Denunciar corruptos es la tarea que hoy entraña mayores peligros en el ejercicio del periodismo colombiano. El pasado 24 de septiembre publiqué en www.lanuevaprensa.com.co la primera entrega de mi investigación: Fiscal General de Colombia oculta bienes y fondos en España con una empresa fachada panameña de su propiedad.

En ese trabajo escribía: "El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, oculta bienes y fondos en España al amparo de una empresa panameña de la que es dueño con su núcleo familiar. Se llama Amanda Advisors S.A., posee el cien por ciento de las acciones, todas al portador, por lo que su nombre no figura en ellas ni las ha declarado ante las autoridades tributarias colombianas".

"Los bienes hasta ahora detectados en España –continuaba- son un lujoso apartamento en Madrid, valorado en cerca de tres millones de euros, así como fondos bancarios en el Banco de Santander, recibidos, mediante transferencias provenientes presuntamente de paraísos fiscales, indicaron fuentes judiciales españolas".

Tan pronto como la denuncia vio la luz, una fuente de la Fiscalía Colombiana me anticipó, bajo el compromiso de no identificarla, que la página de La Nueva Prensa sería hackeada, lo que ocurrió de inmediato. Estuvo fuera de circulación durante 12 horas, hasta que un grupo de técnicos logró rescatarla de las garras de los sabotearores.

Al día siguiente, 25 de septiembre, dos agentes de la Fiscalía General apresaron en Bogotá al reconocido abogado colombo-francés y viejo amigo mío Alex Vernot, quién había colaborado conmigo en la revisión jurídica de la investigación sobre el Fiscal. Acusan a Vernot, sin pruebas de ninguna naturaleza, de haber tratado de sobornar a otro abogado (célebre pícaro este último) a quien habría ido a ver en la cárcel para supuestamente ofrecerle dos millones de dólares para cambiar un testimonio. Ese abogado preso es un corrupto confeso que se habría redimido de inmediato y había rechazado semejante oferta solamente unas horas después, curiosamente, de que el propio Fiscal General le ofreciera beneficios judiciales a cambio de ese testimonio, que carece de cualquier soporte documental o complementario.

Mientras Vernot caía preso, a la periodista Diana López Zuleta (mi principal colaboradora) le hackearon su cuenta de WhatsApp y robaron toda la información que había cruzado conmigo. Esto lo denunciamos oficialmente ante la única autoridad competente en Colombia para examinar ese grave hecho: que resulta que es la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, posee uno de los bufetes jurídicos más grandes, costosos y rentables de Colombia (no el mejor) y a lo largo de su vida profesional ha sido el abogado estelar y personal del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y su conglomerado empresarial, conocido como Grupo AVAL.

El Grupo AVAL es el socio en Colombia de la empresa brasilera Odebrecht. Entre ambas obtuvieron contratos de asociación con el gobierno por los que, hasta donde se sabe, fueron pagados sobornos que rondan los 30 millones de dólares. No obstante, la Fiscalía General regentada por Martínez Neira sostiene (contra todas las evidencias) que Sarmiento Angulo y su conglomerado no tienen absolutamente nada que ver (ni siquiera conocimiento) del asunto. Así lo pregona con insistencia el periódico más grande del país (El Tiempo). Que  es propiedad de Sarmiento Angulo, el cual lo entrevistó para que tratara de desmentir mi denuncia sin argumentos. Y sin siquiera haber informado antes en qué consistía ella.

En el caso de las corruptelas mancomunadas de Odebrechet y el Grupo AVAL, el Fiscal Martínez Neira optó por perseguir de manera despiadada al director de la estatal Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, cuya rectitud han salido a defender el Financial Times, de Londres, la agencia de noticias Bloomberg y más recientemente la revista colombiana Semana.

Es necesario subrayar que, en contraste, no hay un solo preso del Grupo AVAL por los sobornos de su socio Odebrecht, que lo beneficiaron de manera directa.

Antes de hacer mi publicación envié un mensaje electrónico al Fiscal General Martínez Neira con el objeto de que (como lo dispone la ética periodística) tuviera la oportunidad de dar su versión. Pero no lo hizo. Mis preguntas, fueron estas:
–¿Qué relación tiene usted con la firma Amanda Advisors S.A., inscrita en Panamá y registrada luego en España?
–¿Usted o su núcleo familiar han utilizado servicios de la firma panameña de abogados Rosas & Rosas?
–¿En la declaración jurada de bienes y rentas que debió presentar usted al asumir la Fiscalía General de la Nación incluyó bienes y sociedades en el extranjero de las que sea dueño, socio o beneficiario real?
–¿Los bienes que posee Amanda Advisors S.A. en España han sido reportados a las autoridades tributarias colombianas?
–¿De dónde procedieron los dineros utilizados por Amanda Advisors S.A. con los que fue adquirido el cuarto piso, puesta izquierda, del edificio situado en el número 17 de la calle Ortega y Gasset, de Madrid, España, y de dónde los que se utilizan para cubrir los gastos inherentes a la propiedad y el uso de ese inmueble?".

El señor Fiscal no contestó sino hasta después de haber sido publicada mi investigación. Lo hizo con mentiras, evasiones, faltas al respeto y calumnias en mi contra. Tal respuesta la publiqué de inmediato e incluí mis observaciones entre párrafo y párrafo.

Mi denuncia pública fue recogida en España por la bancada parlamentaria de Unidos Podemos. Con base en ella envió una pregunta parlamentara al Gobierno de Pedro Sánchez, que debe ser respondido en un término de 20 días. Entre otros, este pedido de información fue reportado por el medio madrileño (especializado en temas jurídicos) llamado Confilegal.

La corrupción de Odebrecht no es el único conflicto de intereses que compromete y oscurece la presencia de Martínez Neira en la Fiscalía General de Colombia. La suma de todos ellos no cabe en un artículo. Da para llenar un libro. Sus ramificaciones ya han aflorado en España. ¿Tendrá el poder para presionar a la fiscalía española, que depende del Gobierno del socialista Pedro Sánchez? ¿Terminarán volviéndose a encontrar los corruptos de España y Colombia como ha ocurrido con el Canal de Isabel II? Estaremos muy atentos a la respuesta del gobierno español. Sea como fuera, los periodistas tendremos muchas más razones para seguir investigando.

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