Otras miradas

Propósito para el año nuevo: una reflexión en torno a la electricidad

María Llanos Castellanos

Doctora en Energía Eólica, exconsejera de Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha y exdirectora de Política Local del ministerio de Política territorial.

El sainete navideño protagonizado por las empresas eléctricas, echando un pulso a un Gobierno sonado e impotente, ha reforzado la impresión ya muy acuñada entre la gente de que esos a los que votamos no son de verdad los que mandan. Todo tiene un relato, como dicen ahora los modernos, así que hagamos brevemente éste: el Ministro de Industria señala reiteradamente que la luz no va a subir, intentando tranquilizar a unos ciudadanos que se asombran de la posibilidad del incremento de precio de un bien del que hay mucho (tenemos sobrecapacidad cercana a un 40%) y del que se solicita cada vez menos (pues hay menos consumo). Como a pesar de todos estos datos, este año sigue habiendo un desequilibrio entre lo que se cobra al consumidor y lo que se ha reconocido que se tiene que pagar a los intervinientes en el mercado eléctrico, nos encontramos con un déficit (famoso déficit de tarifa) de 3.600millones de euros.

El Ministro de Industria había llegado a un acuerdo con las empresas al prometerle que ese desfase se iba a cubrir con los Presupuestos (es decir, con sus impuestos y los míos), pero ante la prohibición de Bruselas y aceptada por el Ministro Montoro, el acuerdo se rompe. Final del sainete: las empresas deciden que sí o sí van a cobrar sus 3.600 millones y, si no es vía impuestos, será vía factura de la luz, por lo que desde el día 2 de diciembre (la negativa de Montoro es del 29 de noviembre) se veía un incremento del precio de casación que no era anormal; de hecho, profesionales del sector venían avisando ya de la jugada.

Ante este aterrador escenario (para el consumidor, por supuesto), debe de haber una explicación porque nadie entiende qué ocurre en este sector para que su fuerza y su capacidad de enfrentamiento sea tan brutal. Buena parte de la explicación de la posición de las eléctricas se debe a nuestra particular historia. Hay que tener en cuenta que frente al marco general europeo tras la II Guerra Mundial, cuando ante las necesidades de reconstrucción se generalizan las nacionalizaciones (Gran Bretaña nacionalizó en 1947, Francia en 1946 y posteriormente Italia en 1962, con el creado Ente Nazionale per Énergia Elettrica, ENEL) que sitúan en la esfera pública la decisión del mix energético y sobre todo qué tecnología situar en los puntos necesarios para satisfacer puntas de consumo que serán luego las que marquen la retribución global de todas las producidas, nosotros optamos por una fórmula típicamente spanish y única en el entorno: la llamada "Acción Concertada", que no era otra cosa que conservar en manos privadas todos los medios de producción eléctrica y el control de su gestión (ya se había encargado de eso José María de Oriol y Urquijo, que convenció personalmente a Franco), imponiendo obligaciones en la fase de suministro fundamentalmente, y que en términos prácticos significaba una relación de igual a igual con el que había que negociar y al que no se le imponían ni directrices ni órdenes (hablo de la práctica, no del tenor literal de los textos normativos).

Este origen explica gran parte de la actitud y de la posición psicológica de la que se parte en las eléctricas cuando se habla con el Gobierno. Recordemos el pulso que ya sufrió el Ejecutivo cuando preparaba el texto con el nuevo impuesto eléctrico y que a instancias de la Oficina Económica del Gobierno contemplaba que la cuantía a pagar por tecnologías como la nuclear y la hidráulica fuera mayor. Presionaron y presionaron hasta que lograron un café para todos. Todas las tecnologías igual a pesar de que unas, las tradicionales, se pueden resarcir del impuesto en el mercado, mientras que las renovables son precio aceptantes (tienen que ofrecer su electricidad a O euros y no tienen margen de maniobra).

Todo nos lleva a concluir que esta situación de amenaza y chantaje no puede sostenerse. Este pulso no se arregla anulando la subasta alegando "circunstancias atípicas", supuesto no contemplado en la Orden Ministerial que solo permite suspender las subastas en 24 horas si se dan casos de colusión o delito; entre otras cosas porque ya veremos que defensa tiene esta anulación en caso de recurso jurisdiccional (tendría gracia que más tarde haya que pagarle no sólo el incremento del 11%, sino también una indemnización por el disgusto); por cierto: ¿dónde están los servicios jurídicos del Estado que han hecho una fundamentación tan débil?, ¿es que están todos de excedencia al servicio de las eléctricas?.

Esta situación sólo se arregla con un Gobierno que tenga arrestos para hacer lo más difícil: un nuevo texto de Ley que modifique por completo el mercado de producción de la energía eléctrica y una nueva contabilización  de los costes incluidos en cada parte (regulada y liberalizada de la factura eléctrica). Es inadmisible que el mercado en el que se determina el precio a pagar que afecta a los productores sea igual, sea cual sea la tecnología. Pero también es inadmisible que en la subasta en la que se determina el precio para el consumidor este regida por intermediarios financieros que especulan y negocian con su factura. Hay que devolver la conceptualización del suministro eléctrico como servicio público que desapareció de la Ley del Sector Eléctrico y que debilita claramente los derechos de los consumidores y sobre todo elimina obligaciones a cargo de las empresas del sector. En un país con cuatro millones de personas que se encuentran en una situación de penuria energética y con empresas que deben mejorar su productividad no nos podemos permitir que lo que se ahorran en costes laborales, despidiendo y rebajando sueldos, se gaste en la factura de la luz. Debemos decir que hasta aquí hemos llegado.