Opinion · Notas sobre lo que pasa

La derecha, el gobierno español y el pronunciamiento de la Guardia Civil

Marià de Delàs, periodista

Han llegado a Catalunya “los tiempos de la nueva violencia”. Es una violencia  ciertamente innovadora. La ha descubierto la fundación que tiene el PP para “el análisis y los estudios sociales”, la FAES, que la ha descrito de este modo: Una “violencia pacífica”, un nuevo tipo de “kale borroka” “silenciosa, rutinaria, no espectacular, que no se deja ver”, basada en “presiones psicológicas”, “ridiculizaciones”, «lazos amarillos», “pintadas”, rumores, comentarios maliciosos y acoso que “instala un clima y un silencio obligado”.

Los diputados de Cs han dicho recientemente en sede parlamentaria que se sienten amenazados y reclaman una y otra vez a los soberanistas que condenen a los independentistas acusados de practicar hoy en día la violencia terrorista. Para ilustrar su temor mostraron una foto del atentado que ETA cometió en Vic hace 28 años.

Exigen ahora una clara condena de un “terrorismo” que no ha cometido que se sepa ningún atentado y acusan a los independentistas de complicidad. Hay quien da por hecho su existencia por la detención de nueve personas en diferentes localidades catalanas el pasado 23 de septiembre. Las abogadas y abogados de estas detenidas y detenidos se han quejado de no haber podido acceder todavía a la información sobre los hechos de los cuales se les acusa, pero medios españoles, públicos y privados, que se dicen conocedores de los informes de la Guardia Civil, que se encuentran bajo secreto de sumario, afirman que estas personas formarían parte de un “comando”. Algunos políticos de Cs y del PP hablan también como si tuvieran constancia de la existencia de un grupo organizado que habría querido fabricar no se sabe qué productos explosivos.

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, también ha exigido en entrevistas y actos públicos al Gobierno de la Generalitat que condene las desconocidas “actuaciones violentas” de los independentistas.

Y los altos mandos de la Guardia Civil han querido incluso solemnizar este miércoles la difusión de la idea de la existencia de un independentismo violento y terrorista. Lo han hecho en el contexto de una ceremonia militar. La celebración de la fiesta de la patrona del cuerpo, en el cuartel de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). El general Pedro Garrido, jefe del instituto armado en Catalunya, ha advertido que la ‘benemérita’ combatirá sin tregua contra quien quiera conseguir la independencia “siguiendo de una u otra manera la senda del terror”. “Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con España de trabajar por la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos. Lo demostramos hace dos años, lo hemos hecho de nuevo recientemente y cada vez que sea necesario lo volveremos a hacer”, ha dicho el general, en lo que parecía ser una réplica a lo que declaró Jordi Cuixart ante los jueces, “lo volveremos a hacer”, y en evidente sintonía con los guardias que gritaban “a por ellos” cuando los desplazaron en septiembre de hace dos años hacia Catalunya para ejercer violencia visible, ésta limpia y «legítima», “proporcionada”, contra una población que quería votar.

Pero esta escenificación de la criminalización del soberanismo exigía una demostración de apoyo a las actuaciones judiciales contra personas que de una u otra manera apoyaron la realización del referéndum del 1 de octubre de 2017, y por eso han recurrido a los reconocimientos en forma de medallas. Méritos por haber contribuido a una operación de Estado.

Condecoraron con la Cruz de Plata del cuerpo y a título póstumo a Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez de Barcelona, muerto en noviembre pasado, que «investigó» sobre los preparativos del referéndum del 1 de octubre y que ordenó el 20 de septiembre la entrada de la Guardia Civil en el Departament d’Economia y en otras ‘conselleries’, además de la detención de varios cargos de la Generalitat.

El general dio por bueno, incluso antes de que se hiciera pública la sentencia del Supremo, el discurso según el cual lo que se produjo en Catalunya durante el otoño de hace dos años no fueron actos pacíficos de protesta por las detenciones y registros de sedes de la Generalitat, además del ejercicio del derecho a voto en las urnas, sino una insurrección, también de carácter violento, merecedora de castigo por parte de todas las instancias del aparato de  Estado.

También se condecoró a la letrada del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, una de las testigos del juicio en el Supremo por su papel como secretaria judicial durante los registros del 20 y 21 de septiembre de 2017 en la sede de la ‘consellería’ de Economía. La letrada, premiada con una medalla al mérito con distintivo blanco, llegó a decir ante el tribunal que desde dentro del departamento pudo oir el “ruido típico del tumulto”, para ratificar de este modo, con su experiencia en materia de acciones tumultuarias, la calificación había dado el Gobierno del PP y que buscaba la Fiscalía. La Guardia Civil la ha recompensado de este modo por aquella declaración, coherente con la de todos los policías y guardias que habían coincidido en haber visto “miradas de odio” y “actitudes violentas” por parte de las personas que apalearon.

El general Garrido dijo este miércoles que también había visto en las “pretendidas sonrisas revolucionarias el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla”.

