Otras miradas

Es intolerable que el Gobierno español sea una marioneta de Trump para destruir Venezuela

Manu Pineda

Responsable de Relaciones Internacionales del PCE

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27

Desde que el pasado 23 de enero, el hasta entonces desconocido Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, se autoproclamara presidente de la República Venezolana en una plaza de un barrio elitista de Caracas, el Gobierno español de Pedro Sánchez se ha puesto al servicio de la administración Trump alineándose con los gobiernos más reaccionarios de América Latina: con el ultraderechista Bolsonaro en Brasil, el uribista Duque en Colombia, o el empresario Macri en Argentina, situándose frente a quienes trabajan por una salida pacífica y dialogada en Venezuela, como hacen el mexicano López Obrador y el uruguayo Tabaré Vázquez. Con insensata determinación, el presidente Sánchez encabezó a los gobiernos europeos más agresivos, partidarios de la injerencia, de acuerdo con el plan de ataque contra Venezuela diseñado por los "halcones" más belicistas que rodean a Trump. La diplomacia española no ha podido disimular su sumisión a ese plan, hasta el punto de que sus decisiones parecen una serie de improvisaciones a cuál más insensata. Pedro Sánchez ha ejercido de representante de la administración Trump en la Internacional Socialista, reuniéndose y alentando a la oposición venezolana y llamando "tirano" al presidente Maduro, llegando incluso a presionar al presidente mexicano, López Obrador, para que se sumara al grupo de gobiernos sumisos del imperio para que reconociera a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, solo porque así lo había decidido Donald Trump.

Ese servilismo con el imperio norteamericano chocó desde un principio con el ministro español de Exteriores, Josep Borrell (nada sospechoso de bolchevique), quien se desmarcó públicamente de la posición del jefe del ejecutivo español. Borrell ha hecho, en distintas ocasiones, las siguientes declaraciones: "Se reconocen Estados, no se reconocen Gobiernos. Esta es la doctrina Estrada. Desde hace mucho tiempo se viene practicando". "Probablemente cuando se inició este proceso, y alguien estaba detrás de este proceso, no pensó que Maduro iba a demostrar esta resistencia". "La realidad es la realidad, naturalmente quien puede resolver el problema, con quien vamos a tratar aspectos prácticos de la vida, es con quien tiene el control del territorio y de la administración". "No me cabe ninguna duda de que Estados Unidos ha estado propiciando lo que ocurrió desde el día 10 de enero"; "Sin duda, yo creo que Estados Unidos no lo anticiparon. No pensaban que se iba a producir una situación como ésta en la que, meses después, el señor Maduro sigue teniendo el control de la administración". Borrell también calificó, con cierta retranca, la situación actual como "peculiar" y "atípica" dado que su Gobierno reconoce a un presidente, pero si tienen que abordar asuntos diplomáticos lo hacen con otro. "De alguna manera estamos innovando". La solución que le ha dado el presidente Sánchez a este "desencuentro" ha sido enviar al ministro Borrell al Parlamento Europeo, y es probable que quiera designar a un ministro de Exteriores que no ponga reparos a ignorar el derecho internacional, el principio de no injerencia y el respeto a la democracia y a la soberanía de los pueblos, si de esta manera se satisfacen los deseos del patrón norteamericano.

Esta contradicción es patente también en el lamentable papel que están desempeñando los medios públicos de información con su falta de pluralidad, poniéndose al servicio de los golpistas venezolanos. La televisión pública emitió en directo el discurso de Guaidó el primero de mayo, como si se tratara de la llegada del hombre a la luna. La sesgada información que emiten es de una enorme gravedad, máxime siendo medios de titularidad pública, aunque en su empeño vayan acompañados de la patente manipulación informativa de Mediaset (Telecinco y La Cuatro), Atresmedia (Antena Tres, La Sexta, La Razón...) y del Grupo PRISA (El País y La SER), empresas que atacan al Gobierno de Maduro y defienden a los golpistas, en transparente defensa de los intereses de sus propietarios.

Nicolás Maduro fue elegido presidente en unas elecciones realizadas el 14 de abril de 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez. Esa elección fue para un mandato que finalizaba el 10 de enero de 2019, pero en las negociaciones entre gobierno y oposición que se llevaron a cabo en la República Dominicana (dirigidas por el ex presidente español, Rodríguez Zapatero), el Gobierno venezolano cedió a la petición de la oposición de un adelanto electoral y se realizaron el 20 de mayo de 2018, siete meses antes de lo previsto. A pesar de esa concesión, y en vista de la falta de unidad y cohesión interna y del escaso apoyo popular con que contaba la oposición, una parte de ella decidió no concurrir a la cita electoral para deslegitimarla en coordinación con Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, ese organismo al que Fidel Castro definió con razón como el Ministerio de Colonias de Estados Unidos.

