A punto de cumplirse dos años del anuncio del abandono de las armas por parte de ETA, recuperamos este reportaje publicado con motivo del primer aniversario del comunicado. En este tiempo, la resolución definitiva del conflicto parece haberse estancado en el inmovilismo. Los presos continúan siendo elemento clave en una negociación precaria. El Gobierno tiene la última palabra.

Texto: Maite Garrido Courel (@MaitegCourel)

El 21 de octubre de 2011 un titular irrumpía de forma brutal en la sociedad española y vasca, sin distinciones: "Agur, ETA". Dos palabras, contundentes y concisas; dos palabras sencillas de pronunciar pero que dejaban un rastro de dolor y estupor; dos palabras que generaban una expectación desconocida hasta el momento.
El día anterior, marcado en el calendario como histórico, a las siete de la tarde, la organización vasca, tras 53 años de existencia, comunicaba "el cese definitivo de la actividad armada" al diario GARA, y añadía su "compromiso claro, firme y definitivo de superar la confrontación". Los diferentes actores políticos y sociales recibían la noticia con cautela y desconfianza y se apresuraban a declarar que no habría y no debería haber nunca por parte de ningún Gobierno concesiones a la banda terrorista. Antonio Basagoiti, presidente del Partido Popular del País Vasco, resumía tajante: "A ETA no se le debe nada".
Más de un año después del anuncio del fin de la violencia, a finales de noviembre, ETA volvía a hacer público un comunicado en el que advertía de que aún "hay riesgo real de dejar sin salida el proceso" y "frustrar la oportunidad de paz". Sus reivindicaciones son claras para continuar con la vía iniciada en octubre del año 2011, unas peticiones históricas cuyo eje principal gira en torno a los presos y al cambio de política penitenciaria, así como un reconocimiento bilateral de las víctimas del conflicto.
La respuesta del Ejecutivo, a través del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, volvía a ser tajante: "El Gobierno ni negocia, ni ha negociado, ni negociará con ETA". Para el Gobierno popular solo cabe una negociación posible: la disolución de la organización y la entrega de armas. La cuerda de la sokatira* política que durante un año se había aflojado vuelve a tensarse.
"Hace un año no sabíamos si ETA iba a volver a actuar pese a su anuncio, hoy en día no se ha disuelto y eso es lo que se echa en falta, su disolución. Pero hace un año que no atenta. Habría que aprovechar esa oportunidad para alentar que la decisión de ETA sea definitiva", dice a Números Rojos Edmundo Rodríguez Achútegui, coordinador de Jueces para la Democracia en Euskadi, para quien esos pasos los tiene que dar ETA en primer lugar, "pero los gobernantes también tienen responsabilidad".

En este tiempo los cambios más significativos se han producido en el terreno político dentro del territorio vasco con la legalización por parte del Tribunal Constitucional de Sortu, antigua Batasuna, y su rechazo de la violencia ha supuesto un nuevo ciclo en el que cada paso es medido con lupa. La izquierda abertzale constituida como nueva fuerza política a través de EH-Bildu no está dispuesta a tolerar que la organización armada vuelva a la violencia, por lo que reclama pasos hacia la consolidación del fin anunciado por la banda terrorista. Una consolidación que no se producirá mientras más de 600 presos de ETA sigan en las cárceles, sujetos hasta ahora a una legislación aplicable a una banda terrorista en activo, y los propios presos no den pasos –aceptar la legalidad-, según coinciden el PNV y el PSE, además de EH-Bildu.
"Se ha producido un cambio cualitativo en cuanto que el Tribunal Constitucional ha permitido la presencia de la izquierda abertzale en las elecciones, cosa que antes era inviable", nos dice el juez Rodríguez Achútegui, y continúa: "Todos esos cambios debieran suponer una modificación de su posición [del Gobierno] en cuanto a política penitenciaria". Por su parte, el ministro del Interior, en la dura interpelación que tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 28 de noviembre frente a Amaiur, espetaba a Rafael Larreina, representante de la coalición abertzale, que "ya sería hora de que ustedes le pidieran a ETA que deje de coaccionar a sus presos para que puedan acogerse libremente a los programas de reinserción individual y de que ustedes exijan la disolución incondicional de ETA".
Larreina insistía y preguntaba al ministro: "¿Cuándo va a llegar la democracia a las cárceles?", refiriéndose a un cambio de modelo penitenciario. El ministro en su réplica no dejó lugar a más diálogo: "Si esta interpelación viniese de otro grupo parlamentario, se la tomaría en serio, pero viniendo de Amaiur suena a sarcasmo".

*Sokatira es un deporte vasco en el que dos equipos tiran del extremo de una cuerda, cad uno para su lado, hasta que uno de los dos cede o la cuerda se rompe.

