Opinion · Otras miradas

Nuevo curso, viejos problemas

Juan Manuel Zaragoza

Nagua AlbaDiputada y portavoz de Universidad en el Congreso

Nagua Alba
Diputada y portavoz de Universidad en el Congreso
Juan Manuel Zaragoza

Agosto suele ser un mes sin noticias. El mes de las serpientes de verano y de lo anecdótico y superficial. El mes en el que los y las “primeras espadas” de la prensa se van de vacaciones y dejan su lugar a los “karankas” de turno. Este verano, desgraciadamente, no ha sido así, este agosto la violencia terrorista nos ha golpeado en Barcelona -ciudad hermana, capital del cambio- que ha sufrido por sus muertos, que son de todos y todas. Tal vez parezca banal pretender hablar de universidades cuando se menciona a las víctimas, pero ante el miedo y el dolor causado por quienes pretenden ralentizar nuestras sociedades, volverlas más cerradas y oscuras, es nuestro deber no olvidar, pero tampoco detenernos. Al contrario, nos empuja a seguir luchando con fuerza por sociedades más justas y libres. Y en esa lucha, la educación juega un papel fundamental.

El caso es que agosto, y el principio de septiembre, es siempre movido para las universidades españolas. Y no lo es porque se estén acabando las vacaciones y se piense ya en el inicio del curso, lo que sería casi normal, sino por la publicación, primero, del ranking de universidades de Shangai y después del realizado por la publicación periódica británica Times Higher Education, afiliada al también muy británico The Times. La ausencia de universidades españolas en posiciones relevantes en ambos rankings suele utilizarse como argumento para defender la necesidad de introducir cambios profundos en el sistema universitario español.

Pero más allá de esta simpleza, hemos visto cómo el análisis profundo de esos rankings nos sitúa ante una situación un tanto más compleja. Hemos comprobado, por ejemplo, que el Estado Español es uno de los más eficientes, si tenemos en cuenta cuántas universidades hay en el top 800 del ranking de Shangai, situándonos entre los seis países con mayor número, junto a Italia, Nueva Zelanda, Islandia, Reino Unido y Estados Unidos. También nos hemos percatado de que si atendemos a cuántas universidades tenemos en el TOP 1000, España se sitúa en cuarto lugar, sólo tras Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. En definitiva, vemos que nuestra universidad responde a un modelo concreto no sólo educativo, sino de país: descentralizado y de proximidad. En un acertado artículo, los profesores de la Universidad de Zaragoza, Pau-Marí Klose y Juan Ramón Barrada, resumían la situación de la universidad española con claridad meridiana: tenemos un sistema que ofrece, a la mayoría del alumnado, una formación de calidad elevada. Si quisiéramos “traducirlo” a una escala de valores, deberíamos decir que nuestro sistema universitario se ordena alrededor del valor de la equidad, mientras que la propuesta que llega desde estos rankings se sostiene en una escala que tendría en su cúspide únicamente a la excelencia. La decisión acerca de si queremos abandonar una escala para apostar por la otra implica un cambio profundo de nuestro -precario- Estado del Bienestar, por lo que la decisión debe ser no sólo política e institucional, sino objeto de una reflexión amplia en el conjunto de la sociedad.

Obviamente, ambos valores no son -ni deberían ser- excluyentes, y un sistema equitativo tendría que aspirar, también, a la excelencia -no nos atreveríamos a afirmar que al contrario sea así-, pero lo cierto es que, como concluye uno de los artículos citados, lo que puede interesar a la mayoría de la ciudadanía no es tener en su país universidades como Stanford u Oxford, a las que asistirá una minoría privilegiada, sino la calidad de la universidad a la que tienen más probabilidades de acceder, llámese Universidad de Cantabria, Málaga o Zaragoza.

Esto no quiere decir, en ningún caso, que nuestro sistema esté libre de problemas, por supuesto que no. Pero sí quiere decir que tal vez no sean los que parecen apuntar nuestro desempeño en los rankings internacionales, sino otros.

En Podemos tenemos claras algunas cosas acerca de nuestro sistema universitario,  entre ellas cuáles son las mayores dificultades para conseguir sus objetivos. En primer lugar, evidentemente, debemos situar la financiación. De acuerdo a un informe de CC.OO., la financiación de las universidades públicas cayó en más de 1.384 millones de euros en el periodo 2010-2015, colocándonos en un 0,81% del PIB en 2015, una cifra muy alejada de la media de la OCDE, que en 2016 se situaba en el 1’6%. ¡Exactamente el doble! Esto sin entrar a valorar los datos de financiación de I+D+i, que en 2016 fueron los más bajos de la historia. Hay una segunda derivada en este tema de la financiación, y tiene que ver con el origen de los fondos. El descenso de la financiación ha sido compensado por una subida desmesurada de las tasas públicas, que aumentaron de media en el conjunto del sistema un 36% en el periodo 2010-2014, situándose entre las más caras de Europa. Todo esto acompañado de una pésima gestión del sistema de becas.

El segundo problema de nuestro sistema universitario es la precariedad laboral. Que el peso de la crisis se ha trasladado, de forma casi exclusiva, sobre los hombros de los y las trabajadoras no es una novedad, como tampoco lo es que se haya cebado, especialmente, con quienes estaban en situación de mayor precariedad. Que el número de profesores titulares -29.340- y el de profesores asociados -28.483- sean tan similares y, al mismo tiempo, tan alejados de la suma de Ayudantes, Ayudantes Doctores y Contratados Doctores -13.430-, nos habla de una universidad precarizada, envejecida y sin perspectivas de poder ya no atraer, sino conservar el talento que se forma en nuestras aulas pagado con el dinero de todos y todas. Que esta situación se da, además, en fraude de ley, es algo que ha sido ya ratificado por varios tribunales, desde Sevilla a Barcelona.

Resolver estos dos problemas, tan relacionados por otra parte, debería ser una prioridad para cualquier gobierno que se tome la educación universitaria en serio. Esto significa entenderla como un factor que mejore la competitividad de nuestra economía, claro está, pero sobre todo como el lugar en que nuestra juventud se forma en valores democráticos: el respeto al otro, el diálogo como forma de alcanzar consensos y la necesidad de involucrarse en la solución de problemas comunes.

Desde Podemos creemos necesario una cambio urgente en la política universitaria de este país. Un cambio que tenga como horizonte alcanzar esa media de inversión del 1’6% del PIB, y que deberá basarse en la gratuidad de los estudios universitarios como forma de promover la igualdad de oportunidades y en la eliminación de la precariedad mediante la puesta en marcha de medidas concretas que favorezcan la contratación de personal y la reducción de la ratio alumno/profesor, como forma de avanzar hacia la excelencia.

Una vez conseguido esto, podremos discutir acerca de otros problemas que también se encuentran en nuestra universidad, como puede ser la atracción de estudiantes extranjeros -con la oportunidad que significa tener en el castellano una de las lenguas más habladas del mundo-, la transferencia del conocimiento o, por qué no, si queremos situar dos o tres universidades en el TOP-100 de los dichosos rankings.