"Los incendios no se apagan, se evitan" estas son las palabras dichas por uno de los muchos héroes que arriesgan su vida a pie de fuego. Los agentes forestales, brigadas o bomberos forestales luchan contra el fuego sin tener los medios adecuados y con contratos laborales precarios.

El Partido Popular fue diligentes y raudo para modificar la ley de Montes desprotegiendo el medio ambiente y fomentando la especulación urbanística. Otro retroceso propiciado por el Gobierno de Rajoy. Con la anterior ley no era posible hacer un cambio del uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años. Con la reforma introducida por el Gobierno de Rajoy desaparece esta precaución, el artículo 50 establece que las Comunidades Autónomas podrán acordar cambios de calificación del suelo forestal tras sufrir un incendio abriendo la puerta a las recalificaciones.

Esa celeridad demostrada para favorecer la especulación no aparece cuando hablamos de los agentes forestales a los cuales esa ley les reduce las competencias de denuncia y actuación mermando considerablemente su capacidad. El Partido Popular ha obviado la demanda ejercida por estos colectivos sobre la elaboración de un Estatuto Básico para Agentes y Bomberos Forestales que regule las importantes funciones que efectúan en la defensa y protección del patrimonio natural y la biodiversidad.

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha despreciado en innumerables ocasiones a los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), vinculados laboralmente a la empresa pública TRAGSA, dependiente del Ministerio anteriormente mencionado. Estos trabajadores llevan años luchando para que sean reconocidos en la categoría de Bomberos Forestales, lo que les permitiría que se reconocieran sus enfermedades profesionales o coeficientes reductores de jubilación, además de una condiciones laborales acordes al puesto de riesgo que desempeñan y poder desarrollar una segunda actividad para el personal que no pase las pruebas físicas anuales.

El incendio que ha calcinado el 7% de La Palma y le ha costado la vida a un agente medioambiental ha desvelado que este colectivo no llega a ser mileurista ya que cobra unos 900 euros mensuales por jugarse la vida. Tampoco cuenta con el material necesario ni en las condiciones adecuadas: han tenido que hacer uso de sus teléfonos móviles por el mal funcionamiento de los equipos de radio, los vehículos tienen capacidad para 800 litros de agua cuando antaño tenían capacidad para 3.500 litros, utilizan vehículos con problemas de frenos que no están convenientemente capacitados para el terreno, el helicóptero de la BRIF, trabajaba en la extinción del fuego en La Palma, se estrelló posiblemente por un problema en el rotor de cola y les tienen que avisar desde los helicópteros con alarmas antes de descargar el agua para que se retiren dado que el impacto podría ser mortal. Cada vez hay menos personal y las condiciones laborales son más precarias.

Esto contrasta dramáticamente con los sueldos de los directivos de TRAGSA cuyo presidente, según aparece en prensa, hace un año cobraba 183.205,07 euros brutos al año. El resto de directivos, que se negaron a rebajarse el sueldo cuando presentaron un ERE para 1.336 trabajadores y mucho menos a perder un plus fijo como incentivo que puede llegar hasta los 50.000 euros al año, también ha rechazado ponerse como tope salarial el sueldo del Presidente del Gobierno, o sea, cobran más.

Mientras los directivos cobran onerosos salarios los trabajadores de las BRIF están expuestos a quedarse en el paro ya que como han denunciado los Sindicatos la empresa busca recortar en gastos de personal destruyendo puestos de trabajadores indefinidos para sustituirlos por contratos eventuales, libres de pluses de antigüedad y otros beneficios laborales.

Estos héroes, que ven el monte que se quema como algo suyo, arriesgan sus vidas por salvar la naturaleza enfrentándose cada segundo a lo desconocido mientras los responsables políticos estorban y se dan codazos por salir en la foto sin preocuparse por instaurar una eficaz política preventiva ni atender a las peticiones legítimas de estos trabajadores.

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