Opinion · Otras miradas

De estibadores y bombas

Ina Robles

Bombero y activista contra las armas. Concejal por Podemos en Getxo

A principios de 2018, tras la presión ejercida por varias organizaciones y una espectacular acción de Greenpeace, se confirmaba que en el puerto de Bilbao ya no se cargarían más armas con destino a la masacre de Yemen. Ahora, lo que parecía un hecho aislado, empieza a reproducirse por diferentes puertos europeos con unos nuevos protagonistas: los estibadores. El 8 de mayo, en Le Havre, el bloqueo del puerto por parte de varias organizaciones y trabajadores portuarios evitó la entrada del carguero saudí Bahri Yanbu. Tras cargar armas en Santander, este barco se trasladó a Génova, donde de nuevo los estibadores se negaron a cargar material militar, hecho que se repitió la semana pasada en el puerto de Marsella con otro barco, el Bahri Tabuk.

La gente me pregunta qué pienso sobre esta movilización de los profesionales franceses e italianos, y si creo que se extenderá a puertos españoles. Mi respuesta a la primera pregunta es siempre la misma: les entiendo perfectamente, ante algo así no cabe otra salida que rebelarse. Cuando estás delante de esos contenedores cargados de muerte ves mucho más que unas grandes cajas metálicas. Ves las bombas que hay dentro, las ves montadas en los aviones, ves cómo caen sobre colegios y hospitales, ves miembros y sangre por el suelo. Para mí no eran contenedores cargados de bombas, lo que llevaban dentro eran hombres, mujeres y niños descuartizados, eso es lo que se cargó aquel 13 marzo de 2017 en el puerto de Bilbao, nunca podré olvidarlo.

Los bombardeos de la Coalición Saudí sobre hospitales, autobuses escolares, mercados, bodas, funerales, colegios… están causando en Yemen la situación humanitaria más grave del planeta, la epidemia de cólera más grave de la historia de la humanidad y la muerte de un niño menor de 5 años cada 10 minutos. Lo que la gente igual no sabe es que Arabia Saudí no produce armas, las importa en gran medida desde nuestra Unión Europea, y en concreto desde Reino Unido, Francia, España e Italia. Además de ser un comercio ilegal (léase TCA y Posición Común 944/2008 PESC), esto nos convierte a todos y a todas en cómplices de los crímenes de lesa humanidad que se cometen con las armas que nuestros países suministran. En este caso no es posible tirar la piedra y esconder la mano, la persona que proporciona a un asesino el arma homicida, sabiendo lo que hará con ella, es cómplice de asesinato. Nada más que añadir, señoría.

Pero hay un sector de la población que se ve especialmente afectado por esta situación: los trabajadores y trabajadoras que participan en los envíos de armas. Nadie se hizo transportista, bombero, estibador o marino para participar en un proceso que acabará con el asesinato de personas inocentes, y eso es exactamente lo que se espera de nosotros y nosotras, que lo hagamos sin rechistar, que seamos el mensajero consciente que proporciona el arma homicida. Por eso es comprensible, hasta necesario, que algunos de estos profesionales digan basta. Primero por proteger su integridad emocional, algo que jamás entenderá quien no ha estado nunca delante de un cargamento de armas, pero también por denunciar que se les está utilizando y obligando a ser cómplices de algo intolerable.

Respecto a la segunda pregunta, el hecho de que estas reacciones estén surgiendo en otros países también es comprensible, ya que España no se destaca precisamente por proteger los derechos de las personas que discrepan de lo establecido. Esto lo pude comprobar en primera persona cuando trataron de expulsarme de mi trabajo por negarme a participar en un dispositivo de carga de bombas con destino a Arabia Saudí, acción que no tuvo mayor repercusión que un retraso de 14 minutos. No quiero ni imaginar las consecuencias que podría tener para unos estibadores españoles evitar por completo la carga de un barco.

Por otro lado, los diferentes Gobiernos de España se han venido esforzando desde hace tiempo en blanquear la venta de armas a países que las usan para masacrar personas inocentes. Lo hizo el Partido Popular durante todo su mandato, tratando de ocultar este comercio de la muerte hasta que salió a la luz tras mi negativa a cargar bombas en el puerto de Bilbao, y lo sigue haciendo el Partido Socialista. En septiembre, Josep Borrell e Isabel Celaá definieron las 400 bombas MK-82 pavaway que se mandaron a Arabia Saudí como “bombas inteligentes incapaces de matar yemeníes”, cuando eran idénticas a la que dos semanas antes se había utilizado para acabar con la vida de 40 niños al hacer saltar por los aires el autobús escolar en el que iban de excursión. En su afán de blanqueamiento, Borrell han llegado a justificar entregas de armas con la excusa de que se iban a usar exclusivamente en exhibiciones, cualquier cosa con tal de no admitir que suministramos decenas de miles de toneladas de bombas a un país que bombardea autobuses escolares con ellas.

Pero hay otro mensaje que cala hondo en la opinión pública española: si dejamos de suministrar armas a los asesinos, hay trabajadores que irán a la calle. Desafortunadamente, la falta de escrúpulos es muy lucrativa, pero no para los trabajadores de Navantia, a los que se les debería explicar por qué su empresa desistió hace un año de fabricar corbetas para la armada brasileña por “exceso de carga de trabajo” (ver programa Tamandaré). Es decir, renunciaron a fabricar estas 5 corbetas para Brasil mientras nos decían que fabricar las otras 5 corbetas para Arabia Saudí era imprescindible para el mantenimiento de la plantilla. Que el gran comisionista de la venta de armas a Oriente Medio se apellide Borbón puede parecer mera casualidad.

En definitiva, hay demasiados intereses en juego para gente demasiado importante, que no va a renunciar fácilmente a un negocio execrable, pero que les llena los bolsillos. Desde las instituciones se seguirá desinformando a la opinión pública y vulnerando los derechos de los trabajadores y trabajadoras obligándoles a realizar un trabajo que muchas veces atenta contra sus principios más básicos. En su momento lo dije, y el tiempo me ha dado la razón: mi expediente disciplinario fue un “aviso a navegantes”, en este caso un aviso a transportistas, bomberos, estibadores, marinos… y toda aquella persona con principios involucrada en la cadena que va desde que se fabrica una bomba hasta que cae sobre una familia yemení.

Por eso, desde las organizaciones y los movimientos sociales toca ahora redoblar los esfuerzos, tanto de comunicación como de movilización. Que todo el mundo sepa que armas españolas están causando estragos a miles de personas inocentes mientras los oscuros beneficios son solo para unos pocos, y que los trabajadores y trabajadoras que se ven obligadas a colaborar en estos asesinatos se vean arropados en sus protestas. No va a ser fácil, pero es el momento, la semilla que nació en el puerto de Bilbao empieza a crecer por Europa y hay que regarla para que vuelva al resto de puertos españoles. Porque no queremos ser cómplices.