Opinión · Revista Números Rojos

¡Atención! Está usted entrando en territorio sin derechos

Los CIE son espacios de tránsito entre el duro trance de la detención y la pesadilla de la deportación. Lo peor es que el paso por estos Centros de internamiento para extranjeros puede dejar marcas irreversibles entre los que sufren el encierro en condiciones prácticamente carcelarias. 

Texto: Maite Garrido Courel @MaitegCourel Foto: María Rodríguez Bajo

 

 

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Exterior, aeropuerto de Barajas, día.  Un hombre y una mujer policías llevan a una joven –18 años, morena de piel y de pelo, con una camisa de fuerza– a  rastras hacia un avión a punto de despegar. La chica, con ojos desesperados, consigue zafar un brazo y con violencia golpea la rueda del avión, se lanza al suelo, grita con un alarido cavernoso. La policía forcejea con ella, le tira del pelo; ella pelea, se resiste. El comandante del avión desciende alarmado, el pasaje al completo espera sentado. Observa la escena dantesca y con aplomo dice: “Esta señorita no va a viajar así”. La joven, agotada, respira hondo. Fundido a negro.

Esta escena es el final de una historia, pero a su vez es la continuación o el comienzo de muchas otras. La joven se llama Melisa Varela Murillo y nació en Honduras, pero lleva desde los cinco años viviendo en España. Tiene una hija de dos años y todavía no sabe cómo pudo tener el coraje para luchar hasta el último minuto y quedarse. “Fue muy duro, yo he tenido que hacer muchas cosas en mi vida pero encontrarte en una situación como esa… es demasiado”, relata por teléfono a Números Rojos desde su casa, en Valladolid. “Recuerdo a una chica que estuvo 59 días dentro y se la llevaron el mismo día que la ponían en libertad. La deportaron porque no tuvo el valor suficiente para enfrentarse a la policía. Pero yo sí, estaba mi hija”.

 

El delito de ser extranjero
Ni Melisa ni la otra mujer anónima que expulsaron son delincuentes, ni tampoco han estado en una cárcel. Su ‘delito’ es ser inmigrantes y no tener papeles, es decir, encontrarse en una situación administrativa irregular. Y el lugar donde han estado no es una institución penitenciaria, aunque actúe como tal, sino el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, uno de los sitios que más ocupación de inmigrantes alberga y donde más denuncias se han recogido.

Estos centros, nueve repartidos por todo el país (Algeciras, Barcelona, Málaga, Murcia, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife y Valencia, aparte del mencionado en Madrid), funcionan de forma parecida a una prisión, pero sus condiciones son peores que en la mayoría de las cárceles españolas. Son establecimientos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior y, a día de hoy, gestionados por la Dirección General de la Policía, cuyos miembros no solo vigilan la seguridad de los mismos, también hacen las veces de funcionarios de prisiones.

Desde su apertura en 1999 han funcionado supuestamente con el fin de ser una medida de retención cautelar y preventiva de extranjeros sometidos a expedientes de expulsión y de devolución, que podían estar en ellos un máximo inicial de 40 días, hasta que el Ejecutivo de Zapatero lo incrementó a 601. Sin embargo, diferentes organismos y asociaciones no paran de denunciar la violación de los derechos humanos que se lleva a cabo en el interior de estos centros. Pablo Rodríguez, miembro del colectivo Ferrocarril Clandestino, explica cómo la orden ministerial que rige la legalidad de los CIE dice que el único derecho que se limita es el de libre circulación, “pero ninguna ley puede prohibir que te cercenen otros derechos como el de religión, sanidad, alimentación… y lo están haciendo”.

“La historia de los CIE está plagada de denuncias de vulneraciones de derechos de los migrantes. Muchos tienen una estructura claramente penitenciaria, incluso algunos, como el de Algeciras, están ubicados en antiguas prisiones, y el régimen de vida también se configura con un esquema marcadamente carcelario”, afirma Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Inmigrapenal, grupo de Inmigración y Sistema Penal.

Denuncias que se suman a los testimonios que diariamente recogen otras organizaciones sobre la falta de higiene, el hacinamiento en algunos CIE, el trato vejatorio y racista, la falta de asistencia sanitaria o la completa incomunicación con el exterior. Isabel Lima, una de las coordinadoras de SOS Racismo, explica a Números Rojos por qué esas denuncias no suelen materializarse: “Dentro de los CIE ha habido huelgas de hambre, intentos de fuga, todos quieren hablar pero cuando salen al exterior no quieren denunciar porque tienen miedo a las represalias, y porque quieren olvidarse de esa pesadilla para siempre”

 

 
Legislar a golpe de auto

“La primera impresión fue terrible, no me lo esperaba. Parecía una cárcel: lleno de  Policía Nacional, verjas, barrotes… te meten en una habitación con 30 mujeres y te cierran con llave. Todas eran de diferentes países y yo era la más joven, pero no lloré, lo único que pensaba era, ¿pero qué es esto?”. Melisa Varela describe su impacto al entrar en el CIE de Madrid y lo que pasó allí, porque ella sí quiere denunciar, con nombre y apellidos. Quiere que lo vivido esos 57 días de reclusión se sepa. “Te quitan todo menos el dinero y te dicen que ya no tienes nombre, que eres un número. Yo era la 525”.

