Opinion · Notas sobre lo que pasa

¿Quién propicia la «sensación de inseguridad»?

Marià de Delàs, periodista

Los dirigentes progresistas latinoamericanos han menospreciado u olvidado demasiado a menudo un problema grave como es el de la seguridad ciudadana. Así lo explicó hace unos meses el profesor José Antonio Sanahuja, en el contexto de un enriquecedor debate sobre la involución que han sufrido y sufren bastantes países de América Latina (1). La preocupación por la inseguridad existe y las izquierdas no lo han abordado o lo han hecho de manera torpe. La derecha si que lo ha asumido, pero con el punitivismo como receta, constató el politólogo.

El problema grave surge cuando dirigentes, americanos y europeos, que se reivindican de izquierdas o progresistas, asumen como propias las ideas sobre la inseguridad de las élites reaccionarias y pretenden aplicar como remedio simples medidas de castigo y de generación de miedo. Miedo a la autoridad, a los cuerpos policiales y al propio sistema.

La explotación de la “sensación de inseguridad” por parte del poder es muy antigua. En nombre de la seguridad se ha hecho mucho daño, desde siempre. Se ha destrozado la vida de infinidad de personas, de la manera más cruel, de los sectores más débiles de nuestras sociedades. En nombre de la seguridad de todo el mundo se ha hecho uso de la violencia de manera arbitraria, se ha matado, arruinado, humillado y privado de libertad a mucha gente, demasiada gente, a menudo por el simple hecho de ser diferentes, a veces como simple venganza. Bajo la coartada del bien común o en defensa de la patria, se han restringido libertades elementales sin pensar en los resultados de tal medida.

¿Alguien tiene alguna duda sobre los motivos y la procedencia social de la mayor parte de la gente que se encuentra en las prisiones de este o de cualquier otro país? Muchas veces se ha puesto en cuestión la “utilidad” de los centros penitenciarios. Se ha reflexionado y escrito mucho sobre la función de las prisiones. Habría que hacerlo mucho más, civilizadamente, sacar conclusiones y llevarlas a la práctica.

En Catalunya, y más en concreto en Barcelona, responsables políticos y opinadores de diferente signo han “descubierto” este verano que hay gente que roba y otra que se enfrenta violentamente en la calle, han manifestado su “preocupación” por “el aumento de la delincuencia” y, a través de muchos medios, siempre ansiosos de prestar servicios al Estado, han trasladado a la ciudadanía la idea según la cual vivimos constantemente bajo el riesgo de ser agredidos por ladrones y malhechores. Salir a la calle se ha convertido en una aventura peligrosa para cualquier ciudadano, dan a entender contra toda evidencia.

Las empresas dedicadas a la demoscopia pronto nos “demostrarán” que, entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía, la “seguridad ciudadana” ocupa un lugar más que principal.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha pedido al Gobierno español un endurecimiento del código penal. Lo ha defendido como la cosa más natural del mundo. Considera que el endurecimiento del castigo a los delincuentes atacaría directamente la causa –la mare dels ous, según sus palabras, de la reincidencia en los delitos. Y no pareció demasiado preocupado por la incoherencia que representa, para un independentista como él, partidario de la confrontación democrática con el Estado, la petición al ministro del Interior de ese mismo Estado de un endurecimiento de la represión contra sectores de la ciudadanía marginados por el sistema.

Tal como ha explicado a Públic Pedro Campoy (2), presidente de la C omissió Deontològica del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, poner el foco en el castigo y no en las raíces del repunte de la delincuencia es un error.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguraba hace pocas semanas que “lo que genera más inseguridad en Barcelona son los hurtos y los robos” y pidió la creación de una fiscalía especial para combatir contra este tipo de delitos. Una medida ‘fantástica’ para reforzar el papel del Ministerio Público en el Estado español. Lo que es urgente, antes de cualquier otra medida, es la democratización de este aparato, fuertemente jerarquizado y desprestigiado como consecuencia de la carencia de independencia demostrada por significados fiscales de alto nivel.

