La imagen de barrenderos y jardineros fundidos en abrazos para celebrar el acuerdo arrancado a sus empresas tras 13 días de huelga parece producir urticaria en amplios sectores de la derecha, con Ana Botella al frente. No son ellos ni sus sacrificios los que han parado los despidos, según la alcaldesa, sino la reforma laboral del PP. Los sindicatos, ha insinuado siempre que ha podido, no son más que unos vándalos. Nada nuevo viniendo de quien viene. Lo extraño es que el descrédito de estas organizaciones, sin las que sería imposible entender movilizaciones como la vivida en Madrid, lleva años extendiéndose como el aceite también entre la izquierda. Esta es la encrucijada de los sindicatos.

Texto: Juan Luis Gallego

En España hay entre 8.000 y 9.000 liberados sindicales, es decir, trabajadores que, cobrando su salario, están exentos de realizar la labor de sus compañeros para dedicarse únicamente a representarles ante la empresa. Sin embargo, una búsqueda en Google arroja insistentemente la cifra de 350.000. La lanzó, con motivo de la huelga general de 2010 contra los recortes de Zapatero, un medio de derechas que ha convertido a los sindicatos en objetivo obsesivo de sus ataques y la cifra se instaló en internet, donde proliferan comentarios y análisis sobre semejante disparate, producto de mezclar liberados, delegados y meros representantes.  Ahora, con motivo de la oposición de los sindicatos a la política del Gobierno del PP -dos huelgas generales incluidas-, los ataques se han reproducido y recrudecido. También con mentiras o medias verdades de por medio, como las que magnifican su dependencia de las arcas públicas o presentan a sus líderes como sibaritas entregados a las mariscadas o a las colecciones de relojes.

"Es una campaña para desacreditarnos muy vieja –dice Fernando Lezcano, portavoz de Comisiones Obreras (CCOO)-, que aparece y desaparece cíclicamente, en función de la resistencia que prevén a sus planes. Es una campaña canalla que no siempre estamos en condiciones de contestar, entre otras razones, porque hay medios que tampoco ayudan, ya que cojean de ese mismo pie". Desde la Unión General de los Trabajadores (UGT), su secretario de Organización y Comunicación, José Javier Cubillo, coincide: "Es una campaña de desprestigio con la que se bombardea las posiciones de defensa de los trabajadores en cualquier punto que se pretenda asaltar. Es una estrategia de debilitamiento en la que la extrema derecha mueve el árbol y la derecha recoge las nueces".

Nada nuevo por tanto. Que la derecha política, empresarial y mediática ataque a los sindicatos y recrudezca sus acometidas cuando el país se enfrenta al progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar, no debiera ser una sorpresa. Lo extraño es el éxito que tales campañas encuentran no solo entre sus afines, sino en amplios sectores de la sociedad, entre los que se incluyen los propios trabajadores afectados por esas políticas neoliberales –incapaces de ver en los sindicatos a sus legítimos representantes-, los parados –que no consideran defendidos sus intereses-; los jóvenes –expulsados del mercado laboral y, por tanto, de todas sus derivaciones- y los simpatizantes del 15M –que perciben a los sindicatos como parte de ese entramado institucional contra el que luchan-.

"Es que es verdad que los grandes sindicatos no representan a los jóvenes -asegura Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política y de la Administración y, de facto, uno de los principales ideólogos del 15M-, solo a los trabajadores asalariados: ni a los parados ni a los precarios". Aunque su denuncia va más allá: "Sus problemas actuales derivan de haber aceptado la lógica del capitalismo para aspirar únicamente a gestionarlo de forma civilizada. Han desterrado conceptos como los de alienación y explotación y olvidado la defensa de los valores ecológicos, las mujeres y la solidaridad con el Sur".

"Hay gente de izquierda que nos ve institucionalizados, pragmáticos y poco contestatarios –contesta Lezcano-. Pero tienen que entender que no solo somos una herramienta de contestación. Lo primero es tratar de resolver los problemas con la negociación y, si no, con la contestación o con una combinación de ambos. Esa es la estrategia gobierne quien gobierne".

Muy diferente análisis realiza Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos, para quien el descrédito de los sindicatos se debe, precisamente, "a que sus actitudes buscan más la confrontación que la colaboración y, esta, cuando la hay, parece de fachada". Iñigo Sagardoy, abogado especializado en Derecho del Trabajo y presidente de Sagardoy Abogados, cree que los sindicatos se encuentran actualmente en una "encrucijada" que debería conducirles a una "modernización". En dos sentidos: dejar de centrarse exclusivamente en la defensa de los trabajadores para convertirse en un sindicato "más de servicios" que, por ejemplo, ofrezca a sus afiliados gestión de recursos financieros, viajes, pensiones..., y tender a una "mayor independencia institucional" para no estar ligado a ningún poder político. Y eso, añade, implica un cambio de su financiación.