Entre los asistentes a la fiesta del instituto armado se encontraba también uno de los personajes clave del juicio en el Supremo, el fiscal Javier Zaragoza, renovador del pensamiento político y jurídico, por la tipificación de un nuevo tipo de golpe de Estado, que se caracteriza por la utilización de urnas y papeletas. Se le vio departiendo y riendo un buen rato con el dirigente del PSC José Zaragoza, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, alias Tácito, conocido por su ideología y activismo ultraderechista, jefe de la instrucción policial sobre el proceso soberanista, que el general Garrido también valoró como rigurosa. Una imagen que no se había visto hasta ahora pero que recuerda episodios tenebrosos de la historia reciente del Estado español.

El acto estaba presidido por el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, que actuaba junto a la delegada del Gobierno español en Catalunya, la militante del PSC Teresa Cunillera, y que se otorgó autoridad para descalificar la resolución aprobada por los representantes de la ciudadanía en una cámara legislativa, como es la catalana, en la cual pidieron la retirada de Catalunya de los agentes de la “benemérita”. Todo un ejemplo de respeto por la separación de poderes.

Félix Azón no necesitaba esperar lo que pudiera decir el Tribunal Constitucional sobre tal resolución, a petición del Gobierno en funciones. Ya debe saber lo que dirá. Él, director de la Guardia Civil, ha garantizado que la resolución del Parlament “no tendrá ninguna trascendencia”, porque sabe que la Guardia Civil cuenta con el “cariño y la admiración” del conjunto de la ciudadanía, como no puede ser de otro modo.

Todo encaja. Nueva violencia, pacífica. Nuevo terrorismo, sin atentados. Un nuevo tipo de golpe de Estado, con papeletas. Y la Guardia Civil para defendernos de estas formas de subversión contra el Estado de derecho, protagonizada por defensores de una “causa que la ley no contempla”.

Además del fiscal Zaragoza, del teniente coronel Baena, del general Garrido y la delegada Cunillera, había todo tipo de autoridades. Podía haber sido un acto más de aquellos que vimos en los noticiarios en blanco y negro: “Con la asistencia de autoridades civiles y militaste y en al marco incomparable del cuartel…”. Se podía ver a representantes de la cúpula judicial y la fiscalía catalanas, y a responsables policiales, incluidos los de los Mossos d’Esquadra, que se sintieron molestos por el contenido de los discursos, ofensivos con el major Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, abandonaron el acto y se perdieron “el vino español”. Parece que la delegada del Gobierno les fue a visitar después para interesarse por su estado de ánimo, pero más allá de intentos de reparación y del “cariño” que detecta el director general, el pronunciamiento que escenificó este miércoles la Guardia Civil es realmente grave. Lanzaron una advertencia y no solo al independentismo, sino a cualquier demócrata del Estado.

Es grave y preocupante, como lo es lo que se pone de manifiesto últimamente en todos los escenarios políticos e institucionales. A menudo parece que los principales responsables del aparato del Estado hayan enloquecido, pero no se verdad. Complican más y más cualquier búsqueda de soluciones al conflicto entre Catalunya y el Estado, pero parece como si siguieran directrices. Directrices torpes, pero directrices, como las que les llevan a mantener encarceladas a personas que reclaman respeto por derechos elementales, a censurar expresiones, reventar la vida política, a rebajar derechos sociales, a proteger gente corrupta, desinformar deliberadamente y hacer cada vez más imposible el diálogo.

En los próximos días, los que quedan de aquí a las elecciones, junto a los aburridos lemas de campaña, las apelaciones a la “patria”, a los “intereses España”, a “la mayoría del pueblo catalán” (al cual no se quiere consultar), las encuestas (en las cuales siempre dicen que no se ha de confiar), escucharemos un montón de galimatías ruidosos que ya impiden que se escuche algún argumento serio sobre necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.

Si el ‘trifachito’ consiguiera dar la vuelta a las encuestas, es más que probable que reprodujera la fórmula que les permite gobernar en Andalucía, lo cual añadiría más leña al fuego de todos los conflictos.

Pero si los sondeos aciertan, se diga lo que se diga en campaña, cada vez parece menos descartable la formación de un Gobierno de gran coalición. Pablo Iglesias hace tiempo que contempla este posible escenario y pide el voto por Unidas Podemos para intentarlo evitar, pero para que salgan los números de un “gobierno progresista” el PSOE tendría que estar dispuesto a contar con del apoyo no solo de las fuerzas situadas a su izquierda sino de una buena cantidad de soberanistas vascos y catalanes. ¿Alguien piensa que esto será posible después del día 10?

No hay que poner mucha imaginación para anticipar los argumentos que puede utilizar Pedro Sánchez para justificar un acuerdo con el PP, tal como le recomendaron con expresiones diferentes Felipe González i Mariano Rajoy.

“Necesitamos un gobierno fuerte para responder al desafío de los separatistas catalanes”, “el estado de derecho tiene que mostrar que no cederá lo más mínimo ante la deriva violenta de los independentistas”, “los secesionistas no acatan las leyes que nos hemos dado entre todos y tampoco las sentencias de los jueces”, “la recesión económica que se anuncia exige que pongamos los objetivos de España por encima de los intereses de nuestros partidos”, “no hay que ceder al chantaje de personajes ambiciosos sin escrúpulos”… ¿Seguimos o no hace falta?

Sería el gobierno que acentuaría la persecución por “violento” a cualquier defensor de los derechos sociales, por “golpista” a quien reclame respeto por el derecho a decidir y por “complicidad con el terrorismo” a quien participe en movilizaciones como las que veremos en los próximos días.