Cuando tus creencias, tu piel o tus orígenes te convierten en objeto de agresiones en tu país natal, la vida se estrecha tanto que te expulsa de tu hogar. En 2012 más de 300.000 personas pidieron amparo en países de la UE. España es el que menos refugios concede.

Texto: Edén Sánchez. Fotos: Javier de Riaño Echánove. Infografía: N. de Bilbao.

Durante el pasado año 2.600 expedientes de personas pidiendo asilo en nuestro país pasaron por los escritorios de la Administración española; 2.070 fueron desestimados –es decir, el 79,6% de ellos– y se concedió el refugio en 525 de los casos. En 2010 uno de cada tres derechos de asilo o protecciones subsidiarias fueron concedidas a personas de nacionalidad cubana. Después de ellos, las personas que más reconocimientos de amparo recibieron provenían de Palestina, Somalia, Pakistán, Colombia, Costa de Marfil, Rusia... Así hasta 613 en aquel año. La persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o político, así como los conflictos armados o situaciones de violencia son los casos recogidos por la Convención de Ginebra, de 1951, de reconocimiento de los refugiados.

Una tendencia a la inversa

Si tenemos en cuenta que en 2001 España recibió 9.490 solicitudes de asilo y que la tendencia mundial es que aumente el número de refugiados (según ACNUR, en un informe de 2010, el número total de desplazamientos forzados en el mundo ascendía a 43,7 millones a finales de ese año, la cifra más alta en la última década y media), ¿por qué en este país se reciben cada vez menos peticiones de asilo y se otorgan muchas menos que en años anteriores?

Para tratar de conocer la respuesta nos dirigimos a ACCEM, una ONG que desde 1991 proporciona apoyo y ayuda a las personas refugiadas y migrantes y que en el último año prestó servicios a más de 21.000 personas y gestionó 1.313 plazas de acogida en los 34 municipios españoles donde ACCEM se encuentra presente. En sus oficinas de Madrid nos reciben Enrique Barbero, subdirector de ACCEM; Francisco Rojo Rey, responsable del departamento jurídico, y Santiago Gómez-Zorrilla, del departamento de comunicación. "La crisis es una de las causas del descenso del número de solicitudes de asilo registradas en España en los últimos años, pero la actual recesión es tan solo un pequeño elemento que explicaría esta caída",  apunta Gómez-Zorrilla. A esto, Enrique Barbero añade: "El objetivo de las políticas migratorias, tanto de la UE como del Gobierno español, es el de detener los flujos migratorios procedentes de los países limítrofes de la UE. Se ha pasado de una etapa de vigilancia de nuestras fronteras exteriores para impedir la entrada de inmigrantes, a una nueva etapa cuyo objetivo es el de impedir salir a las personas de sus propios países en el continente africano. Es lo que se llama ‘externalización de las fronteras", continúa diciendo Barbero.

En esta externalización de las fronteras, mal denominada ‘lucha contra la inmigración ilegal’ por la UE, se confiere la responsabilidad a terceros países de controlar los flujos migratorios como condición para adoptar acuerdos económicos y comerciales con la UE, enmascarado con el nombre de  Políticas Europeas de Vecindad. Además de estos acuerdos, los Estados miembros firman convenios de readmisión y de cooperación policial con los países de origen de los migrantes para que estos acepten a los inmigrantes que se expulsa de la UE. "No solo se externalizan las fronteras", señala Francisco Rojo Rey, "la UE ha establecido determinados procedimientos relativos a controles fronterizos, como la obtención del visado fuera del territorio comunitario –derivando el control de documentos a compañías de viaje– o, en el caso de España, exigiendo un visado de tránsito para las personas procedentes de Siria, haciendo que se establezcan controles ya en los países origen, antes incluso de llegar a Europa".

Al requerir un visado de tránsito a los ciudadanos sirios que hagan escala en España con destino a terceros países que no les exigen visado de entrada, lo que se genera en la mayoría de los casos, es que se imposibilite su acceso a España y, por consiguiente, al proceso de asilo, que en muchos casos constituye la única vía de protección para aquellos que huyen de la guerra civil de este país. En definitiva todos estos obstáculos han contribuido a mantener un bajo nivel de peticiones de asilo en España y en el conjunto de la UE.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que tanto los refugiados como las instituciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG que trabajan con el fin de apoyar e integrar a los inmigrantes, tienen que hacer frente a los recortes impuestos por los distintos gobiernos españoles desde que se iniciara la crisis económica. El 30 de mayo de 2012, el gobierno del PP decidió suspender el Fondo para la Integración de los Inmigrantes. Dicho fondo fue instituido en 2004 para mejorar la acogida, integración y formación tanto educativa como laboral de los inmigrantes. Este dinero era entregado a los actores anteriormente citados, quienes lo destinaban a contratar abogados expertos en temas de extranjería y a trabajadores sociales que atendían a los inmigrantes.

En 2011, el entonces Gobierno de Zapatero ya recortó parte de la dotación presupuestaria del fondo, pero con su total desaparición se pone fin a un gran número de programas de integración, dejando en riesgo de exclusión a muchos inmigrantes en un periodo de crisis como el actual, donde la cohesión social se hace más necesaria que nunca.

Dobles damnificados

Como apunta el último informe sobre la situación de las personas refugiadas en España en el año 2012, publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la crisis económica ha afectado al conjunto de la población del país pero son los refugiados e inmigrantes los que sufren de forma más acusada la recesión, ya que solían depender de empleos temporales, muchos de ellos trabajos no cualificados en la construcción y en la agricultura, sectores que se han visto especialmente afectados por la crisis.  A esto hay que añadir otras dificultades como son las lingüísticas, el reconocimiento o la homologación de títulos y en muchas casos su débil  red de apoyo familiar en España.

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