La financiación es, efectivamente, uno de los flancos débiles de los sindicatos, dado que lo que cuestan a las arcas públicas es un ariete fácil de manejar en manos del enemigo. Tratemos de arrojar luz al respecto, tomando como fuente las cifras que CCOO hizo públicas en junio de 2010. Son referidas a 2009 aunque, salvando los recortes en subvenciones públicas sufridos en 2012 y 2013 –hasta un 44% en la partida principal-, pueden ser extrapoladas a un año medio. Además, aunque CCOO es el principal sindicato en número de afiliados y representantes sindicales, los números de UGT son similares, por lo que las cuentas que a continuación detallamos son, grosso modo, aplicables también en su caso.

Las cuentas, al descubierto
CCOO ingresó aquel año unos 392 millones de euros al año. De ellos, 118 procedían de las cuotas de sus afiliados: 1,2 millones a una media de algo más de 8 euros al mes. Eso supone un 30% del total. Las subvenciones estatales, es decir, el dinero que el Estado le da sin pedirle cuentas, ascendió entonces a unos 15 millones de euros (ahora, en torno a un 40% menos), más en su caso que en el de ningún otro sindicato por ser el más votado en las empresas –por casi tres millones de trabajadores-, y tener el mayor número de delegados –más de 130.000-. Eso no llega al 4%. Hay otra partida que también proviene del Estado y que se le da a los sindicatos –y también a la patronal- por "participación institucional", es decir, por estar presente en órganos consultivos relacionados con el trabajo y la inmigración. No llegó al millón de euros, un 0,25%.

Otros 20 millones, es decir, un 5%, provenían de la asesoría jurídica que prestan cada año a 150.000 personas y que, aunque es gratis para afiliados, no lo es para los que no lo son o para los de menor antigüedad. Eso incluye la asistencia a los trabajadores víctimas de un expediente de regulación de empleo (ERE), lo que permite a los críticos afirmar que los sindicatos son los primeros interesados en que haya parados porque ganan dinero con cada despido. Lezcano (CCOO) y Cubillo (UGT) aseguran que lo que cobra el sindicato por estos servicios es menos de lo habitual y que, además, en muchas ocasiones el dinero va a parar a profesionales ajenos a la central –abogados, economistas...- contratados para cada ocasión. Y hay otros 15 millones, menos del 4%, procedentes de participaciones en empresas y de fondos depositados en entidades financieras.

Quedan 225 millones por contabilizar, más de la mitad del total, y que corresponden a las subvenciones que el Estado central y las Comunidades Autónomas concedieron a los sindicatos para impartir cursos de formación a trabajadores y a desempleados, y también para programas sociales de integración de inmigrantes o erradicación de la drogodependencia. En la estrategia del ‘todo vale’ contra CCOO y UGT, ese dinero es habitualmente presentado como una forma ‘encubierta’ de financiación pública que convierte a los sindicatos en 'paniaguados' o 'estómagos agradecidos' al servicio del Gobierno que mejor les trata. Pero la verdad es que se trata de subvenciones finalistas, es decir, o se gastan en cursos de formación y programas sociales o se devuelven. "Damos la formación que el Estado no puede, como un colegio concertado", explica Cubillo (UGT).

Algunos antecedentes, sin embargo, alimentan la sospecha. El "caso Forcem", por ejemplo, que estalló en 2001 ante los indicios de la que la Fundación para la Formación Continua en la Empresa, creada en 1993 y formada por sindicatos y organizaciones empresariales, podría haber defraudado cientos de millones de euros a base de cursos inventados, falsificación de facturas, alumnos inexistentes o cobro de matrículas gratuitas. De hecho, el Forcem fue disuelto y sustituido en 2007 por la actual Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo. "Ahora –afirma Cubillo (UGT)-, el nivel de exigencia de cumplimiento, especialmente por parte del Tribunal de Cuentas, es altísimo". Aunque Lezcano (CCOO) reconoce que "existe un pequeño margen (de ese dinero), en torno al 10%, que puedes liberar para la organización de la propia actividad".

Ese es el modelo de financiación. Obviamente, tiene detractores, entre ellos quienes se preguntan por qué hay que gastar siquiera un euro de las arcas públicas en mantener a los sindicatos. Pero entonces cabría preguntarse si no habría que extender el mismo criterio a los partidos políticos y a las organizaciones empresariales, pues todos ellos gozan de una similar regulación en la Constitución, que es la que consagra su existencia y su papel. "Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales -reza el artículo 7- contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios". Por eso, los sindicatos participan cada año en la negociación y firma de casi 4.000 convenios colectivos, que regulan las condiciones de trabajo de más de 11 millones de personas, sean o no afiliados.

Sabiendo eso, ¿es demasiado dinero? Imposible una valoración objetiva al respecto, aunque quizás ayude recordar que los partidos políticos costaron el año pasado al Estado más de 110 millones de euros; que la Iglesia recibió 159 millones de nuestros impuestos (al margen del dinero que no ingresa por IBI o el destinado a pagar los sueldos de los profesores de religión); que el presupuesto del Ministerio de Defensa superó los 6.300 y que la Casa Real se llevó 8,26.

