Se acerca el invierno y el precio de la energía sigue por las nubes. A saber: España es uno de los países con la luz más cara de Europa y aquí las empresas eléctricas del IBEX35, según un estudio realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad, pueden presumir de tres cosas: Duplican en beneficios a sus pares europeas, son las que más CO2 emiten a la atmósfera y cobran los precios más altos de Europa al consumidor doméstico.

Los últimos datos de pobreza energéticas señalan que 4,6 millones de personas en España no pueden mantener su casa caliente y casi un millón sufrieron durante el año algún corte de suministro. Y nos encontramos que, a pesar de las mejoras aprobadas, el bono social deja fuera de partida a 15 millones de contratos. Se trata de la única ayuda estatal para paliar la pobreza energética y, para acceder a ella, además de cumplir los criterios de renta o vulnerabilidad, tienes que contratar la energía con una empresa del oligopolio en su versión regulada (PVPC).

Gracias al oligopolio y a los gobiernos que han facilitado que su negocio, pase lo que pase, siempre sea rentable, la dependencia energética de España supera en casi 20 puntos la media de la Unión Europea. Este invierno, en millones de hogares de este país, con la llegada del frío, aumentará la angustia. Porque en cuestión de pobreza energética también estamos por encima de la media europea.

Esto significa, que millones de familias se ven obligadas a tomar decisiones terribles como dejar de comprar comida para pagar la energía, habiendo renunciado antes a calentar su hogar. El lucro de unos pocos pesa sobre las facturas de todas las familias, y cuanto menos se tiene, más pesa. La llegada del invierno es un drama que se respira ya en las oficinas de los ayuntamientos y en las ONGs. El año pasado no daban a basto gestionando facturas para evitar cortes de energía a familias que no pueden pagarlas. Sólo el Ayuntamiento de Cádiz invierte 600.000€ al año en facilitar este tipo de ayudas a unas 2.000 familias. Porque son los ayuntamientos quienes responden cuando el sistema falla, a pesar de no contar con fondos específicos para ello. Y mientras tanto, tenemos que escuchar decir al presidente de una de las mayores eléctricas del país, un señor que gana 30.000 euros al día con el negocio energético, que el precio de la luz ha subido menos que el nivel de renta familiar y que la energía no está tan cara.

La ministra Teresa Ribera ha anunciado que elaborará una ley específica para combatir la pobreza energética, sin embargo no es suficiente, necesitamos poner freno a las causas, y en particular, acabar con el trasvase de recursos económicos de las familias a las empresas del oligopolio vía facturas energéticas. En España, la transición energética a un modelo renovable es urgente, no solo por razones de sostenibilidad ambiental, salud pública, balance comercial o de seguridad, sino por propia supervivencia de las economías domésticas y del tejido productivo. El actual modelo fósil y centralizado en manos de unos pocos es cada vez más caro de mantener. Y los sucesivos gobiernos socialistas y populares han confundido durante décadas el interés general con el de las grandes empresas, alimentando de esta forma su poder.

Hoy estamos cargando en nuestras facturas con los platos rotos de unas políticas y unas inversiones energéticas fallidas. Pagamos por proyectos como el almacén de gas Castor o las centrales de ciclo combinado que hay paradas. Infraestructuras millonarias que nunca fueron necesarias y por las que nadie nos preguntó. En España las energéticas siempre ganan, aunque esto signifique la ruina del país.

Pero es imposible mantener los extraordinarios márgenes de beneficios de estas empresas sin empobrecer a las familias. Las facturas energéticas domésticas esconden subvenciones encubiertas a las grandes eléctricas (pagos por capacidad, déficit de tarifa); un sistema de fijación de precios que legitima la especulación y no permite conocer el coste de generación de la energía; subvenciones a algunas de las mayores empresas industriales (servicio de interrumpibilidad). En definitiva, un reparto de costes del sistema que privilegia a la industria y perjudica a las familias.

Tenemos que reescribir las reglas del juego. La transición energética es una ventana de oportunidad a transformaciones profundas en el sector de la energía y en nuestra sociedad que beneficien a la gente. Es necesario que una ciudadanía formada e informada empuje los cambios, y para ello, los medios de comunicación no pueden seguir bailando el agua a las grandes energéticas. Necesitamos alianzas sociales diversas que enfrenten el tremendo poder del oligopolio y peleen para recuperar el control ciudadano de la energía.

Hay que trabajar en Bruselas, tanto como en Madrid, por una transición energética que democratice el sector, que facilite la integración de las renovables, pero cuyo control esté en manos de la ciudadanía. Que facilite la creación de empresas municipales de energía comprometidas con el desarrollo local y que asegure el acceso a la energía a toda la población. La energía como derecho.

Y en este sentido, hemos visto como los ayuntamientos del cambio han sido incubadoras de políticas energéticas que han dado la vuelta a las prioridades. Barcelona, Pamplona, Valencia, Cádiz, Rivas, Madrid, han puesto el foco en las necesidades de la gente de hoy y hecho una apuesta por la transición energética pensando en mañana. Sin embargo, el Parlamento Europeo es clave, porque es allí donde se escribe el marco regulatorio que nos encajona y donde las empresas de nuestro oligopolio energético hacen lobby con sus pares europeas. Y ya se sabe que la unión hace la fuerza. Estas empresas ya tienen mucha. Si realmente queremos darle la vuelta al modelo, es urgentes que las fuerzas del cambio aparquemos las diferencias y trabajemos en un frente común. Ese es el interés general. Unidas Podemos cambiar Europa.