14/03/201020/09/2017

ARIANE ARPA

Directora General de Intermón Oxfam

A lo largo de los próximos meses, el Gobierno español deberá tomar decisiones importantes acerca del futuro de nuestra cooperación internacional. Me gustaría aprovechar la publicación del informe "La Realidad de la Ayuda 2009", que Intermón Oxfam presentó a primeros de este mes, para destacar dos de sus argumentos principales: en primer lugar, la ayuda es hoy más necesaria que nunca para países que han sido devastados por la crisis económica; segundo, no todo lo que necesita con urgencia nuestro sistema de cooperación exige un esfuerzo presupuestario adicional.
El hecho es que la crisis ha golpeado con más fuerza a cientos de millones de personas en los países pobres. Las regiones en desarrollo se han visto atrapadas en una tormenta perfecta, donde la convulsión financiera arrasaba con lo poco que las crisis alimentaria y climática habían dejado en pie. El número de personas que se levantan cada día sin alimentos es hoy de 1.200 millones, 350 más que hace sólo dos años. Nuestras contrapartes en Nicaragua han alertado de que un tercio de las mujeres que trabajan en las zonas francas han perdido su empleo, cortando el hilo que unía a miles de familias con algo semejante a una vida digna. Las mismas historias se suceden en Ecuador, Mozambique o Camboya, donde Oxfam está siendo testigo del efecto devastador de la crisis en el acceso a la salud, la educación o los alimentos.
En medio de un debate ensordecedor sobre las respuestas a la depresión económica, existe al menos una certeza: el verdadero problema no está en los shocks, sino en la capacidad de responder ante ellos. La vulnerabilidad extrema de las familias más pobres establece la diferencia entre una crisis económica y una tragedia humanitaria. Es fácil de comprender si piensan ustedes qué ocurriría en su familia si además de perder el empleo no tuvieran acceso a servicios básicos de salud o a una escuela pública para sus hijos. Como ha demostrado de forma dramática el terremoto de Haití, las redes de protección social que damos por sentadas en nuestras economías desarrolladas son débiles o inexistentes en buena parte del mundo en desarrollo.

Es en este punto donde la ayuda juega un papel insustituible. Detrás de cifras manidas como el 0,7% se esconden, por ejemplo, programas de protección que permiten a una familia campesina de Ecuador contratar un seguro por si se alarga la sequía. Permite también reducir la deuda de un país como Tanzania, que ha podido disminuir los costes de escolarización y garantizar el acceso a la educación de tres millones de niños. Por eso la crisis debe ser un acicate para sostener el esfuerzo presupuestario que ha realizado la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española en los últimos años, y no al contrario.
La buena noticia es que no todo lo que hace falta exige exprimir aún más la hucha. Con independencia de lo que cada cual piense sobre el Gobierno, lo cierto es que ha hecho intentos reales de modernizar la Cooperación Oficial Española y ponerla al nivel de otros grandes donantes. Y lo ha hecho en el contexto de un insólito consenso parlamentario. El problema es que las reformas más importantes están todavía a medio hacer, y corren el riesgo de quedar arrinconadas por el efecto centrífugo de la respuesta a la crisis o, simplemente, por el desinterés del Gobierno y de la oposición.
Una de las medidas más urgentes es la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo, cuya ley está siendo discutida ahora en el Parlamento. Durante décadas este ha sido un instrumento de ayuda
reembolsable, destinado a fomentar la internacionalización de la empresa española y a engordar de paso la deuda de estas economías con España. Es hora de separar el grano de la paja llamando ayuda sólo a lo que es ayuda, y evitar la tentación de que nuestra cooperación se desnaturalice creciendo a través de créditos e instrumentos financieros similares. También es imprescindible mejorar la capacidad de gestión de nuestras instituciones, en particular de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. España no se ha dotado del número adecuado de profesionales para gestionar un presupuesto que ha pasado de 2.300 a más de 5.000 millones de euros en tan sólo seis años. Necesitamos dotar a la política española de desarrollo de las capacidades de análisis, gestión, planificación y evaluación de un país que quiere sentarse en el G-20 para hacer algo más que saludar a una cámara.
Somos muy conscientes de que más de un millón de familias españolas se enfrentan al fantasma de tener a todos sus miembros en el paro, y que esta es ahora la prioridad. Pero no habría nada más tramposo que convertir la respuesta a la crisis en una batalla entre pobres. Existe un riesgo real de que la tormenta financiera evapore los avances de tres décadas de lucha contra la desigualdad y la pobreza globales, las mismas que han generado las presiones climáticas, migratorias y de seguridad que se vuelven ahora contra nosotros. Como ya han hecho Barack Obama o Gordon Brown, el presidente Zapatero debe comprender que la línea roja que protege a los más débiles incluye también a aquellos con los que España se ha comprometido en los países menos desarrollados. Hace ya mucho tiempo que este asunto dejó de ser una mera cuestión ética para convertirse también en interés propio.