Otras miradas

Los Presupuestos Generales del Estado tiran nuestros derechos a la basura

Mercedes Ruiz-Giménez

Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Mercedes Ruiz-Giménez
Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo

El Consejo de Europa ha dado la voz de alerta: los recortes que está llevando a cabo el Gobierno degradan los derechos humanos y provocan un preocupante incremento de pobreza y desigualdades. Desde la ciudadanía observamos esta situación con preocupación y llegamos a suspender al Gobierno en su deber de garantizar los derechos de las personas más excluidas: apenas le otorgamos una nota de 3,2.

Tanto el Consejo de Europa como la ciudadanía lo tienen claro: los recortes en las políticas sociales son una violación de derechos humanos.

Quien parece no tenerlo tan claro es el Gobierno que insiste en denominar a los Presupuestos Generales del Estado para 2014 como los "presupuestos de la recuperación", mientras se pliega a las exigencias del cumplimiento del déficit y reduce el gasto en todos los ministerios un 4,7%. Aunque el Gobierno prevé que en 2014 el PIB crecerá un 0,7%, está recuperación no impactará directamente en un fortalecimiento de las políticas públicas sociales y en la consecuente mejora de la vida de las personas. Más bien todo lo contrario. Quienes sí están disfrutando de ese crecimiento son las grandes empresas, los bancos y las grandes fortunas.

Estos Presupuestos tiran nuestros derechos a la basura y así lo hemos representado hoy frente al Congreso. El progresivo debilitamiento de la salud, la educación, la dependencia, la igualdad o la cooperación al desarrollo ponen en serio riesgo el cumplimiento efectivo de los derechos, asfixian la capacidad de las personas de vivir con dignidad y consolidan un Gobierno que no asume sus responsabilidades ante la ciudadanía.

Campeones mundiales en recortes en cooperación al desarrollo

La política pública más afectada por los recortes ha sido la Ayuda Oficial al Desarrollo, con un descenso acumulado desde 2011 del 70%. Se alcanzan, de este modo, niveles de los años 90. España ostenta el lamentable reconocimiento estar a la cabeza de los países de la OCDE en reducción de fondos de Ayuda al Desarrollo.

Mientras Rajoy alardea en la ONU de su compromiso con la cooperación y la lucha contra la pobreza, las decisiones políticas de su Gobierno indican todo lo contrario. Los números no mienten y demuestran que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 rematan una cooperación ya prácticamente desmantelada. Los fondos son tan escasos que prácticamente se limitan a aquellos destinados a las contribuciones obligatorias a la UE. Entonces, ¿cómo hablar de una política de cooperación con relevancia global si no se le otorgan los recursos necesarios para ejecutarla?

Alegan que no hay dinero, que hay que cumplir con el déficit y que, por tanto, no hay muchas opciones. Discrepamos. Dinero hay, lo que no hay es voluntad política de recaudarlo. Es urgente que se establezcan sistemas fiscales más justos y progresivos que garanticen que empresas y grandes fortunas contribuyen de manera justa. Si se aplicara una tasa a las transacciones financieras podrían recaudarse 5.000 millones de euros al año –una propuesta, por cierto, que apoyaron todos los grupos de las oposición pero que el Gobierno rechazó incluir en los Presupuestos. Si se persiguiera con contundencia la evasión fiscal, podrían recaudarse hasta 23.000 millones de euros. Y así podríamos seguir con otras propuestas. ¿De verdad no hay dinero?

El cumplimiento del déficit no puede seguir siendo utilizado como excusa para recortar aún más los derechos de la ciudadanía y acabar con las políticas públicas sociales abocando a millones de personas a situaciones de pobreza, desigualdad e inseguridad humana.

Si realmente España quiere ser un actor internacional creíble, respetable, ético y comprometido ha de dar un giro de timón inmediato. El mundo profundamente interconectado en el que vivimos y sus enormes retos exigen actuaciones responsables que  no tiren los derechos a la basura, ni aquí ni en ningún lugar del planeta. La voluntad expresada en palabras debería demostrarse en las cuentas del Estado y en políticas que garanticen la defensa y protección universal de los derechos humanos. Las palabras sin sus correspondientes actos se las lleva el viento.

En la actualidad, el compromiso con la cooperación al desarrollo ha de ir mucho más allá de los fondos destinados en la conocida como Ayuda Oficial al Desarrollo. Los retos del momento que vivimos exigen políticas que confluyan en la lucha contra la pobreza y contribuyan a un desarrollo sostenible y sostenido, en cualquier lugar. No podemos construir por un lado y derribar por otro.

Seguir degradando las políticas sociales atenta contra los derechos humanos, mina la confianza ciudadana en un Gobierno que elude sus responsabilidades y debilita el pretendido rol de actor global responsable del que alardea el Gobierno. Y eso no lo dicen sólo las ONG, también lo dice la ciudadanía e incluso el Consejo de Europa.