Sé que no descubro nada nuevo si digo que la alarmante cifra de desahucios en España -que se balancea desde los que son consecuencia de ejecuciones hipotecarias de créditos leoninos, hasta los que se producen por no poder afrontar unos precios de alquiler demencialmente exacerbados (este año de media se están produciendo casi 120 desahucios al día por no poder afrontar el pago del alquiler)-  está destrozando la vida a muchas familias en nuestro país y cercenando las ilusiones de muchos jóvenes, que asisten con impotencia al bloqueo de sus posibilidades para iniciar un proyecto de emancipación vital tan propio como legítimo.

En buena medida esta imposibilidad para acceder y mantenerse en una vivienda, que afecta ya a demasiadas personas, viene marcada por el mercadeo indecente que se produce con los bienes de primera necesidad en nuestro país y por la especulación inmobiliaria en sus múltiples manifestaciones. Desde los abusos que se producen en la calificación (o recalificación) de los suelos para usos urbanísticos, hasta la inflamación artificial de los precios de partida y sus continuas fluctuaciones al alza para las viviendas construidas para la venta o el alquiler.

La especulación es un lamentable fenómeno que acaba siempre perjudicando a los que menos tienen en favor de los que tienen más. Para las víctimas sus consecuencias siempre son dolorosas, se trate de lo que se trate.  Aunque aún resulta más dañina y ofensiva si cabe cuando el objeto de la especulación no es un bien escaso, como pretenden hacernos creer en relación con las viviendas.

Según algunas fuentes, en España existe un mercado que se cifra en más de 3,4 millones de casas vacías, incluyendo todas las tipologías y estados (muchas de ellas nuevas en manos de entidades financieras o del banco malo). Son muchas, demasiadas, si se tienen en cuenta las necesidades habitacionales de buena parte de la población.

Nadie en su sano juicio puede dudar de que poner al menos una parte importante de esas viviendas en el mercado del alquiler, tendría como resultado el incremento de la oferta disponible, la mejora de la competitividad y, consecuentemente, el abaratamiento de los precios de este bien esencial que se contempla como un derecho fundamental en el artículo 47 de nuestra Constitución.

Sin embargo, parece que a los sucesivos gobiernos que han dirigido (y dirigen) nuestro país les sigue resultando complejo poner en marcha algunas sencillas medidas que incidirían en el incremento de la oferta de viviendas destinadas al alquiler. Limitar el precio de las rentas o incentivar que los propietarios de casas vacías las pongan en el mercado a precios razonables y con garantías, en lugar de mantenerlas improductivas y cerradas, son sólo un par de recetas encaminadas a paliar el problema de los desahucios.

No es lógico que los propietarios de más de una o dos viviendas (al margen de las de segunda residencia) mantengan cerradas -y en algunos casos abandonadas- el resto de sus propiedades cuya finalidad y sentido originales eran la de convertirse en hogares para las personas. Resulta escandaloso que mientras hay personas en la calle, algunas incluso con hijos menores de edad, las administraciones no sean capaces de garantizarles su derecho fundamental a un techo digno que les cobije y les aleje de una de las peores manifestaciones de la exclusión social. Bien con viviendas públicas o mediante la reactivación del mercado particular.

En cualquier caso, está claro que un poder ejecutivo responsable no puede consentir que un país que ha destinado más de 60.000 millones de euros para salvar a los bancos se permita el lujo de no invertir en salvar personas. Porque al fin y al cabo es de eso de lo que se trata: de acabar con los dramas humanos que se producen cada día en España por la pérdida de sus hogares, que son mucho más que casas.

En Podemos estamos convencidos de que es posible acabar con este problema, empezando por poner la voluntad y las decisiones políticas necesarias. Hablando con todos los sectores y todas las personas implicadas que pueden contribuir a solucionar un problema tan grave como sinsentido.

Nuestra sociedad no puede permitirse que siga habiendo gente sin casas y casas sin gente. Por eso creemos que es el momento de dejar de prestar atención a quienes sólo agitan banderas e inventan enemigos de la patria para centrarnos en atender las necesidades de nuestras y nuestros compatriotas. Ningún desahucio más. Hay alternativas.