Otras miradas

Los cabos sueltos del Pilar Europeo de Derechos sociales

Enrique Maestu Fonseca

Tania González Peñas
Eurodiputada y Vicepresidenta del GUE-NGL
Enrique Maestu
Asesor  de Podemos en el Parlamento Europeo

En los últimos años nos hemos acostumbrados a que cada vez que la Unión Europea hablaba de derechos sociales era para pedir flexibilizarlos, recortarlos y desmantelar los estados de bienestar del sur de Europa. Han sido tantas las veces que nos han pedido hacer recortes que pareciera imposible que desde Bruselas pudiera venir una propuesta social que sirviera para mejorar la vida de la gente. El pasado viernes 17 se reunieron en la ciudad sueca de Gotemburgo los jefes de Estado de la UE junto con  diferentes expertos y el Presidente de la Comisión Jean Claude Juncker. Por primera vez desde  hace una década los líderes europeos  se reúnen para proponer algo diferente a desregularización y recortes sociales en los Estados miembros. Hoy en día, el mercado laboral afronta severos problemas de desigualdad  en salarios y protección social mientras que la digitalización de la economía avanza con un dumping social creciente  que afectan tanto a los viejos como los nuevos sectores laborales. Europa es  un continente desigual, entre jóvenes y viejos, entre las ciudades y las zonas rurales, entre mujeres y hombres, y entre quienes se han beneficiado de la crisis y la mayoría que ha sido expulsada del sistema.

Para la Comisión Europea la crisis es cosa del pasado y desde hace unos meses exhiben datos macroeconómicos positivos de crecimiento y ligeras tasas de reducción de desempleo. Para Juncker y las élites  europeas dan por finiquitada la crisis social y sin embargo desde hace un lustro las desigualdades no han dejado de crecer al tiempo que las condiciones de trabajo se han deteriorado. Negar que las tasas de empleo han crecido en los últimos dos años sería absurdo y debemos de alegrarnos de que hoy haya más personas con trabajo que hace tres años. Pero, ¿a qué precio? En esta década la bajada de salarios, la pérdida de derechos laborales, la guerra abierta contra la negociación colectiva, la temporalidad involuntaria y la generalización de la dualidad, han terminado por crear un mercado laboral en donde tener un trabajo no garantiza ni la seguridad ni la subsistencia, y en donde las condiciones de trabajo son peores que hace diez años en 11 de los 28 países de la Unión.

La fractura social se agrava a medida que las cifras macroeconómicas camuflan las cifras de exclusión social y la alta temporalidad en el mercado de trabajo. Estas cifras se agravan en nuestro país cuando hablamos de justicia social, según un reciente informe de la fundación Bertelmann, España es el penúltimo país de la UE en cuanto a justicia social, el penúltimo país a la hora de asegurar la entrada dentro del mercado laboral y  uno de los países que tienen una menor tasa de justicia intergeneracional, esto es, es uno de los países en donde son más los jóvenes que piensan que vivirán peor que sus padres. El contrato social europeo está roto y seguirá así mientras la agenda social no sea la prioridad central de la UE.

La cumbre de Gotemburgo puede ser un paso importante para reconstruir una agenda social para Europa. Juncker ha afirmado en varias ocasiones que "el mercado laboral no puede ser el salvaje oeste" y dentro del Pilar Europeo están previstas diferentes medidas positivas, que sin embargo se topan con las posiciones cetrinas de algunos gobernantes nacionales como Rajoy cuando afirmó: "Yo estoy a favor de todo eso. El problema es que hay que manejar un presupuesto", y siguen apostando por la austeridad fiscal y por profundizar en la reforma del mercado laboral. La falta de propuestas sociales de nuestro gobierno no es una novedad, sin embargo los retos a los que se enfrenta el mercado de trabajo (digitalización de la economía y reducción de las desigualdades) necesitan de soluciones que estén a la altura.