Cada CIE funciona de manera diferente, existe una Ley de Extranjería pero no un reglamento común a todos los centros, por lo que hasta la fecha cada uno lo hace en función de lo que dicte su director. El Ministerio del Interior, a través del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, anunciaba el pasado 30 de abril una reforma del reglamento de los CIE en la que se recoge una serie de voluntades “para mejorar su organización y su funcionamiento”. Entre los objetivos de la reforma, el Gobierno aspira a que los internos de los centros sean los que tengan antecedentes penales o policiales y se intente buscar soluciones fuera de los CIE a los extranjeros sin papeles que estén en proceso de expulsión.

La reforma, según el Gobierno, permitirá cooperar a las ONG en el trabajo asistencial, dejando a la Policía Nacional en exclusiva la función de control y vigilancia. El borrador del reglamento, sin embargo, levanta suspicacias entre los grupos que luchan por el cierre de los centros. “Se trata de ‘voluntades’, por lo tanto no sabemos si van a asumir lo que dicen en ese texto o van a rectificar”, nos dice Martínez Escamilla. “Nuestra valoración es negativa, nos parece inaceptable porque siguen vulnerando derechos fundamentales”.

Mientras el debate jurídico continúa en los despachos del Ministerio, siguen siendo los juzgados de instrucción quienes vigilan las condiciones y fijan las normas de cada centro en particular.

“Valencia tiene un juzgado que está ampliando las visitas; en Madrid hay tres juzgados (6, 19 y 20) que son los que hacen el seguimiento de las denuncias, pero en Barcelona, por ejemplo, no ha habido ninguno hasta hace tres meses”, afirma Marta Martínez, miembro del departamento jurídico de SOS Racismo, “no es lógico que estén legislando a golpe de auto”. Y mientras los juzgados intentan poner orden en el caos y las organizaciones se dejan la piel en la pelea, la vida dentro de los CIE se sucede inalterable e inexorable. Melisa lo sabe bien: “La rutina era muy estricta y monótona. Yo preguntaba cuánto me iban a tener presa, pero nadie te dice nada”.

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525, recoja sus cosas

El caso de Melisa Varela resulta paradigmático por la serie de incongruencias que reúne: nacida en Honduras, desde los cinco años viviendo tutelada por la Comunidad de Madrid, con un hijo nacido en España y con una madre que ya obtuvo la nacionalidad española. De nada le sirvió solicitar el arraigo familiar. La petición de expulsión y el ingreso en el CIE de Aluche se produjo a las pocas horas de su detención por conducir sin licencia.

“Es absurdo e inhumano de todo punto, representa lo kafkiano del sistema”, nos dice la catedrática Martínez Escamilla quien, además, intentó llevar a cabo un estudio sobre “Mujeres en el CIE: perfiles humanos y jurídicos” en el marco de la Universidad, pero en última instancia, y con el cambio de gobierno, les denegaron la entrada en el CIE de Madrid: “Queríamos averiguar las razones jurídicas por las que estaban ahí, desde una perspectiva de género”.

Una de las percepciones que obtuvieron a partir de las mujeres con las que pudieron hablar fue la enorme representación de prostitutas que había. “De las chicas a las que entrevistamos, una era víctima de trata de blancas detectada por el proyecto Esperanza, otra era una prostituta a la que le habían abierto un expediente de expulsión al ir a denunciar un caso de maltrato, cuando le tendrían que haber ofrecido garantías de protección”.

Escamilla reitera que no se puede cuantificar estadísticamente, por lo que habla de percepciones, pero afirma que “si de 25 mujeres con las que hablamos el 60% son casos de este tipo, hace que te formes una idea de lo que puede llegar a ser. Pero lo más increíble es que el Ministerio del Interior no nos deje continuar haciendo el trabajo”.

