Tras más de un año de trabajo, esta semana se presenta el informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del artista y del trabajo cultural. Que un trabajo esmerado y minucioso como este se haga público en una semana tan extraña para la cultura española, tras una dimisión acelerada, tiene algo de agridulce, pero también de familiar. De una manera u otra, para la cultura (como, por cierto, para la filosofía) todos los tiempos son tiempos de crisis.

Desde su creación, la Subcomisión ha trabajado con numerosos agentes sociales y culturales, personas y colectivos, con incontables informes y materiales, para abordar, desde un punto de vista legislativo, algunas claves profundas de eso que llamamos "la cultura". El primero que cabe resaltar es que la cultura, como sector, es extraordinariamente precaria. Su intermitencia característica se entremezcla con dinámicas de contratación temporal insostenibles, falsos autónomos por doquier, pensiones ínfimas y, en general, con situaciones sociales tan preocupantes como las que conocemos por otros contextos profesionales. La mayoría de las propuestas del informe apuntan en esta dirección: fiscalidad justa, protección laboral como cualquier otro trabajador y acceso equitativo al sistema de garantías sociales.

La cultura es un derecho, un bien común y un sector estratégico. La precariedad afecta por igual a estas tres dimensiones: no es posible que las y los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho al acceso a la cultura (art. 44.1 de la Constitución de 1978) si las personas que se dedican a ella no tienen condiciones materiales dignas para producirla, crearla, distribuirla, mostrarla o educar en su disfrute.

Igualmente, no es posible compartirla o promocionarla en el exterior si quienes desean dedicarse a ella se encuentran con tantas barreras de partida, entre ellas la imposibilidad de un curso profesional mínimamente estable. Como ocurre con la política cultural, que es una política del bien común, la precariedad del sector no es solo un asunto gremial, luego de unos pocos. Tiene un amplio alcance social y repercute negativamente en los derechos y oportunidades de todas y todos: cuanta menos precariedad, más y mejor cultura para toda la ciudadanía. Cuantos más derechos, más cultura y más diversa.

En segundo lugar, el informe de la Subcomisión quiere ayudar al reconocimiento de las profesiones culturales y, en general, de la cultura para la sociedad. También para quienes llevamos tiempo cerca del sector, los trabajos han sido reveladores de los numerosos pliegues del tejido cultural español. La casuística es enorme y la legislación vigente es a menudo inoportuna o poco sensible a la especificidad del trabajo cultural. No solo no garantiza condiciones materiales razonables, es que no reconoce profesiones tan importantes como las específicamente vinculadas al Patrimonio, la mediación cultural o la educación de museos. Por estos motivos, a la hora de proponer soluciones hemos tenido que esforzarnos mucho y echarle no poca imaginación. En ese sentido, no puedo sino admirar el trabajo de todos los grupos parlamentarios y de todas las personas y colectivos que han comparecido y cooperado con la Subcomisión.

Por último, el informe de la Subcomisión puede ayudar a cambiar de paradigma en materia de política cultural, en el sentido de poner en el centro más aspectos que el IVA o las descargas ilegales. Mejorando las condiciones materiales de las y los profesionales del sector se fortalecen derechos que son de todas y todos. Pero es que el énfasis en las condiciones materiales también permite poner el acceso a la cultura y, por tanto, a los públicos, en el centro de las políticas culturales. El fomento de una cultura sostenible implica combinar al menos estos dos niveles: por un lado, carreras profesionales viables y, por el otro, una cultura que por accesible y disfrutable es protagonista de la vida social y, en consecuencia, genera condiciones para que el tejido sea más autónomo y diverso.

Los retos políticos en esta materia no acaban con el informe de la Subcomisión. De hecho, con él se inicia una fase que va a requerir aún mucho diálogo, buen hacer y voluntad de todas las partes, Hacienda incluida. Sin embargo, ofrece una agenda legislativa de avance social, que no es poco. Propone un camino, que es algo. Apunta hacia un futuro sostenible, accesible y diverso para la cultura, que es mucho.