Dos nuevas escuelas infantiles públicas, esta vez en Leganés, pueden ser las próximas víctimas de la política educativa de la Comunidad de Madrid, dispuesta a dejar las aulas en manos de grandes empresas sin especialización alguna y con ánimo de lucro que logran concesiones con ofertas a la baja, aunque ello suponga deteriorar la educación de los alumnos y las condiciones laborales de sus trabajadores. Profesores y familias de Las Flores de la Fortuna y Rosa Caramelo, los centros ahora amenazados, se movilizan para impedirlo.

Texto: Juan Luis Gallego. Ilustración: Elena Hormiga.

No es algo nuevo. Es un episodio más del progresivo desmantelamiento de la Educación Pública Infantil, modélica hasta no hace mucho, que se ha convertido en nicho de negocio por el que pululan empresas multiservicios que lo mismo se dedican a la seguridad privada, al mantenimiento o montan una red de teleoperadoras. En manos de este tipo de gestores pueden acabar, el curso que viene, las escuelas Las Flores de la Fortuna y Rosa Caramelo. Sus contratos acaban en agosto y el Ayuntamiento de Leganés, en lugar de prorrogarlos otros cuatro años –acogiéndose a la posibilidad que el propio contrato les brinda-, los sacará a concurso.

Y lo hará siguiendo las directrices impuestas por la Comunidad de Madrid, responsable con los sucesivos gobiernos del PP de un cambio de modelo que prima la oferta económica por encima de la educativa y reduce exigencias que redundan directamente en la calidad de la enseñanza y el bienestar de los niños. Es decir, que en agosto, cuando esas escuelas salgan a concurso, la empresa que pida menos dinero por hacerse con ellas tiene muchas posibilidades de ganar, a pesar del riesgo, confirmado por los años, de que acabe fichando equipos sin experiencia, con sueldos bordeando el salario mínimo y sin proyectos educativos consolidados.

Es lo que temen los impulsores de una recogida de firmas en change.org para paralizar el concurso. En la campaña, la Asociación de Padres y Madres y el equipo directivo de Las Flores de la Fortuna, especializado en niños de 0 a 3 años, muestran su preocupación por la "radical ruptura con la labor social y educativa que viene desarrollando el equipo actual" que supondría la llegada de una nueva empresa y que, incluso, podría provocar "una pérdida en la calidad educativa".

"El actual equipo –añaden los peticionarios-, estable, con vocación púbica, sin ánimo de lucro, con una gran trayectoria, coordinado entre sí, con los demás profesionales que intervienen en la acción educativa, con los Servicios Sociales y con las familias, gestiona la escuela desde su comienzo y demuestra día a día su sobrada preparación, su constante inquietud por la formación continuada, su interés por la Educación y la primera infancia y su sensibilidad y compromiso con el barrio en el que, en estos primeros cuatro años de andadura, hemos puesto en marcha un proyecto con miras de futuro".

Las bases de este deterioro de la Educación Pública Infantil se pusieron en 2008, cuando la Comunidad de Madrid modificó los pliegos de condiciones que definían los requisitos para optar a gestionar una escuela infantil pública. No solo se rebajaron exigencias objetivas de calidad –subiendo las ratios alumnos/profesor; bajando el número de profesores de apoyo; disminuyendo los metros cuadrados por niño; suprimiendo la exigencia de un espacio exterior...-, sino que se abrió por primera vez la posibilidad de que las empresas optaran a la gestión de la escuela, antes reservada a cooperativas de profesores. Y, además, se cambiaron los criterios de valoración de cada oferta, de forma que la propuesta económica pasó a cobrar un papel protagonista por encima del programa educativo.

En esta apuesta por el ahorro de las autoridades madrileñas, los concursos salen a licitación con presupuestos inferiores en una media del 12% a los del curso pasado. Si a eso se une que las empresas aspirantes ofrecen aún más baratos sus servicios para ganar la adjudicación, la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (Ameigi) calcula que las escuelas están funcionando este año con un 30% menos de dinero que en el ejercicio anterior. A las antiguas cooperativas de profesores no les queda más remedio entonces que recortar sus presupuestos al máximo, con drásticas bajadas de sueldo, pero ni aun sí consiguen competir con las ‘temerarias’ ofertas de las multinacionales.

De las aproximadamente 350 escuelas de educación infantil existentes en la Comunidad de Madrid, algo más de 90 son de gestión directa, es decir, en manos del Ayuntamiento o la Comunidad con personal contratado directamente por una u otra administración. Difícil que esa cifra crezca: hace años que este modelo se dejó de lado en aras del ahorro. Las otras, las de gestión indirecta, son las afectadas por los recortes del PP. De ellas, según datos de Ameigi, el 70% están ya en manos de grupos empresariales, como Clece, Eulen o Grupo Norte, todos ellos emporios multiservicios.

