Opinion · Otras miradas

Ética de la responsabilidad

CARMEN DE PAZ NIEVES
Responsable de la Red Internacional de la Fundación IDEAS

Esta semana el Gobierno de Obama ha cerrado un acuerdo con el partido republicano, el llamado Tax cut deal, que espera aprobar antes de que finalice el año y que extendería los recortes impositivos puestos en marcha en la época de Bush y supondría la prolongación de los subsidios por desempleo durante el próximo año. El debate sobre el acuerdo domina el espacio mediático y político estos días en Estados Unidos y es un reflejo más de la creciente división en la opinión pública de este país sobre el enfoque adecuado en la respuesta a la crisis económica y financiera.

La polémica se ha centrado en la exigencia republicana para dar apoyo al paquete de medidas de mantener y aumentar las reducciones de impuestos para las rentas más altas. Subyace, al igual que en el contexto europeo, una aparente confrontación central: la del interés general y de las rentas medias y bajas frente a los intereses de los mercados financieros y de los ricos.

Desde una perspectiva práctica, y como el sector demócrata moderado y ciertos analistas señalan, el acuerdo que el presidente Barack Obama intenta llevar a término, de ser aprobado, podría considerarse un éxito que supera con creces las expectativas iniciales. Así, el Tax cut deal permitiría la extensión de la protección por desempleo y la continuidad de la política económica de estímulo de la demanda favorecida por el Gobierno, a pesar de las resistencias republicanas.

Al mismo tiempo, como advierte la izquierda demócrata y especialistas del entorno, los recortes impositivos para las rentas más altas, que podrían adquirir carácter permanente, representan un precio político elevado. Si el impacto de las medidas en la economía norteamericana, como muchos pronostican, no es inmediato y evidente, esta concesión podría debilitar aún más la capacidad de maniobra del Gobierno y su apoyo entre el electorado, que reclama del presidente una actitud más combativa a la hora de defender la agenda que le llevó a la Casa Blanca.

En los próximos dos años, las cosas no van a mejorar para el Gobierno. Con el Congreso dominado por los republicanos y el debate en ciernes sobre la reducción del déficit, no parece probable que la Administración Obama pueda desarrollar grandes reformas transformadoras progresistas, como el llamado Dream Act, que ampliaría los derechos de la población inmigrante. Muchos consideran que esta es la última oportunidad del presidente para mostrar una posición dura frente a quienes generaron la crisis y volver a ganar la ilusión y confianza de sus votantes.

Al margen de las diferentes circunstancias que se viven en Estados Unidos y en España, y pese a la división y presiones incluso dentro de los propios partidos en el Gobierno parece evidente que la “ética de la responsabilidad”, tal y como la definió Max Weber, domina en la respuesta progresista a la crisis en ambos lados del Atlántico. Esta respuesta, no obstante, y en contra de la visión predominante animada por el discurso conservador, se halla al mismo tiempo anclada en profundas “convicciones” progresistas en Estados Unidos, sin duda, y en nuestro país.  En el caso de España, el objetivo de reducir el déficit que se ha fijado el Gobierno es responsable, pero también progresista.

El carácter progresista de los ajustes fiscales viene dado, como evidencia un documento en el que trabaja la Fundación IDEAS, por los instrumentos concretos a través de los que se lleven a cabo y los objetivos específicos que persigan. Un ajuste fiscal puede reducir el tamaño del sector público y generar desigualdades en el largo plazo, como en el caso británico, en el que la reducción del gasto se ha basado en el despido masivo de trabajadores del sector público y recortes sustanciales en la inversión en educación y protección social.

Pero la reducción del déficit también puede utilizarse para favorecer la igualdad al reducir las cargas intergeneracionales, favorecer la creación de más oportunidades, trabajar en la dirección de transformar el sector público sin reducirlo y dinamizar la economía. El ajuste que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está desarrollando se está llevando a cabo dentro de estas líneas, al centrarse en el recorte del gasto no productivo en favor del generador de empleo, preservando el sistema de bienestar y las inversiones con impacto social en el largo plazo, y en el incremento de los ingresos por la vía más reactivadora de la actividad económica y menos perjudicial para las rentas medias y bajas.

Independientemente de la evaluación de las medidas adoptadas a ambos lados del Atlántico y de su impacto, no cabe duda de que vivimos un momento histórico de redefinición de las reglas del juego. Es alentador que en las acciones de nuestros gobiernos, pero también de los partidos en la oposición y de los diferentes actores económicos y sociales, se imponga la política con mayúsculas al empobrecedor espectáculo de improductivas diatribas electoralistas, tanto en Estados Unidos como en España.

Lo mínimo que todos los partidos deben a sus votantes es seriedad, honestidad y una aproximación constructiva en defensa del interés general, cambiando el objetivo del desgaste del contrario y el enfrentamiento por el diálogo y la colaboración. Todos, ciudadanos y partidos, en España y en Estados Unidos, ganamos con ello.