La derecha ha sabido aprovechar la crisis política y económica para apuntalar su proyecto estratégico. Impuso un programa de ajuste duro, recortando el Estado de bienestar y devaluando las condiciones laborales. Y está aprovechando la crisis catalana para dar un nuevo impulso a su proyecto de recentralización y de involución autoritaria. Una involución que ahora sufren políticos catalanes, pero que también han sufrido sindicalistas, tuiteras o artistas, en aplicación de unos tipos penales que vulneran los derechos de manifestación y de expresión.

El proyecto estratégico de la derecha y de las élites no sólo no ofrece soluciones sino que agudiza los problemas que tiene el país. PP y C's no dan respuesta a las demandas de la mayoría de la sociedad de un desarrollo económico sin desigualad social. Tampoco a las exigencias de redistribución de la riqueza que expresan las movilizaciones por unas pensiones dignas; ni a las demandas de igualdad real entre mujeres y hombres que plantea el movimiento feminista o de acceso a un trabajo estable y a una vivienda digna de la gente joven; como tampoco tienen alternativa para combatir el principal problema que legaremos a las generaciones futuras: el cambio climático. Y menos aun pueden dar solución a la corrupción cuando el PP es el principal generador de casos de corrupción.

La actual mayoría de Gobierno en el Estado tampoco tiene un plan real para resolver la situación de Catalunya. No tiene un plan efectivo para que la gran mayoría, y no sólo una parte, de la sociedad catalana se sienta reconocida e integrada des de la diversidad, que no asimilada como pretenden PP i C's, en un Estado común. Sólo tienen un plan de contención y escarmiento, pero no de solución a medio y largo plazo. La judicialización del conflicto catalán y la politización de la justicia, con la vulneración de derechos que suponen las penas de prisión preventivas por un inexistente alzamiento violento, sólo pueden contribuir a enquistar el problema y a desprestigiar el Estado español ante Europa, especialmente después del pronunciamiento de la justicia alemana en el caso de Puigdemont.

Así pues, la necesidad del cambio político en un sentido progresista es más urgente que nunca. El dilema es entre reacción o cambio democrático; entre la involución en derechos y libertades o cambio progresista y profundización democrática.

Catalunya históricamente siempre ha sido fundamental, no en exclusiva pero sí de forma destacable, en todos los procesos de cambio, en todos los avances democráticos y de transformación política y social, ya sea la recuperación de la propia democracia, la descentralización del Estado o los cambios de gobierno de signo progresista. Por otra parte, la recuperación de las instituciones catalanas y los avances del autogobierno siempre se han producido en el contexto de cambios políticos en España en los que las mayorías sociales y políticas de Catalunya han tenido un papel determinante.

Las derechas, especialmente C's, necesitan mantener el conflicto catalán, rechazan cualquier salida política basada en el diálogo para, entre otras cosas, evitar que los problemas sociales y económicos o la corrupción del PP, al que Rivera va a revalidar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, centren el debate social y político.

Por otra parte, en su huida hacia el abismo el independentismo unilateral ha basado su relato en la idea, reaccionaria por cierto, de que España es irreformable. Para el independentismo, especialmente para el sector de Puigdemont, afianzar el relato de España contra Catalunya, entendidas como realidades uniformes y opuestas, es fundamental para garantizar la subalternidad del independentismo de izquierdas y evitar nuevas mayorías. Aunque el precio a pagar sea la división de la sociedad catalana y que haya ganado las elecciones C's, una fuerza política que cuestiona no ya el independentismo sino los elementos más básicos del catalanismo, como la normalización lingüística o la escuela catalana.

Por eso que Ada Colau llegara a la alcaldía de Barcelona o que En Comú Podem venciera en las elecciones generales en Catalunya dos veces consecutivas no entraba en el guión de los que quieren instalar permanentemente la política catalana en la dinámica de bloques. Por eso, tanto C's como sectores del independentismo de derechas se plantean proyectos electorales en Barcelona que quieren trasladar esa dinámica tóxica de bloques a las próximas elecciones municipales y así que los proyectos de ciudad, la vivienda, las políticas sociales o la remunicipalización de servicios como el agua pasen a un segundo plano ante el debate identitario.

Para conseguir el cambio es prioritario coser la sociedad catalana, ahora fuertemente dividida, superando los bloques y reconectar la realidad social y política catalana y española en un proyecto de cambio compartido. Una conexión que nunca ha dejado de existir en el ámbito de los movimientos sociales, en las luchas por el derecho a la vivienda, en las luchas sindicales o en el movimiento feminista. Reconectar como hacen los ayuntamientos del cambio, con Barcelona y Madrid a la cabeza, compartiendo experiencias y demostrando que el cambio es posible. Y como hace el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con un proyecto compartido que reconoce la realidad plurinacional de España.

La realidad es que no hay cambio político progresista en España sin la aportación de la mayoría de la sociedad catalana y no hay cambio para Catalunya, ni forma posible de canalizar de forma democrática e inclusiva el conflicto catalán, sin un cambio progresista en España.