La Comunidad de Madrid nunca fue muy querida por sus gobiernos. Nacida casi por descarte (Castilla-La Mancha no quería integrar un monstruo como la capital de España), su creación tuvo que esperar a la última tanda de estatutos, la de febrero de 1983. La identificación de la ciudadanía madrileña con su Comunidad no fue fácil y seguramente debe bastante a los mejores años de Telemadrid. 

Después, cuando bajo los gobiernos de Zapatero casi todas las comunidades autónomas actualizaron sus estatutos con la participación de todos los partidos, los gobiernos madrileños, surgidos del tamayazo estaban más pendientes de saquear el agua, la educación, la sanidad, la televisión, las infraestructuras... de la Comunidad de Madrid que en actualizar su Estatuto como estaba haciendo el resto de España. Curiosamente ello llevó por primera vez a grandes movilizaciones en defensa de la Comunidad de Madrid, de sus bienes públicos: las mareas blanca, verde, azul... hicieron que por primera vez millones de personas se dieran cuenta de que la Comunidad de Madrid era determinante en sus vidas, en su día a día, que las políticas de saqueo, recorte y privatización autonómicas les retrasaban la consulta del médico, empeoraban la educación de sus hijos... 

Un territorio como Madrid, de fuerte componente metropolitano y que alberga a la capital de España, estaba llamado a estar en la vanguardia de la modernización del país y sin embargo sus gobernantes siempre la han tenido a la cola. La Comunidad no ha tenido quien la escriba. 

Tras llegar tarde a la creación de las autonomías y perderse por incomparecencia su modernización, en 2016 el Gobierno de Cristina Cifuentes registró un par de leyes ampulosamente llamadas "de regeneración democrática". Una de ellas reformaba el Estatuto de Autonomía con apenas media docena de medidas formales, algunas positivas, otras irrelevantes en lo democrático y alguna que otra claramente regresiva en términos democráticos (cómo la división en circunscripciones fantasma para conseguir dividiendo Madrid lo que no se consigue cuando vota Madrid). Una vez conseguidos los titulares y mientras hacía lo contrario de lo registrado, Cifuentes abandonó el proyecto en un cajón y mintió diciendo que la oposición lo bloqueaba (algo materialmente imposible como demuestra que ha bastado que un grupo anunciase su activación el 20 de febrero para que vayamos a debatirla el 1 de marzo). 

Más allá del contenido concreto de la reforma de Cifuentes, la evidencia es que es una nueva forma de intentar escapar de la necesidad de modernización de la Comunidad de Madrid. Si los anteriores gobiernos autonómicos estaban preocupados exclusivamente de saquear la Comunidad, el de Cifuentes ya no oculta que su única obsesión es que nos olvidemos de que la presidenta estaba allí, dirigiendo y defendiendo sin matiz alguno cada operación corrupta de las que arruinó a la Comunidad de Madrid. Acompañará a Cifuentes hasta su cese su confesión en plena gira televisiva: "Para mí no hay una prioridad mayor que demostrar que Granados es un sinvergüenza". El reto de demostrar que Granados es un sinvergüenza tampoco parece demasiado ambicioso, y menos para alguien que lo ha conocido tan bien como Cifuentes, pero Madrid merecería que la prioridad fuera su sanidad, su educación, su justicia, su Metro, su agua, su Cercanías... El humo propagandístico no es inocuo: es la enésima muestra de un gobierno colapsado que no tiene proyecto de Madrid.

La reforma del Estatuto nos ofrece una oportunidad no ya de poner a nuestra Comunidad Autónoma a la altura de lo que hicieron otras hace una década (que sería un paso), sino al frente de la modernización territorial de España. Que la Comunidad de Madrid no tenga conflictos identitarios ni nacionales relevantes no puede ser la excusa para que siga siendo la última de la clase sino precisamente un motor para que podamos modernizar nuestra Comunidad sin demasiadas dificultades viscerales. 

Merecemos un Estatuto del siglo XXI que blinde los derechos de los madrileños, la sanidad, la educación, el agua pública, la atención real a la dependencia, los servicios sociales; un Estatuto del siglo XXI que apueste por una democracia avanzada, en la que la ciudadanía participe y los cargos públicos sean transparentes. Como garantía de que las instituciones servirán a la gente, y no al saqueo de lo común para unos pocos privilegiados. 

Para ello la Comunidad de Madrid no merece un par de debates de mera propaganda electoral sobre reformas escasas, salidas de un despacho y que no quieren ser debatidas (ni votadas) más que en la amurallada Asamblea de Madrid.

La ciudadanía madrileña no merece ser despachada con un duelo de selfies sino que merece, por fin, una apuesta ambiciosa para poner nuestra Comunidad como locomotora de una España del siglo XXI, en la que la descentralización sea sobre todo motor de derechos sociales y democráticos. Madrid merece que, por fin, la escriban.