Opinión · Otras miradas

El 76% de la población española cree que la discriminación de género es muy baja o inexistente

Maria Caterina La Barbera

Profesora de Derechos Humanos, Universidad Nebrija

De acuerdo con las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres no es el resultado de actos aleatorios e individuales de mala conducta, sino que está profundamente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad entre mujeres y hombres. Se puede por tanto afirmar, sin lugar a dudas, que promover la igualdad de género es un objetivo fundamental para disminuir la violencia contra las mujeres.

En 2011, el Consejo de Europa adoptó, y abrió a la firma, el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul, dónde se reconoció “la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer como violencia de género”.

En 2014, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales publicó la encuesta hasta la fecha más completa a nivel europeo sobre violencia de género (FRA 2014). El informe, basado en 42.000 entrevistas realizadas en los 28 estados miembros de la UE, revela niveles alarmantes de violencia contra las mujeres. Una de cada tres mujeres europeas es víctima de violencia física o sexual desde los 15 años de edad. Más en detalle, una de cada diez experimenta alguna forma de violencia sexual; una de cada veinte ha sido violada; y una de cada cinco experimenta violencia física y/o sexual por mano de su pareja o ex pareja.

Todavía hoy la violencia de género produce números inaceptables de víctimas mortales. Según los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2017 hubo 51 víctimas mortales de violencia de género.

La academia tiene el papel de aclarar conceptos, buscar las causas, cuestionar el estatus quo y proponer alternativas.

Para ello es necesario partir desde los datos. El 76% de la población española cree que la discriminación de género es muy baja o inexistente. Sin embargo, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan la persistencia del sexismo institucionalizado. Este es palpable en la infrarrepresentación de las mujeres en los gobiernos (Delgado 2016, Diz Otero y Lois Gonzalez 2016), la brecha salarial, la desigual distribución de las tareas domésticas y del uso del tiempo (Castaño Tierno 2016) y la persistencia de la violencia de género (García Sánchez 2016Lombardo y Rolandsen 2016).

Los datos sugieren que el sexismo sigue reproduciendo formas ocultas de discriminación, y, sobre todo, que la discriminación está normalizada y, por esta razón, no es percibida como tal.

¿Qué significa “género”?

Para entender el problema de la violencia de género, es necesario aclarar por lo menos qué entendemos por género.

El género es el conjunto de estructuras sociales a través de las cuales se construyen lo masculino y lo femenino, y se representan socio y culturalmente a hombres y mujeres.

Estas estructuras configuran los cuerpos, los comportamientos, las opciones, las aspiraciones y los deseos de mujeres y hombres (Butler 1990.

Debemos reconocer que las estructuras de género definen y constriñen tanto a la feminidad como a la masculinidad dentro de una posición dicotómica y enfrentada.

Es crucial destacar que género no es sinónimo de mujeres. No sólo las mujeres tienen un género, sino también los hombres. No sólo las mujeres son definidas por el papel y las expectativas que socialmente se les atribuye. También los hombres los son. Cabe añadir que estas estructuras operan dentro de matrices complejas de jerarquización social dónde la raza, la clase, la sexualidad y la localización geopolítica también juegan un papel imprescindible (Crenshaw 1989).

La Ley de Igualdad

Una mayor igualdad para las mujeres conlleva un mayor bienestar, no sólo para ellas, que constituyen la mitad de la población, sino también para sus hijos, sus parejas y compañeros de trabajo. La igualdad entre mujeres y hombres conlleva un mayor bienestar para la sociedad en general.

Esta definición de género nos permite identificar como destinatarios de las políticas de igualdad y la eliminación de todo tipo de violencia de género no sólo a las mujeres sino también a los hombres.

En este sentido la Ley de Igualdad que el año pasado cumplió 10 años de vida nos ofrece una excelente guía para identificar los elementos cruciales que producen las desigualdades entre hombres y mujeres y así modificar estas estructuras sociales institucionales y discursivas que mantienen la desigualdad.

La Ley de Igualdad identifica distintos ámbitos de actuación: la educación, la igualdad en los medios, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, la infrarrepresentación política, la infrarrepresentación en los puestos de dirección, el uso del lenguaje sexista, la publicidad y el uso cosificado del cuerpo de la mujer.

Para alcanzar un cambio social hacia la igualdad es necesario considerar que “lo personal es político” y que la división entre lo púbico y privado es ficticia (Olsen 1985).

De hecho, las causas fundamentales de desigualdad entre mujeres y hombres radican en la desigual distribución del trabajo doméstico y de las responsabilidades de cuidado (Okin 1989). En este sentido cobran especial importancia las medidas que faciliten la corresponsabilidad parental (La Barbera y Lombardo 2017, La Barbera 2019).

La Ley de Igualdad estableció como medida estrella un permiso parental de trece días para el padre. Esta medida se ha demostrado a toda luz insuficiente. Así la Ley 9/2009 estableció la ampliación a cuatro semanas del permiso exclusivo para el padre pero, por razones de austeridad, su presupuesto no fue aprobado hasta 2017. Además, la Ley de Igualdad modificó el Estatuto del Trabajador para permitir la conciliación familiar (art. 37). Sin embargo, diez años después, se puede afirmar rotundamente que la conciliación familiar todavía no es una realidad en España (García Mateos c. España, TEDH 2013Betriu Montull c INSS, CJUE 2013).

Las empresas tienen unas jornadas de trabajo muy largas y poco flexibles y el mundo laboral está dominado por la así llamada política del presencialismo.

Según datos del INE, madres y padres están con sus hijos una media de dos horas al día durante la semana. La mayoría de este tiempo, ya de por sí muy escaso, lo disfrutan solo las madres.

Hacia la transformación de las causas estructurales de la violencia de género

La violencia de género es la manifestación mas grave de la desigualdad entre mujeres y hombres. Esta es el resultado de un entramado complejo que incluye la socialización y la educación, los medios de comunicación, el lenguaje, la representación política, los puesto de dirección, las jornadas laborales y los permisos parentales.

Las medidas penales son un instrumento que permite llegar solo a la punta del iceberg, castigar conductas individuales y proteger a las víctimas.

Garantizar su correcta implementación y garantizar que los operadores del derecho tengan las competencias de género necesarias es imprescindible, pero no es suficiente (La Barbera 2017).

Para construir una sociedad justa y disminuir toda formas de discriminación hacia las mujeres, incluyendo sus formas más graves y odiosas, es necesario abordar las causas estructurales de la desigualdad (CEDAW 1979). Poner en el centro de la agenda política la igualdad y abordar las causas estructurales de la desigualdad en todos los niveles es vital y urgente. Hemos avanzado mucho pero estamos todavía muy lejos (Foro Económico Mundial 2017).