Mientras que una  tercera parte de los jóvenes no encuentra trabajo, en Bruselas se insiste en señalar  que el 65% de las personas que estudian desarrollarán sus carreras en profesiones que todavía no existen. Hay miles de jóvenes que trabajan en la economía de plataformas sin ninguna seguridad laboral y son cientos de miles de personas invisibles las que trabajan en sectores como los cuidados que necesitan que desde la UE se den propuestas para garantizar unas condiciones de vida digna. En este sentido el Pilar Europeo de Derechos Sociales, lejos de ser un gran acuerdo   entre los jefes de Estado de la UE y las instituciones para llevar a cabo un plan consistente en reactivar el empleo de calidad en la eurozona, han optado por poner un nombre rimbombante a una propuesta vacía de contenido y que desde luego no va a terminar ni con la exclusión, la dualidad y la precariedad en Europa.

Se propone crear una directiva que permita a los empleados conocer por escrito los aspectos esenciales de la relación laboral y poder evitar una carga laboral indebida y el sobretrabajo. También se plantea una reforma de la Directiva de tiempo de trabajo a raíz de la jurisprudencia sobre el traspaso de las vacaciones  anuales pagadas no disfrutadas o el límite de horas trabajadas por semana. Asimismo en los próximos meses se iniciará la reforma de la Directiva sobre conciliación laboral y familiar para madres, padres y cuidadores, en donde se abogará porque los hombres asuman responsabilidades parentales y de cuidados y en donde nosotros plantearemos que estos permisos sean iguales e intransferibles para así tratar de reducir la brecha de género dentro del mercado laboral. En suma se trata de un conjunto de acciones que prometen arduas y largas negociaciones parlamentarias para tratar de arrancar a la Comisión Europea unas posiciones más progresistas que permitan dar protección a los trabajadores dentro de la UE.

Sin embargo entendemos que  estos pasos aunque positivos y necesarios, no son suficientes. En un reciente informe la OIT señalaba que la pobreza laboral entre los jóvenes ronda el 20%, España sigue siendo el segundo país con mayor tasa de abandono escolar, y el plan de Garantía juvenil por el que España ha recibido más de 6.000 millones de euros de fondos europeos para políticas de promoción de empleo, ha tenido unos resultados tan desalentadores que hasta el tribunal de cuentas europeo ha criticado su aplicación en un último informe. Los salarios han perdido cerca de un 4% de poder adquisitivo en los últimos seis años y en donde el 62% de los trabajadores a tiempo parcial desearían tener un contrato a tiempo completo. Lejos de haberse terminado, la  crisis económica se ha enquistado en los sectores de la población que más han perdido estos años, y la recuperación económica ha llegado para quienes menos han sufrido la austeridad. De ahí que las desigualdades se hayan disparado en los últimos dos años y la necesidad de que desde la UE y los Estados miembros se ponga en marcha una estrategia de creación de empleo de calidad mediante políticas activas que permitan salir de la exclusión social a quienes más han perdido  durante la crisis.

Decimos que no es suficiente porque el Pilar Europeo de Derechos Sociales presenta tres problemas graves de planteamiento. En primer lugar se ha venido criticando que esta propuesta está vacía de contenido real, ya que no está acompañado de las suficientes provisiones presupuestarias para ponerlo en marcha. Seguidamente, la mayor parte de los "nuevos derechos sociales" que se anuncian no son tan nuevos, ya que están contenidos en la Carta Social Europea, y las "nuevas" propuestas legislativas anunciadas corresponden en su mayor parte a directivas de la Unión que necesitaban ser reformadas, no a una  propuesta novedosa para hacer frente a la situación actual. A esto debemos de sumarle, en tercer lugar, que aquellos países que necesitan dar mayor seguridad laboral a sus trabajadores, siguen aplicando las recetas desregularizadoras y de ortodoxia presupuestaria, y por tanto no se muestren tan proclives a tomar las medidas necesarias para regular el mercado laboral.

Existe el riesgo de que Juncker trate de convertir la precariedad en norma, y los nuevos derechos sociales se conviertan en una suerte de "social washing" para justificar las políticas económicas neoliberales. El mercado laboral Europeo necesita volver a reactivar la agenda social con garantías, y para ello que se aborden los problemas de forma integral y se desarrollen políticas más efectivas que las hasta ahora puestas en marcha. Europa debe hablar de por qué los salarios siguen siendo tan bajos, por qué no deja de crecer la desigualdad, por qué apenas se crea empleo de calidad y por qué cada vez hay más exclusión social. Mientras no vuelvan a tener en cuenta a esa  ciudadanía que invisibilizan, las instituciones Europeas seguirán alejándose cada vez más de aquellos a los que representan.

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