Otras miradas

La Exclusión Sanitaria, asignatura pendiente

Anita Botwin

Natalia llegó de Perú para encontrarse con su marido. Después de largo tiempo sin verse, mientras él vino a España para encontrar trabajo, ella tuvo que quedarse en su país. Ahora por fin se encontraban y estaban con el papeleo de la reagrupación familiar.

Natalia acudió al hospital por una posible gastroenteritis que resultó ser finalmente un embarazo. Por tanto, tuvo que ir al médico de su centro de salud para que le derivaran al especialista y así poder seguir los siguientes pasos. Para su sorpresa, y una vez que intentó entrar en su centro de salud, la Administración le dijo que no cumplía los requisitos para ser atendida. Debía llevar al menos tres meses en España.

Como saben, el PSOE lanzó el Real Decreto-ley el acceso universal al Sistema Nacional de Salud en el que se hablaba de sanidad universal. Por un lado, se ha sugerido que la Comunidad de Madrid, así como otras Comunidades Autónomas, ha decidido hacer caso omiso y buscar su propia interpretación de la ley, dejando así fuera de la cartera sanitaria a mujeres embarazadas con menos de 90 días en el país. Sin embargo, desde Yo Sí Sanidad Universal aseguran que "no existe en el nuevo RDL una línea en la que diga que no hay que excluir y/o facturar la atención sanitaria de una embarazada que lleva empadronada dos meses y tres semanas; así como no existe una línea en la que se diga que no hay que cobrar a los padres de un niño de 13 años su operación de apendicitis si no está empadronado". Y no existe, afirman "una línea en la que se diga que no cobraremos la atención de una persona con cáncer si no cumple ese requisito" por lo que el Decreto no dejaría lugar a la "interpretación", cómo sí han asegurado algunas voces.

Según Yo Sí Sanidad Universal este RDL aprobado por el PSOE es más excluyente que el anterior del PP en estas situaciones. Sería oportuno que miembros del partido socialista explicaran los motivos por los que se dejaría sin asistencia a casos como los citados anteriormente y preguntarse al mismo tiempo si en su nuevo programa tendrán en cuenta los fallos de este Decreto. Según la noticia de Cadena Ser, desde la Consejería insisten en que "el Real Decreto de Sanidad Universal ha dejado muchas lagunas abiertas y que es necesario que el Ministerio unifique los criterios que deben aplicar todas las comunidades".

Desde Yo Sí Sanidad Universal, hicieron una valoración del nuevo Real Decreto, como pueden consultar aquí, donde consideran que el nuevo RDL 7/2018, en lugar de resolver el drama que supuso el RDL 16/2012 del PP, profundiza en las vías de exclusión sanitaria abiertas por éste y dota a las CCAA de nuevos subterfugios legales para excluir a más personas del acceso a la atención sanitaria.

Bien es cierto que aunque varias asociaciones han denunciado esta situación, consideran que el nuevo decreto es un avance en comparación con el anterior del Partido Popular, lo que no impide que siga existiendo la exclusión de colectivos muy vulnerables, como el caso de Natalia y otros tantos.

El informe 'No dejar a nadie atrás', elaborado por Reder, que aglutina a más de 300 organizaciones sociales, critica que el retraso de la implantación de este último decreto ha traído como consecuencia casos de exclusión sanitaria a embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en urgencias. En este sentido y tal y como denuncian, se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación que se les solicita para ser atendidas, algo que es completamente descabellado.

Esta reforma que, varias asociaciones consideran incompleta, deniega también la atención a los padres extranjeros de ciudadanos españoles con residencia en España por reagrupación familiar. En algunos casos padecen cáncer y no pueden hacer frente a los costes que supone el tratamiento. Por su parte, Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha asegurado que se "dará solución" a la exclusión de la sanidad pública que sufren los padres extranjeros de ciudadanos españoles que residen en España por reagrupación familiar y que están enfermos de cáncer.

Esperemos que estas palabras y buenas intenciones no caigan en saco roto y se trabaje por la justicia social y una sanidad universal que no deje a nadie atrás. Estamos hablando de vidas.

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