Opinion · Otras miradas

Saquear los bienes comunes: el retorno de los chamanes neoliberales

El libro ‘Ciudades democráticas. La revuelta municipalista en el ciclo post-15m’ incluye un capítulo sobre los bienes comunes y su relación con el municipalismo escrito por La Hidra Cooperativa. Recientemente publicado por la editorial Icaria, este libro analiza el ciclo municipalista 2015-2019 con aportaciones de personas vinculadas a movimientos municipalistas que combinan saberes expertos y prácticos en sus análisis.

La contaminación del agua se soluciona privatizando el mar. La gestión privada es la más eficaz para generar y distribuir energía eléctrica. El problema de la vivienda es la falta de oferta y hace falta construir más parque privado. Y así, todo problema encuentra solución aplicando el imperativo de la propiedad privada.

No son ideas de los 90, cuando iniciaba el ciclo en que más vivienda privada se construyó y más se disparó su precio. No son anteriores a los estudios que han denunciado los inasumibles costes ambientales de las prospecciones de hidrocarburos y del fracking. Tampoco son ideas previas a los informes del Tribunal de Cuentas Europeo, que ha cuestionado de forma tajante los beneficios de la gestión privada del agua o la energía. Son ideas innovadoras y frescas de personajes como Jesús Huerta de Soto, Catedrático de la Universidad Juan Carlos de Madrid. Un sucedáneo castizo de Von Mises que recibe dinero público por impartir clases donde vocifera que los impuestos son un robo. También de su alumno aventajado, Juan Ramón Rallo, tertuliano recurrente en la televisión del que solo se esperan garambainas liberales.

Estos nuevos chamanes venden el origen del problema como si fuera un bálsamo que todo lo cura. Insisten en que no hemos tenido suficiente mercado libre. La incertidumbre siempre abre la puerta a discursos simplistas y reaccionarios, pero el verdadero disparate es que algunas fuerzas políticas se crean estas magufadas. La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, pide consenso para que la capital sea sede de unos Juegos Olímpicos. El candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, propone que la Exposición Universal del 2030 se celebre en la Ciudad Condal. Enormes inversiones públicas, cesión de suelo y recursos al capital financiero y toneladas de trabajo precario. Conocemos esta receta y sus consecuencias: el incremento de la desigualdad social y el saqueo de los bienes comunes.

Pensar que la propiedad y la gestión privada son la solución solo puede disculparse a quienes ignoran la historia y la realidad de nuestras ciudades. En Barcelona, gran parte del poder urbano lo concentran consorcios encargados de sectores productivos con gran impacto social (Barcelona Turisme), autoridades opacas que administran grandes equipamientos y polos logísticos (La Fira, El Port, Mercabarna) o entidades financieras que detentan cuotas de control sobre los servicios básicos de la ciudad (Caixabank). No es algo exclusivo de nuestra ciudad. Durante casi 40 años los gobiernos de las grandes ciudades españolas siguieron, con sus singularidades, los postulados de la ciudad neoliberal. Las continuas y variopintas alianzas público-privadas y las cesiones al poder financiero han erosionado la democracia municipal, tomando el saqueo de los bienes comunes como su base de acumulación.

La privatización de servicios e infraestructuras públicas ha sido una tarea larga efectuada por oligopolios e instituciones financieras transnacionales en connivencia con los gobiernos de las ciudades y los Estados. No resulta fácil revertir esos procesos desde los municipios. Durante los últimos 4 años, algunos ayuntamientos han introducido en su agenda la necesidad de remunicipalizar los servicios públicos. En Barcelona se ha conseguido la recuperación de la gestión directa de tres guarderías concesionadas a empresas privadas, los Puntos de Información y Atención a las Mujeres (PIAD) y se ha creado un nuevo operador energético municipal, Barcelona Energia. Pero si revisamos la herencia neoliberal, veremos que todavía queda mucho por hacer. En Cataluña, el 83,6% de la población recibe el suministro de agua de compañías privadas. El Grupo AGBAR, filial de la multinacional francesa SUEZ, abastece a un 70% de la población. En conjunto, el 57% de la población española accede al agua a través de un proveedor privado. Sin la alianza entre movimientos sociales, gobiernos municipales y nuevas políticas metropolitanas centradas en la desmercantilización, será imposible revertir estos procesos y construir ciudades democráticas.

Un municipalismo que defienda los bienes comunes necesita que los ayuntamientos hagan aquello que el poder social organizado no puede lograr por sí solo: desmercantilizar el territorio y las relaciones de producción y redistribuir recursos a escala metropolitana. Eso supone entrar en conflicto con políticas estatales y europeas que monopolizan la propiedad pública y con gobiernos que fomentan la privatización de los bienes comunes. No va a ser fácil ni rápido. Nos queda un camino largo, contradictorio y que necesita toda la energía, organización e imaginación social posible. Si algo hemos aprendido es que no hay recetas mágicas.