Trigo, del IEE, contesta con un rotundo "sí" cuando Números Rojos le pregunta si sindicatos, pero también organizaciones empresariales y partidos políticos, debieran autofinanciarse. El abogado Sagardoy, aunque cree que la autofinanciación total no es factible, sí defiende un cambio en el modelo que haga a los sindicatos, por un lado, "más transparentes" y, por otro, "menos vinculados económicamente" a los poderes públicos.

"Da igual lo que digas –se queja Lezcano-. Nuestra imposibilidad de combatir esta campaña de descrédito es total: todo está juzgado y condenado. Nuestra financiación es absolutamente transparente: se basa en la afiliación y en las dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado, en función del grado de representatividad. Las otras partidas –cooperación, formación, asesoramiento para el empleo- no son financiación". Hablando de transparencia, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, secretarios generales de CCOO y UGT, ganan unos 2.500 euros limpios al mes, según fuentes de su entorno. Ambas centrales tienen coches para determinados desplazamientos y si Toxo viaja ahora a veces acompañado de una persona es por "los problemas de seguridad derivados del clima hostil" que estas campañas han generado, según las mimas fuentes.

Afiliación y justicia social
Lo cierto es que, a pesar del innegable deterioro de su imagen, los sindicatos españoles no gozan de mala salud. Es lo que indican las cifras. El porcentaje de asalariados afiliados es en España del 18,9%, según la última Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (2010), frente al 23,4% de media en la Unión Europea. Es decir, casi 2,9 millones de trabajadores en España pertenecen a un sindicato. Pero el porcentaje de los representados en sus empresas por sindicalistas supera el 47%, casi 7,1 millones. Y, subiendo un paso más, los trabajadores a los que afecta la negociación colectiva en la que los sindicatos participan alcanza el 80% de los asalariados.

¿Cabe incluso poner en duda, en esta tesitura, el papel que los sindicatos han jugado históricamente en la mejora de las condiciones socioeconómicas y laborales? Algunos datos avalan lo que, en un reciente informe "Sobre la legitimidad del sindicalismo", el profesor de Sociología y miembro de la Fundación 1º de Mayo de CCOO, Pere J. Beneyto, llama correlación entre las magnitudes influencia sindical y equidad social. Beneyto cita un estudio de la Universidad de Harvard (Western y Rosenfeld, 2011) referido a la ‘era Reagan’, caracterizada por una ofensiva antisindical y desrreguladora que multiplicó las desigualdades sociales, de forma que el 20% más rico aumentó sus ingresos en un 30% entre 1977 y 2007 mientras que el 20% más pobre los vio disminuir en un 22%. A la vez, la tasa de afiliación sindical cayó del 25 al 14%. Pues bien, según el citado estudio, de haberse mantenido la capacidad de influencia sindical en los niveles de 1973, la desigualdad salarial sería un tercio menor. Beneyto recuerda, también, otro informe de la Comisión Europea según el cual un aumento del 10% de la tasa de afiliación sindical reduce las desigualdades salariales en dos puntos porcentuales.

A la historia, precisamente, apela un sindicato histórico como la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) para reprochar a los dos mayoritarios el "abandono de la acción reivindicativa", en aras de un "sindicalismo moderno" y más institucionalizado que olvida que "en el mundo moderno no han desaparecido la explotación laboral ni las desigualdades sociales", según escribe Francisco Javier Ortiz en el informe "Legitimidad y financiación de los sindicatos considerados ‘más representativos’ en España", de mayo del año pasado.

El informe incluye un párrafo que resume muchas de las críticas que vienen sufriendo CCOO y UGT: "Esta estructura –dice-, que no necesita ni de la afiliación ni siquiera del voto de los trabajadores para negociar y decidir en su nombre y que se legitima legalmente, es una de las principales causas de la escasa credibilidad con que el sindicalismo cuenta entre los trabajadores, que han ido viendo cómo los sindicatos se degradaban desde la implantación de la democracia hasta convertirse en gigantescas oficinas administrativas, dependientes de intrincados intereses económicos y políticos y totalmente alejados de los intereses de los trabajadores a los que representan. Una representación ejercida ‘por ley’ a pesar de la renuencia o el palpable desprecio de sus representados".

Que algo tiene que cambiar lo admiten los propios protagonistas porque, campañas al margen, la realidad habla de descrédito, desprestigio y desafección de los jóvenes hacia los sindicatos. El propio Pere J. Beneyto (Fundación 1º de Mayo) admite que las críticas, incluso las infundadas, "son en parte el reflejo distorsionado" de las propias "limitaciones, inercias e incluso errores organizativos y de comunicación", y defiende un modelo de proximidad y de presencia permanente no solo en los puestos de trabajo, sino también entre parados, microempresas, becarios o profesionales. Lezcano (CCOO) habla también de llegar a "minorías especialmente vulnerables", entre las que cita a las mujeres y los inmigrantes. Y Cubillo (UGT) admite la necesidad de una "actualización permanente" y reconoce "la incapacidad de llegar a la gente" para trasladar sus mensajes. El principal: "Debemos hacer un esfuerzo de comunicación para que entendamos que la única vía eficaz para defender nuestros derechos es a través de una organización de trabajadores".

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