Adriana Lastra
Vicesecretaria general del PSOE

Cada año que cumple la reforma laboral del Partido Popular, hace un poco más injusta y desigual nuestra sociedad. Va por su sexto aniversario y los efectos sobre nuestro modelo de relaciones laborales y sociedad están siendo devastadores. Se lo decía el propio ministro de Economía, Luis de Guindos,  al comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, cuando creía que nadie le grababa: "Mañana aprobamos la reforma del mercado laboral y va a ver que será extremadamente agresiva".

Nada más llegar al poder, el PP diseñó esa agresiva reforma laboral con un doble objetivo. En un primer momento, fue una máquina de destruir empleo. La ampliación de los supuestos habilitantes de los despidos por causas objetivas, la eliminación de controles administrativos y judiciales en los expedientes de regulación de empleo,  y la reducción de la indemnización por despido, produjeron una  tormenta perfecta sobre el empleo. Los efectos no se hicieron esperar, y el desempleo superó el 25% en seis trimestres consecutivos. Una cifra que sería todavía mayor si contásemos los miles de jóvenes que se vieron obligados a emigrar buscando un empleo y un futuro.

El segundo objetivo era  sustituir ese empleo digno destruido por empleo precario; convertir salarios decentes en salarios miserables; fraccionar empleo a tiempo completo en empleo a tiempo parcial; cambiar empleo estable por empleo temporal.  En definitiva, se trataba de implantar el nuevo modelo de relaciones laborales que hoy sufrimos, basado en menor calidad del empleo y peores condiciones de trabajo.

Al amparo de la reforma laboral del PP se han generalizado las más variadas formas de subempleo: contratos con jornada de unas pocas horas y duración de sólo unos días; salarios que no dan ni para llegar a fin de mes; categorías profesionales cualificadas en la práctica y bajas en la nómina; trabajadores que fueron despedidos como asalariados y meses después volvieron a ser contratados como autónomos para hacer el mismo trabajo corriendo con todos los gastos; trabajadores (15%) a los que salario no les alcanza para salir de la pobreza; convenios colectivos de empresas multiservicios que superan sólo en unos euros el salario mínimo interprofesional; mujeres que cobran menos (23%) que los hombres. Un desolador panorama de precariedad y desigualdad que, por obra de la reforma laboral, se ha convertido en el modelo protegido y fomentado por nuestra legislación laboral.

Uno de los elementos más perversos de la reforma laboral es el abuso de la contratación temporal. Gracias a ella, la tasa de temporalidad de nuestro país (27,5%) es la más alta de Europa, casi el doble que la tasa media de la Unión Europea (14,4%). A la vez, han aumentado los contratos a tiempo parcial, algo no necesariamente malo si no fuese porque en su mayoría (60%) son involuntarios, es decir, se trata de trabajadoras y trabajadores que querrían y necesitarían un trabajo a tiempo completo, pero a los que sólo se les ofrece unas horas de trabajo mal pagado.

Cuando una economía que crece al 3% sólo es capaz de cambiar parte de su desempleo por empleo precario, hay muchos motivos de indignación para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país.  Si en esta fase expansiva de la economía nuestro modelo mantiene altas tasas de desempleo y sólo es capaz de generar empleo temporal y mal pagado ¿qué hará cuando el contexto económico no sea tan favorable?

La ciudadanía se pregunta hoy por qué los beneficios empresariales han recuperado los niveles previos a la crisis y no ha sucedido lo mismo con sus salarios.  Se pregunta cómo, creciendo al 3%, es posible que no seamos capaces de recuperar a los jóvenes que emigraron buscando un futuro que nuestro país todavía no les ofrece.

El descenso del desempleo se construye sobre el frágil e injusto andamiaje de la precariedad. Cuando trabajar no sirve para sostener una vida digna es necesario poner el foco en otros indicadores, porque exhibir sólo los datos de desempleo resulta muy engañoso. Para completar el cuadro necesitamos fijarnos en el salario medio, en el índice de temporalidad, en el número de contratos a tiempo parcial, en el volumen de las rentas salariales sobre el total, en la recaudación por cotizaciones o en la brecha salarial. Así descubriremos la España real, un país muy diferente al que dibujan la obscena arrogancia de Báñez y Rajoy.

No se puede aceptar este modelo  como la normalidad. Hay un modelo alternativo que pasa por recuperar los derechos de los trabajadores con los que acabó la reforma laboral. Por crear un nuevo marco que limite la contratación temporal a los supuestos excepcionales en que es necesaria. Que no facilite los despidos sino las contrataciones. Que recupere la negociación colectiva como factor de cohesión. Que revalorice los salarios. Un nuevo marco que necesita, como primer paso, derogar toda esta injusta normativa. Faltan motivos para celebrar este aniversario de la reforma laboral y sobran para insistir en que no debería cumplir un año más.