reich: "La corrupción alimenta a la corrupción".