LA DISPERSIÓN
En 1989, en los conocidos como ‘los años de plomo’ y tras el fracaso de las conversaciones de Argel (entre el Gobierno del PSOE y ETA), el entonces ministro de Justicia, el socialista Enrique Múgica, junto a Antoni Asunción como responsable de Prisiones y el PNV, acordaron acabar con la concentración de presos etarras en determinadas prisiones con el objetivo de romper el control que la organización terrorista ejercía sobre sus militantes encarcelados. Hasta ese momento, los etarras presos cumplían condena principalmente en los centros penitenciarios de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcalá-Meco (Madrid), mientras que las mujeres se agrupaban en la cárcel de Carabanchel. Nacía así la política de dispersión que perdura hasta la actualidad.
"Iba en contra de la propia normativa que ellos tenían y es que el preso tiene que estar cerca de su entorno familiar. Lo vendieron como una medida para derrotar a ETA. A partir de ahí, son muy pocos los que están cerca de casa, 15 o 20 de 700", dice a Números Rojos Arantza Santesteban, exintegrante de la Comisión Negociadora* de la formación abertzale Batasuna, ilegalizada por la Ley de Partidos en 2003, quien fue detenida en 2007 junto a otras 20 personas en Segura (Guipúzcoa). "[El juez] Garzón abrió una causa contra nosotros por un delito de integración en banda armada, por ser un conglomerado que compartía objetivos y estrategias con ETA. A toda la gente que estaba en organismos de carácter político, sin que tuviera que ver con la violencia, se le aplicaba este tipo de delito". Durante los dos años y ocho meses que duró su condena la trasladaron cinco veces de cárcel. "Son medidas que se establecen como venganza política y que atentan contra su propia legalidad", añade Santesteban.
En este sentido, Beñat  Zarrabeitia, periodista y uno de los portavoces del movimiento de apoyo a los presos y presas vascas Herrira, indica: "La dispersión supone, además, un riesgo evidente cada fin de semana para muchísimas personas cuyos derechos civiles y políticos están intactos: los familiares de presos". En los más de 20 años que lleva vigente la política de dispersión solo una vez se ha variado: durante los 13 meses, entre 1998 y 1999, que duró la tregua de la organización armada (1998-1999), con José María Aznar como presidente de Gobierno. En aquel otoño, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad la resolución presentada por el PNV que instaba al Gobierno a cambiar la política penitenciaria. El Ejecutivo de Aznar acercó a un total de 135 presos y presas vascas a cárceles del País Vasco. La pregunta, entonces, es obligada: si en aquella ocasión que no suponía el fin de ETA, sino una tregua, hubo acercamiento, ¿por qué ahora no?
"Hoy en día es incomprensible que se mantenga esa medida -cuestiona el portavoz en Euskadi de Jueces para la Democracia-, las razones que llevaron a tomar esa política han perdido su razón de ser".

Para el PNV, en la hoja de ruta elaborada por el ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, la pacificación pasa por el acercamiento de los presos y añade: "Todo es posible mientras no haya muertos y no exista ETA". Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se insiste en que "no hay previsto ningún cambio en la política penitenciaria, a no ser que ETA se disuelva incondicionalmente. Por tanto, todo sigue igual".

LA PAZ TENÍA UN PRECIO
Haga lo que haga el actual Gobierno en materia antiterrorista será como si pendiera sobre él la espada de Damocles. Decía Jesús Eguiguren, líder del PSE, que "en política, en resolución de conflictos, hay un principio que dice que la paz es muy cara. Los gobiernos que hacen la paz lo pagan porque siempre queda la duda de si habrán cedido algo". Las heridas abiertas en medio siglo de terrorismo, que ha costado la vida a más de 800 personas, han sido y son demasiado profundas como para que cicatricen en un año. Por eso, para la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y para otras organizaciones como Voces Contra el Terrorismo (VCT), el último comunicado de ETA demuestra que la banda sigue activa y "sus exigencias demuestran la fortaleza que ha obtenido gracias a las cesiones de los gobiernos de España". Francisco José Alcaraz, presidente de VCT, ha denunciado que la actual política penitenciaria del Ejecutivo "no tiene nada que ver" con la que aplicó José María Aznar durante sus años de mandato ni con la que el PP defendió en la oposición.

La escisión entre el Gobierno y las asociaciones de víctimas se fraguó sobre todo este verano a raíz de dos casos muy polémicos y que generaron un debate internacional. Uno, la concesión del tercer grado -que le permite acudir a la cárcel solo para dormir- por un cáncer terminal a Josu Uribetxeberria, alias  Bolinaga, uno de los secuestradores del funcionario de prisiones Ortega Lara. Según Alcaraz, las decisiones sobre Bolinaga "dejan más que claro que estamos frente a un caso más de cesión del Gobierno a la banda asesina".

