Ya han pasado casi  10 años desde que el presidente norteamericano Barack Obama, recién elegido,  publicó su primer documento presidencial, un texto llamado a hacer historia, el Open Government Manifesto.

Un documento revolucionario en el que exponía cuales iban a ser las claves de su administración y los pilares sobre los que se iba a apoyar: transparencia, participación y colaboración.

Un manifiesto sencillo, que en muy pocas líneas llamaba a transformar la forma con la que las administraciones norteamericanas se relacionaban con la ciudadanía, convirtiendo lejanos principios filosóficos en vectores reales de ejecución de políticas públicas.

Una declaración que se extendió por el mundo como un virus y que ha cambiado para siempre la forma de funcionamiento de los gobiernos, dando lugar a un movimiento internacional que ha cuajado de forma desigual en los diferentes países, propiciando el nacimiento de la OGP -Open Government Partnership de Naciones Unidas- o nuestra ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

¿Avances? Sin duda, pero... ¿han llegado estos a beneficiar realmente al ciudadano que busca una respuesta rápida, transparente y inteligente por parte de sus gobiernos? Pues, bueno, parece que no tanto. Veamos lo que ha pasado con la transparencia.

La  transparencia, a pesar de que forma parte del debate político de nuestro país y ha adquirido la categoría de política troncal a la que se dedica atención y recursos, siendo extraña la institución que no posea un apartado de transparencia en su web...

... tal apartado normalmente no es otra cosa que un catálogo -feo- de retribuciones y una colección totalmente inmanejable de documentos en PDF. Y olvídense, no hay presupuesto para cambiarlo.

Poco podemos hacer ya por la transparencia, su impulso - y el interés ciudadano- se ha perdido enterrado bajo toneladas de PDFs por las carencias políticas y económicas de nuestras administraciones. Descanse en paz y esperemos que haya más suerte la próxima vez que se trate de poner en marcha

¿Y qué pasa con la participación ciudadana? Pues de momento pese a figurar en los programas electorales de casi todas las fuerzas políticas, son pocas las instituciones que hayan puesto en marcha políticas activas de desarrollo de la misma.

 El Ayuntamiento de Madrid con su iniciativa "Decide Madrid" y el desarrollo de CONSUL, una brillante plataforma construida en software libre - y que está siendo utilizada ya en todo el mundo- es sin duda una excepción y uno de los ejemplos a seguir.

Aún estamos a tiempo de no cometer los mismos errores con la participación ciudadana y convertirla en una política plenamente activa, democratizadora y diferenciadora, ¿la clave? Olvidarnos del enfoque tecnocéntrico, y me explico.

La participación ciudadana no triunfará si se convierte exclusivamente en una plataforma tecnológica en la que se debate con mayor o menor criterio y se vota. La tecnología debe ser solo una de las patas del desarrollo sensato de la participación ciudadana, hay al menos otras dos igualmente fundamentales: Comunicación y Formación

• Comunicación: No participa quien no sabe que puede participar. Es necesario establecer políticas de comunicación y marketing público efectivas para que la ciudadanía SEPA que es posible su participación y deseable su concurso.

• Formación: No participa quien no sabe participar, es clave reducir esa brecha de conocimiento con políticas activas de formación para la participación para que la sociedad civil, los trabajadores públicos y la ciudadanía pueda aprender el uso de la herramienta y ejercer sus derechos de forma efectiva. 

Estas y no otras son las tres claves de la Participación ciudadana, si un gobierno quiere -de verdad- establecer políticas eficientes de participación en las que la ciudadanía de a pie - no solo la sociedad civil de plantilla- nos ayude a crear comunidades mejor vertebradas, la inversión tecnológica no basta, es necesario apostar también por la comunicación y la formación.