La presencia de mujeres dentro del CIE es menos visible, ya que son una tercera parte de los hombres, quienes ocupan dos de los tres módulos con los que cuentan estos centros y son quienes, en general, sufren los problemas de hacinamiento. Pero a todos, hombres y mujeres, les une el mismo sentimiento de incertidumbre. “Cuando la expulsión se ejecuta te tienen que notificar con doce horas de antelación a dónde vas, pero ¿desde dónde cuenta ese tiempo?, ¿desde que sales del CIE?, ¿desde el aeropuerto?”, cuestiona Isabel Lima y Marta Martínez, del departamento jurídico de SOS Racismo, y continúa: “Cuando echaban a alguien no lo sabías hasta que la persona te llamaba desde Bolivia, por ejemplo, y a veces lo hacían desde un país que no era el suyo, argelinos en Marruecos, venezolanos en Colombia…”.

 

El Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, así como la Subsecretaría General de Integración para los Inmigrantes, requeridos reiteradamente para este reportaje, finalmente, no han querido hacer declaraciones para Números Rojos.
El silencio reina en los pasillos, solo es roto por unos pasos que avanzan y se detienen en la puerta. En la celda, la respiración de las cinco mujeres que la habitan se detiene por un momento. “525, recoja sus cosas”.

 

Que el derecho no se detenga
La reforma del reglamento presentado por el secretario de Seguridad de Estado, Ignacio Ulloa, añade, además de lo expuesto anteriormente, un cambio a la hora de denominar los centros de internamiento para extranjeros. Pasarán a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE). “No supone un cambio de modelo, por lo tanto es un eufemismo. CIE es una denominación correcta, es donde se ejecuta una medida que es el internamiento, ¿por qué lo cambian?”, Martínez Escamilla, miembro del Inmigrapenal, advierte que “hace tres años nadie sabía lo que era un CIE, hoy en día ha alcanzado mayor difusión y el nombre está en la calle”.

 

Desde los organismos que existen por el cierre de los centros y los movimientos como “Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE”, piden claridad al Gobierno y que no haga malabarismos con las palabras, “que no creen términos que jurídicamente no existen, como ‘expulsiones cualificadas”, dice Pablo Rodríguez de Ferrocarril Clandestino, “hablan de gente ‘retenida’, ¿estás en libertad o estás detenido?”.
El perfil racial que tienen las detenciones junto a las denuncias por racismo en el interior de estos centros hacen que el axioma “inmigrante igual a delincuente” se perpetúe.
La Dirección General de la Policía Nacional aprobaba, a finales de mayo de 2012, una circular que prohíbe establecer cupos de identificación basados en criterios étnicos.

Interior, por su parte, reitera que los agentes de la Policía que estén destinados en los CIE recibirán una formación específica adicional. Voluntades y afán de reforma que recoge el nuevo reglamento del Gobierno pero de los que los diferentes colectivos recelan. De momento, y a falta de que se ejecute el nuevo reglamento, solo Cruz Roja puede entrar.

Y mientras se llena el cementerio de buenas intenciones, las expulsiones se siguen llevando a cabo sin considerar cada caso de forma individual. “¿A cuántos les han concedido el derecho de asilo cuando los países receptores están en conflicto? No lo contemplan, los cosifican, no son nombres, son números, ¿cuántos dramas familiares dejan en España cuando el cabeza de familia es expulsado?, ¿cuánto hay que luchar para conseguir quedarse en un país en el que quieres vivir?”, se preguntan Isabel y Marta de SOS Racismo. Pablo, de Ferrocarril Clandestino, concluye: “Un Estado de derecho no puede permitir que existan estos ‘no lugares’ donde se violan los derechos humanos todos los días”.
La joven Melisa, morena de piel, de pelo, que no es de Honduras, ni es de España, que sabía que un comandante de avión tiene potestad frente a la policía nacional, y que una palabra suya bastaría para poder quedarse junto a su hija, espera conseguir finalmente el arraigo familiar. Espera sin esperar, sin dejar de luchar pero sobre todo, sin olvidar.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. / Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, / muriendo la vida, jodidos, rejodidos: / Que no son, aunque sean. /  Que no hablan idiomas, sino dialectos.(…) / Que no tienen nombre, sino número.
Poema Los nadies, Eduardo Galeano. 

 

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Lo que cuesta ser inmigrante
Un informe de 2012 solicitado por Izquierda Unida al Gobierno Popular sobre los gastos que supone tener abiertos los CIE señala que el coste diario medio por interno es de 17 euros, y el coste total por expulsión de 1.807, 40 euros.

Según otro informe presentado por SOS Racismo, ni en 2010 ni en 2011 hay cifras oficiales de internamiento, la Fiscalía ya no las recoge ni tampoco el balance anual de lucha contra la inmigración ilegal que elabora el Ministerio del Interior. En el año 2011, según datos del Gobierno, mantener cada CIE costó un promedio de un millón y medio de euros.