Hace algo más de 25 años, un polémico Plan de Empleo Juvenil fue el detonante de una huelga general que paralizó España como nunca después. El contrato ‘estrella’ que entonces se proponía fue aprobado, más precarizado aún, en la reforma laboral de 2012. Es solo una prueba del progresivo deterioro de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, acelerado en apenas dos años y medio de gobierno del PP en los que el diálogo entre empresarios y asalariados se desprecia para ampliar, casi hasta el infinito, el poder de los primeros. Pero, ¿es una situación irreversible? Mientras los más escépticos lo ponen en duda, otros están convencidos de que, de tanto tensar la cuerda, el vuelco será más brusco de lo que algunos creen.

Texto: Juan Luis Gallego.

Nunca en la reciente historia de España ha habido tanto paro. Nunca despedir fue tan fácil y barato. Nunca estuvo tan indefenso el trabajador. Nunca el empresario gozó de tanto margen de maniobra. Ni nunca la ley amparó tanto la precariedad laboral. No son interpretaciones, se trata de una realidad objetiva que demuestra que los derechos de los trabajadores viven en los últimos años un retroceso sin precedentes desde la restauración de la democracia.

Los asalariados –como las mujeres, amenazadas por la ‘ley Gallardón-Rajoy’ sobre el aborto- recuperan en sus reivindicaciones los lemas del pasado, de hace 10 años, de hace 15, de hace 25 incluso. Con una diferencia. Entonces, cada conquista era un avance, un paso adelante.

Ahora se trata de recuperar lo perdido en el mejor de los casos; en el peor, de parar un retroceso en el que, según los expertos consultados para la elaboración de este reportaje, el neoliberalismo no ha dicho aún la última palabra. Las expectativas de cambio entonces eran tan altas, tan halagüeñas, que las aspiraciones de ahora parecen irrisorias.

Sindicalistas, economistas y especialistas en Derecho Laboral consultados por Números Rojos coinciden en afirmar que, si bien este deterioro de las condiciones de trabajo ha sido progresivo, vivió con la reforma laboral que el Gobierno del PP sacó adelante en 2012 "un antes y un después", con la ruptura de las reglas de juego vigentes hasta entonces. Y que, sobre la base de las explicaciones de estos expertos, podemos resumir así: los instrumentos forjados durante décadas para tratar de paliar el intrínseco desequilibrio de fuerzas entre empresarios y trabajadores desaparecen con el objetivo de dotar a los primeros de poder absoluto para modificar las condiciones de trabajo. De forma unilateral y con una panoplia legal tan amplia que apenas necesita justificación.

Cambio de modelo

"Vivimos un retroceso de los derechos de los trabajadores sin precedentes en la época moderna", explica el economista Alberto del Pozo, de Economistas Frente a la Crisis, quien cree que "las medidas de austeridad aplicadas desde 2010 han creado el caldo de cultivo para una política económica desfavorecedora para los trabajadores". En ese contexto, la reforma laboral del PP es, según Del Pozo, "la más ambiciosa desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, porque rompe consensos de décadas y desequilibra las relaciones laborales a favor de los empresarios; además, de una forma estructural que hará que sea difícil revertir esa situación durante años".

"Es un retroceso que no tiene comparación posible en décadas –afirma Pedro Serna, secretario general del sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo)-. Las últimas grandes reformas laborales, las de Zapatero en su última etapa y las de Rajoy ahora, unidas al cambio en la Constitución con la regla de oro del déficit, nos retrotraen, en términos de contrato social, a finales del siglo XIX o principios del XX".

"La precariedad laboral y la inseguridad en el mantenimiento de las condiciones de trabajo permiten hablar de una rebaja sustancial de los derechos laborales, no siempre motivada por razones de estricta necesidad económica, productiva o técnica de las empresas", resume Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho Laboral de la Universidad Autónoma de Madrid.

"Sufrimos un retroceso brutal –afirma Agustín Moreno, profesor de Secundaria, afiliado al sindicato Comisiones Obreras (CCOO)- que viene de antiguo, fruto de un cúmulo de agresiones. Pero ahora el PP, con sus tanques neoliberales, está dejando, no ya los derechos de los trabajadores, sino el derecho al trabajo, que es más importante y que es uno de los avances del siglo XX, como un solar. Nadie podía imaginarse que íbamos a llegar tan lejos".

