Ya está aquí. Tal y como se podía prever, el discurso securitario ha logrado imponerse entre los vecinos y vecinas de Barcelona. Así lo señala, al menos, el último barómetro semestral publicado por el Ayuntamiento, el cual sitúa, por este orden, la inseguridad, el acceso a la vivienda y el encaje de Catalunya en España como los principales problemas de la ciudad. El turismo, por su parte, desciende hasta la séptima posición cuando hace solo seis meses se encontraba entre los tres primeros puestos de la lista.

Un breve repaso al último trimestre del año podría ser suficiente para evidenciar cómo la seguridad ha ido acentuando su presencia en el centro de la atención pública y política local. Baste recordar que, en la rueda de prensa de presentación de su candidatura a la alcaldía, a finales de septiembre, Manuel Valls ya señaló que su victoria electoral supondría acabar con el legado de Ada Colau, el cual el político francés resumía en ‘los narcopisos y el top manta’. La temprana acción de Valls abrió una campaña electoral que, ya entonces, se antojó larga e intensa, y aunque el resto de actores en liza no parecieron, salvo excepciones, seguir la misma estela, las reclamadas actuaciones policiales puestas finalmente en marcha, sobre todo, en Ciutat Vella, con el objetivo de frenar el fenómeno de los narcopisos, así como los distintos, aunque minoritarios, tsumanis vecinales, acapararon la atención pública y contribuyeron a presentar la cuestión como un elemento de destacado protagonismo.

Los sociólogos llevan tiempo advirtiendo que, si hay algún momento en que la metodología estadística no conforma una imagen altamente fiable de los hechos, este es cuando se acerca a la cuestión de la seguridad. Y esto ocurre, entre otras razones, porque no todos los delitos son puestos en conocimiento de las autoridades, y porque la sensación general de seguridad es muy sensible a elementos que, si bien contribuyen a conformar la opinión pública, no tienen por qué estar directamente relacionados con la realidad, como, por ejemplo, una machacona campaña publicitaria de sistemas de alarma. De este modo, las últimas estadísticas del Ministerio del Interior señalan que ha habido, con respecto al año 2017, un incremento de ciertas formas de delincuencia de baja intensidad en la ciudad, como los robos y los hurtos, mientras que otros han descendido sorpresivamente, como el tráfico de drogas. Esto no quita, sin embargo, para que Barcelona siga apareciendo entre las ciudades más seguras del mundo. Así lo señala el informe anual que publica el semanario The Economist, el cual teniendo en cuenta aspectos tales como la salud, al tecnología, las infraestructuras y la seguridad física, situaba en 2017 a la capital de Catalunya en el puesto número 13 a nivel global, justo detrás de Madrid y Frankfurt, pero antes que Bruselas, Londres y París.

Situar la seguridad como elemento protagonista del debate público puede tener, además, consecuencias inesperadas. Solo hay que fijarse cuando, en entornos cercanos, opciones políticas que así lo han hecho han acabado por impulsar a aquellos partidos que hacen de ello su bandera principal y su razón de ser. Y si no, que se lo pregunten al propio Valls, o anteriormente a Sarkozy, que cuando intentaron jugar esa baza en la política francesa solo lograron favorecer al Frente Nacional. Aquí, hasta no hace mucho, nos hemos presentado ante la opinión europea como uno de los últimos bastiones de resistencia frente a la penetración de la extrema derecha. Sin embargo, con el desembarco de VOX en Andalucía hemos sido testigos de hasta qué magnitud se trató sólo de una ilusión momentánea. Avivar, desde distintos sectores políticos y mediáticos, la cuestión securitaria por cuestiones electorales puede tener un beneficiario inesperado que, de hecho, ya está aquí.