Javier Couso
Eurodiputado de Izquierda Unida

El pasado mes de enero, el plenario del Parlamento Europeo volvió a responder a la llamada y al grito de "¡Rusia es culpable!" algunos remedaban a Serrano Suñer. Eurodiputados de casi todos los colores -con excepción de la izquierda-, acordaron señalar a Rusia como un régimen autoritario y una amenaza a la seguridad europea en el contexto de la "guerra híbrida," una expresión que se ha convertido en fetiche de la obsesión antirrusa que reina en la Unión Europea y la OTAN.

El debate estuvo presidido por el socialdemócrata Ioan Mircea Pascu, que utilizó su posición institucional para dar su opinión sobre las fake news rusas y hacer recomendaciones literarias al resto de miembros de la Cámara. Un dato que puede ser relevante en este debate, dadas las llamadas a la democracia, la libertad y la autonomía, es que en 2003, Pascu, durante su etapa como ministro de Defensa, autorizó las instalaciones de tortura de la CIA en Rumanía.

En el pleno, algunos eurodiputados españoles aprovecharon la ocasión para hablar de la supuesta injerencia rusa durante la crisis política en Cataluña. Apoyándose en informes del Congreso de Estados Unidos y la comisión de investigación del Parlamento británico, Juan Fernando López Aguilar apuntó a la existencia de una "estrategia de confusión" dirigida a favorecer a los independentistas.

Esteban González Pons fue más específico mencionando los "4.800 robots que difundían de forma constante información falsa" con el objetivo de romper España. Este contexto de incriminaciones sin pruebas, le ha parecido suficiente justificación a María Dolores de Cospedal para incorporar una amenaza incierta a la estrategia de seguridad nacional. Para colmo, la gestión chapucera de este ofuscamiento reveló una grave brecha de seguridad.

Desde la Unión Europea se azuza el terror a Rusia como tapadera de las miserias internas. Es sonrojante ver cómo se fabrican fobias para desviar la atención de discusiones ineludibles, que tienen que ver con las fracturas sociales y políticas de nuestros países. La obsesión antirrusa ha ido agrandándose a medida que se agravaban problemas como el ascenso de partidos de extrema derecha o empeoraban las condiciones de vida de las mayorías.

El señalado debate en Estarsburgo fue, en la práctica, una actualización de los argumentos presentados en 2016, en el informe sobre Comunicación estratégica de la UE para contrarrestar la propaganda de terceros en su contra. En cuestiones de rusofobia, la gran coalición europea articula sus políticas a través de la extrema derecha.

De hecho, el documento fue desarrollado y defendido por Anna Elzbieta Fotyga, eurodiputada del PiS, el partido que protagoniza una nueva revolución conservadora en Polonia y que ha provocado reacciones masivas de oposición en la calle. El informe fue aprobado gracias a la abstención de los socialistas y con los votos favorables de los grupos conservadores, los liberales y los verdes -con la honrosa excepción de Ernest Urtasun-.

El texto, que comparaba la amenaza de Rusia con la del ya moribundo Estado Islámico, hacía un llamado a incrementar los fondos para la puesta en marcha de instrumentos de "contrapropaganda", a través de la Política de Vecindad, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y el Fondo Europeo para la Democracia.

Además, solicitaba a los países miembros la difusión entre sus ciudadanos del boletín informativo Disinformation Review, una plataforma de "respuesta a la desinformación pro Kremlin" de la que, hasta hace poco tiempo, las instituciones europeas renegaban, y ahora resulta estar dirigida por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Será por los antecedentes durante la época en la que se desconocía la autoría de los artículos publicados en el boletín, que el informe pide "una redacción apropiada", "que no se haga uso de un lenguaje ofensivo" y que "se revisen los criterios utilizados para la redacción de dicha publicación". Es decir, se insta a que el boletín sustituya el discurso antirruso chabacano y torpe, por uno más sofisticado.

El refuerzo y la mejora de estos instrumentos implican una escalada ideológica e intervencionista en países con equilibrios políticos delicados como Moldavia, o en los que hay conflictos armados en curso, como Ucrania. Estos movimientos suponen la confrontación en espacios en los que Europa se juega su propia independencia, en tanto que de ella depende su capacidad para relacionarse de forma normal con sus vecinos.

Más graves aún si cabe son las consecuencias internas de esta escalada. En primer lugar, el planteamiento de la guerra híbrida, explícito en el mencionado informe y en los debates parlamentarios, conlleva la identificación de amenazas internas en alianza con los enemigos externos. De este modo, el Informe Fotyga institucionaliza la figura de la "quinta columna", en lo que denominan una "guerra informativa", y muestra preocupación por "los muchos repetidores de los que dispone la propaganda hostil a la Unión en su seno".

Mientras algunos, como González Pons o López Aguilar, aprovechan la ola para echar balones fuera sobre la responsabilidad de sus partidos en Cataluña, otros representantes, como Fotyga, trabajan de manera sistemática y desde hace varias décadas en un proyecto de cambio social en el que muchos quedamos fuera. La derecha conservadora, en este sentido, ha hecho grandes avances en su agenda.

Y, en segundo lugar, el empeño por definir la propaganda rusa contra Europa como una cuestión de seguridad, puede conducirnos a desastres como la guerra de Irak y a ignorar los riesgos reales. Es difícil imaginar una amenaza mayor a la seguridad que una injerencia fundada en falsedades, de las que nadie quiere aceptar su responsabilidad.

Un conflicto al servicio de los intereses de potencias extranjeras, que arrastre a los ejércitos propios a aventuras militares inciertas y que deje expuesta a la población civil. Esta actitud contra Rusia, que no sostiene verificación racional alguna, nos va dejando cada vez más expuestos a todos.