Opinion · Otras miradas

¿McDonalización de nuestros centros públicos?

Auxi Honorato

Diputada de Unidos Podemos por Sevilla en el Congreso de los Diputados

Miguel Ardanuy

Diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid

Fernando Acuña

Jurista experto en contratación pública y derecho comunitario

Hace unos meses un familiar cercano tuvo que pasar una noche en un hospital. Al despertar, por la mañana, le preguntaron si tenía alguna alergia alimenticia que señalar, a lo que ella contestó que sufría una importante intolerancia a la lactosa. Unos minutos más tarde, le servían el desayuno: un café con leche (con lactosa), unas tostadas con mantequilla (con lactosa) y un yogur (con lactosa).

Este tipo de situaciones contradictorias no son anécdotas aisladas sino un reflejo de una extendida falta de sensibilidad por una alimentación saludable y sostenible en nuestros hospitales, colegios, residencias de mayores y demás centros públicos donde se dispensan alimentos y bebidas. La abundante oferta de productos ultraprocesados y ultrazucarados en máquinas expendedoras que encontramos en pasillos y recibidores, los menús precocinados y sin ofertas vegetarianas de las cantinas o la apertura de conocidas franquicias de comida rápida (como la reciente en un hospital madrileño) no son más que ejemplos de cómo el proceso de Macdonalización de nuestra sociedad estira sus tentáculos y ha penetrado hasta lo más profundo de nuestros espacios de salud, educación y cuidados.

Las consecuencias de este absoluto desinterés por nuestros hábitos alimenticios son por todos conocidas: somos el segundo de los países con más casos de obesidad de la Unión Europea (a pesar de ser uno de los que cuenta con las materias primas de mejor calidad y con mayor cercanía a las mismas) y ello se refleja claramente en el círculo de la pobreza alimentaria pues son las personas con menos recursos económicos las que tienen principalmente estos problemas, con especial incidencia en las mujeres. Las consecuencias a nivel sanitario son muy graves, pues aumentan exponencialmente los riesgos de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes. Además, el impacto climático que tiene mantener los hábitos actuales de consumo alimenticio es altísimo, pues los gases de efecto invernadero que provoca el sector alimenticio actual representan una cuarta parte del total de las emisiones vertidas a nuestra atmósfera, según datos de Naciones Unidas.

Luchar contra estas dinámicas es perfectamente posible y los cambios empiezan, como en muchas ocasiones, desde nuestras instituciones públicas, sobre todo si existe la voluntad política necesaria para llevarlos a cabo. En la Asamblea de Madrid, el Grupo Parlamentario Podemos ha presentado una proposición de ley pionera para que los centros públicos de toda la Comunidad cambien el paradigma de alimentación y apuesten por una saludable y sostenible, que garantice un nivel alto de calidad nutricional. Se calcula que el gasto público en compra alimentaria de las diversas administraciones públicas oscila entre 2.000 y 3.000 millones de euros por lo que el cambio puede ser muy importante si apostamos por otro modelo donde se fomenten los productos de temporada, de comercio justo, de cercanía, denominación de origen o que dejen poca huella ecológica, por dietas respetuosas con las distintas sensibilidades sociales y/o culturales, o por productos cuya producción o elaboración tenga el menor impacto posible en nuestros recursos naturales.

Para ello, la reciente entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ofrece muchas posibilidades para que las distintas administraciones, autonómicas y locales, cada una en sus respectivos ámbitos de competencia, avancen hacia un modelo social y medioambiental más sostenible. Licitaciones en las que se valore la calidad mucho más que el precio, donde las criterios de adjudicación hagan hincapié en cuestiones nutricionales, laborales, ambientales y de género, pliegos que se elaboren con la colaboración de las organizaciones expertas que trabajan en el sector o establecer sistemas de seguimiento para garantizar el respeto a los derechos humanos en toda la cadena de suministro son algunas de las medidas que incluye esta proposición de ley. Obligación de usar huevos ecológicos o aceite de oliva en la elaboración de los menús, restricción en el número de comidas ultraprocesadas o de ingredientes alérgenos, reducción de residuos o desperdicios alimentarios o elaboración y puesta en marcha de planes formativos en las escuelas con información para el alumnado y para las madres y padres son otros ejemplos más de esta iniciativa, clave para empezar, de verdad y de una vez por todas, con un nuevo modelo de alimentación en nuestros centros públicos. No podemos esperar ni un minuto más para poner estas medidas en marcha pues la salud de nuestras personas mayores, de las personas enfermas y de nuestros hijos e hijas está en juego.