El Gobierno venezolano, como hace siempre, pero en esta ocasión con más motivo, invitó a distintos organismos internacionales para que enviasen observadores internacionales: entre ellos, al Consejo Electoral Latinoamericano, CELA, del que forman parte académicos, políticos y juristas de prestigio internacional, como el ex viceministro de Justicia colombiano en el Gobierno del ultraderechista Uribe, Guillermo Reyes. También invitó a la Unión Europea y a la ONU a supervisar las elecciones con observadores, aunque rechazaron la invitación: de haberla aceptado no podrían haberla deslegitimado, que era lo previsto desde un principio.

No hay semana sin que la administración norteamericana dé pasos cada vez más agresivos, no solo para derribar al presidente constitucional Nicolás Maduro sino para destruir literalmente la sociedad venezolana y aumentar el sufrimiento y la angustia de su pueblo. Es la tradicional política norteamericana para sumir en el caos y la barbarie a aquellos países que no aceptan sus imposiciones: el mundo ha visto demasiadas veces sus métodos, su injerencia y hostilidad. La última agresión, por ahora, ha sido su llamamiento a una rebelión militar contra el Gobierno constitucional y contra el presidente Maduro, un alzamiento acompañado de Leopoldo López, un golpista de extrema derecha condenado a trece años y nueve meses de prisión por intento de golpe y llamamiento a la violencia con el resultado de la muerte de cuarenta y tres ciudadanos. El Gobierno venezolano, respondiendo a una petición del ex presidente español Rodríguez Zapatero, permitió que ese delincuente reincidente (ya estuvo implicado en el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Chávez) cumpliera su condena en arresto domiciliario, al igual que Antonio Ledezma, otro terco golpista ahora refugiado en Madrid. Leopoldo López abandonó su arresto domiciliario el pasado 30 de abril, y se sumó al frustrado llamamiento de Juan Guaidó a un alzamiento militar que aplicara el golpe de Estado que está en marcha desde enero, intentona que ha fracasado de nuevo gracias al apoyo popular que mantiene el presidente Maduro.

¿Cómo actuaría el Gobierno español si alguien se autoproclamara jefe de Estado e hiciera llamamientos públicos a un alzamiento militar contra las instituciones constitucionales? Cómo actuarían los gobiernos de Estados Unidos, Colombia o Brasil? ¿Quiere crear el Gobierno español otro infierno en Venezuela, semejante a los que incendió Estados Unidos en Iraq, Siria o Libia? Creemos que Pedro Sánchez no debería aliarse con Trump, ni con Casado, Rivera y Abascal, echando más gasolina al fuego, sino que tendría que propiciar el acercamiento de las partes venezolanas en disputa, la distensión y la búsqueda de una solución basada en el diálogo y la negociación, sin insultar a un presidente elegido democráticamente en una impecable convocatoria electoral. Además, el Gobierno español debería reparar en el contraste entre la prisión preventiva que padecen desde hace un año y medio los líderes independentistas catalanes y las altas peticiones de prisión a las que se exponen por actos de desobediencia que no han acarreado muertos ni heridos, con la situación en Venezuela, donde el líder golpista sigue libre y la mayoría de los heridos y muertos en enfrentamientos son militantes chavistas. Si fuera sincera la preocupación del Gobierno español ante las dificultades del pueblo venezolano, contribuiría a poner fin al bloqueo y las sanciones que asfixian a Venezuela.

El Gobierno español, aunque ahora se oponga al alzamiento militar y a una intervención militar desde el exterior, está reconociendo a un "presidente encargado" que no ha sido elegido por el pueblo venezolano sino por Trump, actuando de una forma hipócrita que lo asemeja a ese sepulcro blanqueado con el que Jesús asemejaba a los escribas y fariseos. Es una barbaridad que la embajada española acoja como huésped al criminal Leopoldo López, quien utiliza ese hospedaje para seguir haciendo llamamientos al golpe de Estado y a una intervención extranjera que conllevaría un baño de sangre.

Por ello, el Gobierno español debe entregar al delincuente López a las legítimas autoridades venezolanas. El presidente Sánchez debe dejar esa hipocresía de aparecer como un gobernante progresista y demócrata mientras está apoyando a un golpista que ha incitado a la violencia, debe rectificar y honrar la legalidad internacional, defender la paz y la democracia, y debe, además, respetar la soberanía del pueblo venezolano, impulsando esa posición en la Unión Europea y utilizando su influencia en América Latina para negociar una salida política entre las partes. Debe en definitiva, dar a apoyo a la actual Mesa de Contactos impulsada por la Unión Europea, México y Uruguay como vía de salida dialogada y pacífica.