El teniente de alcalde de Seguridad del Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, también se ha mostrado partidario de “recuperar la confianza de la ciudadanía” con más actuación policial.

Las dos administraciones de la plaça de Sant Jaume se han puesto de acuerdo en la conveniencia de desplegar más agentes de Mossos d’Esquadra y Guàrdia Urbana para perseguir delincuentes. Y una de las acciones que más ha llamado la atención de estos despliegues, sin embargo , ha sido la persecución de vendedores ambulantes, personas sin papeles que se ven obligadas a ganarse la vida fuera de la legalidad, porque no tienen otra opción. Salvo algunas ONG, nadie se ocupa de ofrecer a estas personas alternativas reales de ocupación.

La alcaldesa dijo que había que perseguir este comercio ilegal. Su teniente de alcalde justificó la persecución en nombre de “la buena imagen” que había que dar a los turistas de los cruceros.

El conseller Buch también ha afirmado que el top manta representa un problema de seguridad.

Hablan de inseguridad y de violencia pero no se refieren a la que generan los hombres maltratadores. Tampoco al miedo que sufren los comerciantes, que dudan seriamente sobre el futuro de su actividad como consecuencia de la proliferación de franquicias y de grandes superficies. Dejan también para otro día la angustia, la inseguridad de las familias obligadas por las inmobiliarias a abanda onar sus casas  y buscar refugio en otro lugar.

La inseguridad existe, obviamente, pero la genera la pobreza, el mercado de trabajo precarizado, la especulación financiera y la violencia machista. ¿Hay que recordarlo?

La “sensación de inseguridad” es otra cosa. La fomentan y generan las élites, con la complicidad de determinados medios de comunicación y de algunas autoridades.

Hoy es más evidente que nunca que “los que se ganan la vida con su trabajo no quieren  lo  mismo que los que viven de dividendos e inversiones” (3), y la “seguridad” de la que hablen los gobernantes es la de los segundos, que intentan convencer a los primeros, a veces con mucho éxito, que tienen un problema común.

Exigen el endurecimiento del código penal y olvidan la ley mordaza. Piden más policía y la despliegan para perseguir a pequeños delincuentes, a menudo entre población marginada, o para “garantizar el orden”, cuando la población decide expresarse pacíficamente o cuando las autoridades desean celebrar un acontecimiento y quieren hacerlo sin ruido, sin el incómodo sonido que produce la gente que protesta.

Propician la extensión de una “sensación de inseguridad” y adoptan medidas de “saturación policial”. Este agosto han decidido incluso el despliegue en Ciutat Vella de Barcelona de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Cuesta creer que los agentes de la Brimo estén preparados para atender problemas de índole social.

“La saturación policial del espacio público, lejos de disuadir el conflicto, lo espolea”, explicaron hace tiempo en un libro que conviene releer dos ex-colaboradores de Ada Colau, hoy diputados, Gerardo Pisarello y Jaume Asens (4).

Tal como escribió Tony Judt,”hay que aprender a pensar de nuevo el Estado”. Cuando hablamos de seguridad y de robos hay que mirar hacia quién atenta de verdad contra las propiedades individuales y colectivas, hacia la cleptomania gigantesca, la del poder financiero. “No pensaremos de otra forma si no hablamos de otra forma”.

(1) ¿Involución en América Latina? EspacioPúblico, febrero 2019 http://espacio-publico.com/involucion-en-america-latina

(2) Maria Rubio ¿Ayudaría a rebajar la delincuencia en Barcelona un endurecimiento de las penas? Público 22 de agosto de 2019 https://www.publico.es/politica/barcelona-ayudaria-rebajar-delincuencia-barcelona-endurecimiento-penas.html

(3) Tony Judt. Algo va mal. Taurus, 2011

(4) Gerardo Pisarello y Jaume Asens. La bestia sin bozal, en defensa del derecho a la protesta. Los Libros de las Catarata, 2014