Agustín Moreno era secretario de Acción Sindical de CCOO hace 25 años, en 1989. El de aquel año, no fue un Primero de Mayo más. Por varias razones, la celebración del Día Internacional del Trabajo cumplía un siglo en España y llegaba, además, poco después de la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988: la que se inauguró a las doce de la noche con un sorprendente y abrupto apagón televisivo y amaneció con un país completamente paralizado como nunca después.

La que supuso la ruptura de UGT con su partido amigo, el PSOE, con el abandono del entonces líder del sindicato, Nicolás Redondo, de su escaño entre las filas socialistas. Y la que arrancó al presidente, Felipe González, un giro social en la segunda parte de una legislatura en la que había dado la espalda a sus bases. Con la fortaleza del éxito de la huelga, el 1 de mayo de 1989, los dos principales sindicatos, UGT y CCOO, acudieron por primera vez juntos a la jornada, con reivindicaciones comunes y un lema único, "Porque... ¡ya está bien! Juntos podemos", en lo que fue la inauguración de la unidad de acción sindical.

"El éxito de aquellas movilizaciones –recuerda Agustín Moreno- tiene que ver con las expectativas defraudadas; es decir, con la diferencia entre las expectativas generadas por un PSOE que había concitado un apoyo sin precedentes en las urnas y su actuación posterior, con las reconversiones industriales, la ley de 40 horas, la entrada en la OTAN, la política dura a favor de los empresarios y en contra de las pensiones y los funcionarios, y con un plan de empleo juvenil que fue la gota que colmó el vaso. Supimos recomponer la unidad y tejer alianzas con muchos sectores".

El contrato que no quisimos

Aquel plan de empleo juvenil creaba un nuevo contrato para jóvenes de entre 16 y 25 años pagado con el salario mínimo interprofesional y con una duración de entre 6 y 18 meses. Además, contemplaba bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que lo utilizaran. Ahora, el nuevo contrato de formación y aprendizaje creado por la reforma laboral de 2012 es aplicable hasta los 30 años (solo cuando la tasa de paro baje del 15% descenderá hasta los 25 años); también establece el salario mínimo como el límite inferior a pagar; y su duración puede prolongarse hasta los tres años. Igualmente, prevé bonificaciones similares para las empresas. Es decir, lo mismo, pero aplicable a más personas y por más tiempo.

Entonces, había en España algo menos de tres millones de parados y los sueldos de los trabajadores crecían al 6% anual. El salario mínimo experimentó en la década de los 80 revalorizaciones sucesivas que nunca bajaron del 4,5%. Y el despido improcedente se indemnizaba con 45 días por año trabajado. Ahora, el número de desempleados es el doble (siete puntos más en términos porcentuales) y el sueldo medio de los trabajadores lleva cayendo desde 2010.

El salario mínimo alterna congelaciones con subidas máximas del 0,6 o el 1,2% en el mejor de los casos. Y, respecto al despido, el improcedente se indemniza con 33 días, pero la definición del procedente se ha abierto tanto que la compensación más fácil es la de 20 días. Incluso se ha creado un nuevo contrato, el de apoyo a emprendedores, con una duración de un año de prueba tras el cual el despido es completamente libre.

Yolanda Valdeolivas es una de los 55 catedráticos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que, un mes después de la aprobación de la reforma de 2012, firmaron un manifiesto en el que se denuncia "un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva".

Es decir, según la profesora, la legislación actual ha apostado por una flexibilidad laboral no negociada, sino "marcadamente unilateral", dado que, por un lado, "descausaliza" la modificación de las condiciones de trabajo, e incluso la extinción de los contratos, de forma que pueden ser decididos por el empresario "sin justificación en causas acreditables"; y, por otro, establece "múltiples salidas" en caso de desacuerdo dentro de las empresas hacia otras instancias "que no garantizan el equilibrio de las partes".

Valdeolivas admite que muchas empresas necesitaban "ajustes" para adaptarse a condiciones económicas y de crisis muy cambiantes, pero no por el camino emprendido. "La crisis está sirviendo de excusa y pretexto para cambiar el modelo y romper esos equilibrios que siempre han funcionado en el Derecho del Trabajo. La balanza se ha vencido muy claramente por la posición de los empresarios".

En una línea similar, el economista Alberto del Pozo asegura que, aunque "había medidas alternativas", se ha apostado por "realizar una determinada política, no la única posible, con principios e idearios que se han intentado aplicar en los años 80, 90, 2000 y 2010: austeridad, recortes de gastos y reforma laboral para flexibilizar y dar más poder a los empresarios. Es -concluye- una estrategia deliberada".

