Javier Franzé, profesor de Teoría Política en la Universidad Complutense de Madrid.

El respeto a los derechos humanos es la base éticopolítica sobre la que se fundó la democracia argentina tras la dictadura militar en 1983. Fue una legitimidad novedosa, inédita, construida políticamente por la labor de los organismos de derechos humanos (fundamentalmente Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y, desde el 10 de diciembre de 1983, también por el Estado. En efecto, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó en condiciones de debilidad política extrema los juicios a los comandantes que habían planificado y dirigido el terrorismo de Estado (1976-1983).

Luego Alfonsín retrocedió en ese terreno ante lo que entendió era el peligro de un golpe de Estado. Pero la legitimidad ya estaba asentada ("¡Nunca Más!"), al punto de que ese repliegue le pasaría factura al propio Alfonsín.

Desde 2003, el kirchnerismo relanzó el compromiso estatal con los derechos humanos. Derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas por Alfonsín y permitió la reapertura de los juicios a los culpables de la represión ilegal. Con ello renovó el contrato político derechos humanos-democracia especialmente de cara a los jóvenes que no habían vivido la dictadura.

El caso Maldonado marca un hito en la historia de esta relación entre democracia y derechos humanos en la Argentina.

Lo distintivo del caso Maldonado fue la reacción del gobierno nacional ante el hecho de la desaparición de Santiago. El gobierno sabía que la sociedad ya conocía que Maldonado había desaparecido tras el operativo de Gendarmería del 1 de agosto pasado. No podía especular con que parte de la ciudadanía no conociera lo sucedido. Por lo tanto, estaba al tanto de que su reacción era esperada por un país conmocionado.

¿Qué hizo el gobierno? Lo contrario de lo hecho en aquellos dos momentos fundantes —1983 y 2003—. En lugar de poner al Estado del lado de las víctimas, no sólo protegió a Gendarmería contra el Estado, la democracia y la ciudadanía, sino que fue indiferente ante la víctima, el dolor de su familia y minimizó la importancia del hecho. Nunca lo trató como un tema de Estado, sino que lo abordó como una disputa gobierno-oposición. Con ello retrotrajo la defensa de los derechos humanos al lugar que para el Estado ocupaba antes de 1983, cuando las Madres de Plaza de Mayo eran nombradas por la dictadura como "las locas de la plaza", "madres de terroristas" y los organismos de derechos humanos eran presentados como quinta columna soviética.

Para ello el gobierno de Macri dispuso de un hábil doble discurso. Mientras judicializaba la cuestión ("el gobierno colabora con la Justicia, que es la encargada de investigar"), a la vez la partidizaba sistemáticamente cuestionando  la presencia de Santiguo Maldonado en el lugar de los hechos, no separando a los gendarmes involucrados en el operativo para facilitar la investigación, negando que fuera una desaparición forzada aun cuando el juez así lo sostenía, recriminando a los que demandaban justicia una presunta intencionalidad partidaria, criminalizando la protesta en la que había participado Santiago y afirmando versiones disparatadas de lo que había sucedido. Durante esos setenta y ocho días de búsqueda del cuerpo, el presidente Macri jamás contactó con la familia de Santiago, ni siquiera telefónicamente. Sólo lo hizo el pasado viernes 20, día en que se confirmó que el cadáver hallado en el río Chubut era el de Santiago. En ese mismo día, el gobierno tomó otra decisión: encargó una encuesta para saber el impacto del suceso en las elecciones legislativas a celebrarse en tres días. Esta enumeración no toma en cuenta la convergente actuación de los medios hegemónicos afines al gobierno, que sin la menor ética profesional sembraron diariamente el país de versiones disímiles sobre el hecho e hicieron dejación de su función investigadora.

La actuación del gobierno desde el 1 de agosto hasta hoy es ya suficiente para evaluar su conducta ante el hecho. Se ha mostrado como un gobierno que subordina la defensa de los derechos civiles y de la seguridad de los ciudadanos a la posición política, ideológica y social de éstos. Por lo tanto, se trata de un gobierno que lejos de cumplir su función de garantizar el orden social, lo pone en peligro y, con él, la integridad física y moral de la ciudadanía. Esto por no nombrar que su actuación ha sido, si cabe, aún más irresponsable en clave de cultura política democrática, al convocar y animar a la sociedad a la indiferencia, el menosprecio y la crueldad respecto de los derechos humanos de los ideológica, política y/o socialmente diferentes.

Desde que el pasado viernes 20, tras una primera autopsia, se supo que el cuerpo era el de Maldonado y que éste no presentaba lesiones, el gobierno y sus medios afines están subrayando que "por suerte ya se está más cerca de la verdad". El Diario Clarín llegó a titular, en un alarde de deontología, que Maldonado "había muerto ahogado"... junto a la noticia de que el juez sostenía que no sabía todavía la causa de la muerte de Santiago.

Desde luego que la verdad completa del hecho es muy relevante. Pero el gobierno la quiere colocar como único criterio para evaluar su responsabilidad ante el hecho. Busca clausurar así el pasado inmediato en nombre de una verdad futura, que no puede ser a tal efecto sino una media verdad. Por el contrario, su responsabilidad política ya puede y debe ser evaluada, teniendo en cuenta cuál ha sido su reacción durante los setenta y ocho días de desaparición del cuerpo de Maldonado. La conclusión es obvia: no se está ante un gobierno comprometido con la defensa del interés público ni del principal fundamento ético de la democracia argentina. Más bien parece querer remover ese pilar, con todas las consecuencias culturales y vitales que conlleva.