"El proyecto educativo ha dejado de ser lo más importante –explica María López, de la Junta de Portavoces 0-6- y los pliegos se han convertido en una subasta a las que acuden empresas con ofertas económicas que podrían calificarse de temerarias, lo que se traducen en equipos educativos con sueldos de 750 euros, y en número tan reducido y con tan escasos materiales que solo pueden dedicarse a evitar que los niños y niñas se peleen, sacrificando enseñanzas tan importantes a esa edad como las relacionadas con el desarrollo del lenguaje, la motricidad o la educación plástica y visual".

CAMBIO DE GOBIERNO EN LEGANÉS
En el caso de la dos escuelas de Leganés ahora en peligro se dan, además, unas circunstancias especiales. Las Flores de la Fortuna y Rosa Caramelo firmaron contrato en 2011 con el Ayuntamiento de Leganés, entonces en manos de un equipo de gobierno formado por PSOE e IU que se negó a plegarse a las condiciones de la Comunidad de Madrid por entender que suponían un "ataque directo a la calidad de la educación infantil". Quedaron, por tanto, fuera de su paraguas, pero también de su financiación, con lo que fue el Ayuntamiento y los padres y madres con las cuotas de escolarización quienes tuvieron que asumir el coste de su funcionamiento.

Nada más llegar el PP al Gobierno municipal, negoció la incorporación de ambas escuelas a la Red Pública de la Comunidad de Madrid y que esta accediera a sufragar, como en otros casos, aproximadamente una tercera parte de su coste. Pero la Consejería de Educación, en manos de Lucía Figar, puso sus condiciones: en cuanto el contrato de las escuelas finalizara, se ignoraría la posibilidad legal de prorrogarlo otros cuatro años y ambas escuelas saldrían a concurso y volverían al redil.

Y eso es lo que va a hacer, cuando este curso finalice, el Ayuntamiento de Leganés... si no lo impiden las movilizaciones de padres y madres de alumnos y los equipos de las escuelas, como la concentración convocada para las 17:00 de la tarde de hoy (18 de marzo) en la Plaza España de Leganés. Movilizaciones, por cierto, a las que la Concejalía de Educación de la ciudad ha respondido con un bronco comunicado en el que las califica de "chantaje" y acusa a los gestores de las escuelas de "manipular" a las familias y los menores.

Todo por el ahorro, cabría pensar. Pero no. Un dato parece avalar la sospecha de que, cuando la Comunidad de Madrid impuso el modelo al que ahora pretende acogerse el Ayuntamiento de Laganés, lo que pretendía era incentivar la iniciativa privada y abrir el sector a las empresas. Se trata del cheque-guardería, una beca creada en 2002 por el Gobierno regional del PP y a la que los Presupuestos han destinado este curso 34 millones de euros. ¿Para quién? Para cualquier familia que matricule directamente a sus hijos en una escuela privada. Sin mayores requisitos, salvo el de solicitar esa ayuda, de entre 100 y 160 euros al mes, antes de que se abra el plazo de matriculación en la red pública, es decir, que sea la primera opción de los padres y madres. Es tan atractiva que hasta la propia consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, la disfruta, por tener a su hijo de dos años en un centro completamente privado y ser familia numerosa, a pesar de que los ingresos entre ella y su pareja superan los 120.000 euros.

LAS CUENTAS DE LUCÍA FIGAR

Los pliegos de condiciones fijados por la Comunidad de Madrid para adjudicar la gestión de una escuela pública infantil conceden el 45% de la puntuación a la mejor oferta económica; dejan otro 45% para el proyecto educativo y el restante 10% para quienes propongan dotaciones de personal por encima de lo exigido. La semana de estos dos últimos porcentajes es lo que permite a la consejera de Educación, Lucía Figar, afirmar que se sigue primando el proyecto educativo por encima del criterio económico. Pero sus cuentas son tramposas. Nos explicamos:

En el caso de la oferta económica, la más baja recibe automáticamente esos 45 puntos. Y, a partir de ahí, se calculan proporcionalmente la valoración que merecen las restantes. Es, por tanto, un criterio objetivo.

También los 10 relativos al personal se conceden por criterios objetivos, es decir, se conceden en su totalidad a quien oferta más plantilla ‘extra’, es decir, por encima de la exigida, y proporcionalmente a los restantes. Pero no ocurre lo mismo con el proyecto educativo, cuya valoración es completamente subjetiva, por lo que no hay obligación de dar la máxima puntuación a ningún proyecto. De hecho, fuentes de la asociación de escuelas de gestión indirecta Ameigi aseguran que nunca han visto que se concedan los 45 puntos en este apartado, lo que concede un peso prácticamente definitivo a la oferta económica.