Sin embargo, el portavoz de Jueces para la Democracia en Euskadi, Edmundo Rodríguez Achútegui, recuerda a Números Rojos que "los enfermos terminales o en situaciones irreversibles no tienen que morir en prisión. Se les aplica el tercer grado por razones humanitarias para estar con su familia los últimos días de su vida". Y añade: "Aquí no sucedió. Lamentablemente se tuvo que acudir a los tribunales para que se le reconociera algo que se ha admitido siempre en política penitenciaria".
El otro caso sonado y que levanta ampollas desde hace años es la llamada 'doctrina Parot', que cambia el cómputo de cumplimiento de las penas, lo que se traduce en un alargamiento de la condena. Su aplicación a la etarra Inés del Río para evitar que fuera puesta en libertad el 3 de julio de 2008, tras pasar 18 años en prisión de los más de 3.000 a los que fue condenada, llegó al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En julio de 2012, esta institución dictaminó que la 'doctrina Parot', establecida por el Tribunal Supremo español en 2006, violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que instaba al Gobierno a poner en libertad a la miembro de ETA, "Si la sentencia de Estrasburgo es firme, el Estado español está obligado a variar su actuación, porque son de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión Europea -dice el portavoz de Herrira-. Nosotros creemos que tanto el argumentario político, que es el que tiene peso principal en este caso, como el social y humano referido a los derechos básicos, deben llevar a que la sentencia que emanó del Tribunal en julio sea ratificada y se convierta en definitiva". El juez Achútegui apunta: "Lo que es llamativo es que no haya habido cambios en el Gobierno español a partir de ahí".

¿PERDÓN?
En noviembre, pocos días antes de que ETA volviera a difundir un comunicado, en Barcelona tenían lugar unas jornadas con motivo del 12 aniversario del asesinato de Ernest Lluch, político y exministro del PSOE al que se le recordará, entre otras cosas, por sus palabras, tremendas en aquella época, en la plaza de la Constitución de Donostia durante la tregua del 98-99: "Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan, antes mataban". En las jornadas, Pernando Barrena, líder de Sortu, pedía públicamente perdón en nombre de la izquierda abertzale -como también lo hizo Arnaldo Otegi desde la cárcel- por el daño causado a todas las víctimas de ETA. La hija del exministro, Rosa Lluch, en su discurso, decía que "hay cosas que no se pueden ni se deben olvidar", pero añadía que en el proceso iniciado en Euskadi son importantes tanto las palabras como los gestos y criticaba que se insistiera en la "necesidad del perdón" porque, a su juicio, "no es el momento de tanta sutileza".
¿Debería ser la petición de perdón una exigencia o una voluntariedad? ¿Se trata de un concepto moral o legal? En 2003, una reforma del Código Penal incluyó la petición de perdón a las víctimas como requisito necesario para que los presos por terrorismo pudieran acceder a la libertad condicional. Ahora, la medida impulsada por el ministro del Interior, Fernández Díaz, en este sentido, elimina como requisito en su plan de reinserción la petición de perdón y solo exige la renuncia a la violencia.
"No me parece tan importante que haya un perdón en clave derrotista de vencedores y vencidos –dice Arantza Santesteban-. Lo importante es que haya un ejercicio común de reconocer el dolor causado, y hacer un actuación conjunta de perdón y de reparación de dolor colectivo". Con el plan de Fernández Díaz, queda atrás lo que se llamó ‘vía Nanclares’, la política del Ministerio -en 2006, con Alfredo Pérez Rubalcaba como responsable de Interior- que acercó a un reducido número de cárceles a presos y presas que iban evolucionando desvinculándose de ETA si, como condición sine qua non, pedían perdón a sus víctimas. También ha habido encuentros, los menos, entre presos y familiares de víctimas, dentro de lo que se ha denominado ‘justicia restaurativa’. Un cara a cara doloroso y valiente en un espacio donde la cuerda de la sokatira no tira para lados opuestos, se queda inerte y floja.
El proceso está llegando a su momento clave. La resolución de conflictos pasa por sentarse a dialogar con las cartas sobre la mesa. Unas cartas que no han cambiado desde el principio del fin de la violencia. En un lado de la mesa, el acercamiento de presos vascos a Euskadi, a voluntad política del Gobierno, y la superación de la 'doctrina Parot'. En el otro lado de la mesa, con mayor peso, disolución y desarme de ETA, sin negociación. Pero todos con el mismo objetivo, lograr una paz que ha costado demasiadas vidas y demasiado tiempo. El juez Achútegui concluye: "El que tiene la última palabra es el Gobierno".

 Distribución de los presos de ETA en cárceles de España y Europa.