Como cada año, Naciones Unidas llama el 22 de marzo a celebrar el Día Mundial del Agua. Este año, los movimientos sociales que trabajan y luchan en los diversos frentes y conflictos del agua, se han comprometido a trabajar unidos en pro de un Acuerdo Social del Agua frente al Cambio Climático. A mediados de febrero, tuvo lugar en Zaragoza un encuentro en el que convergieron, por un lado, los movimientos que desde mediados de los 90 defienden la recuperación de ríos, humedales y acuíferos, en sintonía con la Directiva Marco Europea del Agua (DMA); y por otro, los surgidos en la última década en defensa del agua pública, frente a las presiones privatizadoras de los servicios de agua y saneamiento. En nuestro país ambos frentes de movilización social han encontrado, en la coherencia de la nueva cultura del agua, una sintonía poco frecuente a nivel internacional. En el primero suelen confluir en todo el mundo grupos ecologistas y afectados por grandes presas y trasvases; mientras que en el segundo unen sus fuerzas sindicatos, asociaciones vecinales y de consumidores. Afortunadamente, aunque la falsa contradicción entre desarrollo y sostenibilidad suele generar recelos entre unos y otros, en nuestro país, al parecer, la confluencia socio-ambiental en torno al agua se abre camino ante los retos que impone el cambio climático.

Un cambio climático que genera riesgos crecientes de sequía y de inundación, al tiempo que anuncia una fuerte recesión de caudales disponibles, por reducción de la precipitación media y por el drástico aumento de consumo de las masas vegetales derivado del incremento de temperaturas. En este contexto, el llamado Pacto Nacional del Agua, que promueven PP y Ciudadanos, parece apostar por transformar estos problemas en negocio para constructoras y operadores de aguas, reanimando viejas políticas del hormigón, promoviendo la mercantilización del agua y fomentando la privatización de servicios de agua y saneamiento. Desde la movilización ciudadana, sin embargo, emerge una visión muy distinta en la que:

• el agua debe ser gestionada como un bien común, al tiempo que el acceso a servicios de agua y saneamiento debe ser garantizado como un derecho humano;
• el buen estado de ríos, humedales y acuíferos debe ser una prioridad, por encima de ambiciones insostenibles, tal y como exige la Directiva Marco del Agua;
• el principio de precaución debe presidir la planificación hidrológica, a fin de minimizar nuestra vulnerabilidad frente a sequías y riesgos de inundación.

Principios sobre los que se levantan propuestas concretas:

1. Garantizar legalmente el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, promoviendo nuevos modelos de gestión pública participativa y transparente, frente a la privatización de servicios de agua y saneamiento.
2. Combatir la mercantilización del agua, actualmente vigente, con los cambios legales necesarios, para garantizar el dominio público sobre el ciclo hidrológico y la gestión sin ánimo de lucro del agua, como un bien público, en base al interés general.
3. Asumir como ejes centrales de la planificación la prevención de sequías y crecidas, mediante adecuadas políticas de adaptación al cambio climático, y el desarrollo efectivo de los principios y objetivos de la Directiva Marco del Agua.
4. Frenar el crecimiento de demandas y adaptar las expectativas, tanto de riego como urbano-industriales, a la reducción de caudales que impone el cambio climático.
5. Superar las viejas estrategias "de oferta", basadas en más presas y trasvases, tan caros como ineficaces cara a futuras sequías (ya tenemos suficientes trasvases y presas sin agua, aeropuertos sin aviones y autopistas sin coches ...), transitando a las estrategia de racionalidad económica y de gestión de la demanda que exige la UE.
6. Recuperar nuestros acuíferos como reservas estratégicas en sequía, acabando con el desgobierno de las aguas subterráneas y el millón largo de pozos ilegales existente.
7. Respetar los caudales ecológicos para recuperar el buen estado de nuestros ríos y los flujos de sedimentos para garantizar la sostenibilidad de deltas y playas.
8. Desarrollar, donde sea necesario y viable, las nuevas tecnologías de desalación, regeneración y reutilización de caudales, usando la energía del viento y del sol.
9. Proteger las explotaciones agro-ganaderas más vulnerables ante el cambio climático, reactivar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y proteger la fertilidad y productividad de las mejores tierras en huertas y vegas tradicionales.
10. Priorizar el abastecimiento y la prevención de inundaciones en pueblos y ciudades, minimizando nuestra vulnerabilidad frente a los riesgos de sequía y de crecidas.

Propuestas y medidas que perfilan una coherencia ética, ambiental, social y política bien distinta que espero permita levantar ese Acuerdo Social del Agua.