Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Lo dice la Constitución Española. Y aunque el artículo 47 de la Constitución es de sentido común, las políticas de vivienda desarrolladas por el Partido Popular en el gobierno y promovidas por los buitres financieros dictan otra sentencia: tener una vivienda (ya ni decimos digna, ni siquiera adecuada) tiene un coste elevado, muy elevado.

En la Comunidad de Madrid, como en la mayor parte de España, gracias al Partido Popular y al entramado de empresas, bancos y partidos satélite como el flotador naranja (Cs) la vivienda como derecho es un mero eslogan publicitario. ¿Qué ha hecho el PP en materia de vivienda? Promover la especulación e inflar la burbuja inmobiliaria al conceder bonificaciones fiscales del 95% a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). ¿Qué quiere decir esto? Que la compra masiva de terrenos y de pisos tiene como recompensa ventajas fiscales. ¿Resultado? Los fondos buitres han comprado 50.000 millones de euros en activos inmobiliarios y se han convertido en las mayores inmobiliarias de España, provocando subidas generalizadas en el precio de los alquileres. Este mismo mes el precio de la vivienda ha subido un 5,4% el mayor aumento desde 2007.

La receta del PP provoca desahucios, ciudades para turistas, mientras nos condenan a los jóvenes al paro o, en la mejor de las situaciones, a una precariedad eterna donde la vida laboral no deja de ser una sucesión de contratos basura, temporales y mal pagados. Muchos han decidido volver a las casas familiares, logrando que más de un tercio de los jóvenes entre los 25 y los 34 años vivan con sus padres. Y otros hemos tenido que marcharnos en dirección a las periferias, en busca de un piso más barato para poder afrontar el pago del alquiler.

¿Y qué ha hecho el flotador naranja del PP, Ciudadanos? Junto con el PP, han sepultado la ILP del derecho a la vivienda en la Asamblea de Madrid.

El modelo de salida de la crisis que están proponiendo el PP y Ciudadanos es el mismo modelo que nos metió en esta crisis-estafa: una burbuja inmobiliaria que ha servido para llenarle los bolsillos a los ricos, a costa de los desahucios de la gente, de la mayoría de este país. Tanto Ciudadanos como el PP han bloqueado las soluciones a los desahucios, se han opuesto a regular el precio del alquiler, han rechazado la dación en pago retroactiva o el realojo temporal a familias en emergencia en pisos vacíos y combatir la pobreza energética.

Los intereses de los buitres frente a los intereses de la gente. Y para colmo, el mes pasado Ciudadanos se alió con el PP contra el dictamen que determina ilegal la venta que hizo Ana Botella de más de 1800 viviendas sociales a fondos buitres.

A pesar de la Constitución, a pesar de lo que dice la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, para la casta la vivienda no es más que un instrumento para enriquecerse, para colocar a sus enchufes, para saquear las instituciones y robarle la democracia que nos pertenece a todos y a todas. Por eso hace falta rescatar la vivienda como derecho. Recuperar la vivienda como bien común y rescatar con ello nuestra democracia, como lo está haciendo la PAH que ha despertado las conciencias de miles de madrileños organizándose, defendiendo la dignidad y el sentido común. Como lo están haciendo las inquilinas e inquilinos afectados por el alquiler, que se organizan en sindicatos, asambleas y coordinadoras para denunciar el abuso reiterado de los precios.

Lo que es considerado por algunos como "el problema de alquiler" en realidad no es un problema sectorial que afecta a algunos, sino un problema de la propia democracia. Un problema en el que los protagonistas son los fondos financieros que acumulan y acaparan casas y pisos a la costa de la desposesión de las mayorías sociales. Para que unos tengan tanto, mucha gente tiene que quedarse tirada.

Una democracia no es sólo votar libremente cada 4 años. Es también la democratización de la economía y de bienes esenciales para que todos, seamos quienes seamos, tengamos acceso a ellos. En 2018, hablar de una vivienda asequible para desarrollar un plan de vida digno es un espejismo. En la Comunidad de Madrid, tanto el PP como Cs están poniendo en riesgo los derechos fundamentales, la constitución y la propia democracia.

Es necesario recuperar la vivienda como derecho constitucional, donde el Estado tenga como obligación garantizar un techo para el desarrollo de una vida digna, independientemente de nuestra condición social, de nuestro género, de nuestro color de piel o de donde hayamos nacido.