La que se avecina

Pero, en esta ruptura de equilibrios, en este ‘cheque en blanco’ al empresario, ¿ha dado el neoliberalismo su último paso? ¿O las cosas pueden ir a más? Pedro Serna (CNT) lo tiene claro: "Patronal y Estado van a intentar seguir profundizando en esta dinámica, a la espera del momento oportuno", para acometer más cambios. Incluso se atreve a enumerar por dónde irán esas hipotéticas reformas "si no hay nadie enfrente para pararlas":

1.- Eliminación de la tutela judicial, de forma que los trabajadores no puedan acudir a los tribunales para reclamaciones laborales, sean estas las que sean. "Es una gran esperanza de la patronal -dice Serna-. Y, como mucho, dejar la resolución de esos conflictos en manos de un arbitraje dependiente del Ministerio de Trabajo o de la comunidad autónoma de turno".

2.- Abaratamiento aún más del despido hasta hacerlo gratuito y, sobre todo, atacando los derechos adquiridos de quienes todavía están arropados por la legislaciones anteriores.

3.- Potenciación del fin de la ultraactividad de los convenios, es decir, del automatismo que permitía prorrogar la vigencia de un convenio empresarial si no se llegaba a un acuerdo sobre su renovación. Es lo que Agustín Moreno (CCOO) define como "premiar al patrono que resiste". Y una de las inercias que a la catedrática Valdeolivas más preocupa: "La negociación colectiva, que sería el colchón de seguridad que tendrían los trabajadores para equilibrar un poco una situación que impide una negociación individual en términos de igualdad, está perdiendo torrencialmente su capacidad de fuerza vinculante. Ahora, los convenios colectivos está viendo vaciado su contenido y su fuerza vinculante por la amplísima, y no siempre justificada, posibilidad de descuelgue dentro de las empresas, de manera que termina prevaleciendo el poder empresarial en cada unidad productiva".

4.- Impulso del peso de las empresas de trabajo temporal (ETT) y las oficinas de contratación hasta privatizar el INEM.

5.- Potenciación de las mutuas en la gestión de la asistencia médica a los trabajadores, bajas y enfermedades y accidentes laborales.

¿Es el futuro que nos espera en el país que, según el Fondo Monetario Internacional, se sitúa a la cabeza de Europa en desigualdad social y en el que más se ha abierto la brecha en los años de crisis? El economista Alberto del Pozo tiene sus dudas sobre la reversibilidad de la situación: "Son medidas discrecionales a las que se puede dar la vuelta -explica-, pero cuesta mucho, no solo porque hacen falta las mayorías parlamentarias adecuadas, sino porque esta reforma modifica el mercado laboral, creando tendencias difíciles de revertir. No son medidas de maquillaje, sino de calado". A su juicio, el mercado laboral que quedará será "especialmente precario", con empleos de baja calidad, más temporalidad, contratos a tiempo parcial, subempleo, jóvenes rotando y un paro de larga duración muy difícil de absorber.

La profesora Valdeolivas, por su parte, cree posible una "reforma legal que recupere el papel principal de la negociación colectiva y de la causalidad de las figuras que permiten rebajas en las condiciones de trabajo", aunque advierte de que el Gobierno que se atreva tendrá que asumir un alto coste ante "el rechazo de los empresarios a ceder posiciones".

"Cada coyuntura histórica es hija de la relación de fuerzas", reflexiona Agustín Moreno, quien recuerda que Comisiones Obreras llegó a convocar en 1979 una huelga contra el Estatuto de los Trabajadores "por considerarlo insuficiente, dada la expectativa de cambio que había entonces. Ahora se ha modificado siempre a peor, y es como una fotografía, que se revaloriza con el tiempo". Y continúa: "Es evidente que nos han ganado la partida, pero de forma temporal, porque la lucha está abierta.

Más pronto que tarde comenzará la remontada, y ya hay factores en ese sentido". A su juicio, el escenario para que ello ocurra requiere de "un marco económico adecuado, que facilite las cosas, que no crean los empresarios que cuando ganen dinero a espuertas los trabajadores seguirán sometidos a su explotación. Pero también hace falta un elemento subjetivo", que pasa por la "regeneración" de las organizaciones sindicales y de la izquierda tradicional. Y cuando eso ocurra, dice este exdirigente sindicalista, "en España vamos a llegar más lejos de lo que muchos creen".

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