Hoy nos enfrentamos a una situación de emergencia climática y de pérdida de biodiversidad sin precedentes en la historia, una crisis generada por la acción humana en un sistema económico depredador de recursos y vidas.

Un único dato nos sirve para ilustrar el fracaso a la hora de abordar el cambio climático: la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está en máximos históricos al haberse incrementado de 356,42 partes por millón en 1992 a 415 en mayo de 2019. Es decir, un 15% más desde que se lanzara el protocolo de Kioto en la 3ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP3), hace ya 22 años.

Estamos, no cabe duda, ante un auténtico fracaso. Lejos de ponerle freno a la principal causa del cambio climático (y la crisis que conlleva), la concentración de CO2 en la atmósfera avanza año tras año.

Y con ella, inexorablemente, avanzan también el aumento de la temperatura global, la desertificación de grandes partes del planeta, la desaparición de la capa de hielo del Ártico con la alteración inherente del medio marítimo, una verdadera pandemia causada por la grave contaminación del aire que respiramos y la impredecibilidad de eventos climáticos extremos que, como las sequías o las inundaciones, destruyen cosechas provocando hambrunas y afectando a la seguridad alimentaria de millones de personas. Todo ello, unido a una destrucción de la biodiversidad inaudita, con más de un millón de especies animales y vegetales amenazadas de extinción.

A la luz de esto, no es extraño que las denominadas migraciones climáticas (migraciones forzadas por los efectos directos del cambio climático) hayan desplazado ya a las producidas por las guerras, la persecución ideológica o la situación socioeconómica, y que se estime que el cambio climático habrá expulsado de sus hogares a más de 140 millones de personas en los próximos 30 años.

El Estado español es uno de los países europeos que más está sufriendo y sufrirá esta crisis climática y medioambiental: la temperatura media aumenta por encima de la media del planeta; la desertificación avanza imparable, con un 20% del territorio que ya puede considerarse como desértico; un tercio del suelo sufre erosiones graves o muy graves, lo que puede suponer una desertificación generalizada del 80% del país; 10.000 personas mueren al año por la contaminación aérea; se han intensificado las olas de calor y los incendios forestales marcan records históricos; el riesgo de sequías es cada vez mayor; el 90% de los glaciares en España han desaparecido...

¿Cabe, por tanto, alguna duda de que nos enfrentamos a una situación de emergencia, a una crisis climática y medioambiental sin precedentes, tal y como afirmamos en el primer párrafo de este artículo?

Ante esta realidad, la cuestión no debería ser sí declarar o no la situación de emergencia climática, sino cómo hacemos para convertir esa declaración en un verdadero preludio de activación de un plan integral de choque frente a la crisis climática y en defensa de la biodiversidad.

La declaración de emergencia climática debe servir como punto de partida mediante el cual informar y concienciar a la ciudadanía del verdadero alcance de la crisis medioambiental que sufrimos, sus causas y consecuencias, así como los desafíos futuros.

Debe ser el punto de partida, pero no partimos de cero. Todos estos años de fracaso a la hora de abordar de raíz el cambio climático nos dejan varias lecciones valiosas. Lecciones que las miles de jóvenes (y no tan jóvenes) del movimiento FridaysForFuture tienen muy presentes y recuerdan cuando llenan las calles de las principales ciudades europeas con movilizaciones.

La primera: basta de inacción y de escurrir el bulto. La justicia climática ha de ser una prioridad en la arena política. El fracaso para evitar la crisis climática que vivimos es consecuencia de la incapacidad y la falta de ambición de los gobiernos y poderes públicos.

Hasta ahora (y de ahí el fracaso) Gobiernos e instituciones públicas han optado por anteponer el respeto y mantenimiento de los intereses económicos de unas pocas multinacionales a la adopción de medidas realmente efectivas contra el cambio climático.

Se ha mercantilizado la destrucción del planeta creando un lucrativo mercado de compra y venta de derechos de contaminación y emisión de gases, e incluso se ha expandido todo un mercado de exportación e importación de basura.

Todo bajo la máxima de no interferir en las lógicas del mercado, de avanzar en la senda de la desregulación y la marginación del papel del Estado con el único propósito de respetar la tasa de beneficios de sectores económicos que (como la industria de los hidrocarburos) han hecho de la destrucción del planeta (directa o indirectamente) su negocio.

No es extraño, por tanto, que año tras año los acuerdos adoptados en las diferentes cumbres internacionales (desde Berlín hasta Katowice, pasando por los mediáticos Protocolo de Kioto y Acuerdos de París) hayan sido un fracaso o, en el mejor de los casos, insuficientes.

Tengámoslo claro: la lucha contra el cambio climático y las medidas necesarias a adoptar son incompatibles con buena parte de los dogmas económicos que nos rigen hoy en día, incluido el sacrosanto objetivo del crecimiento económico permanente, ignorando la finitud de los recursos y del planeta.

Una segunda e importante lección es que no podemos esperar, por tanto, que desde unas instituciones de gobierno diseñadas para mantener el statu quo lleguen las soluciones de cambio que necesitamos. O no solo. Sin movilización, sin presión desde la calle, sin organización popular y lucha (sin desdeñar aquí el cambio en los patrones de consumo como herramienta) no ha habido nunca ni habrá avance social ni logro colectivo.

La declaración de emergencia climática en nuestro país debe servir también para esto. Para que la información alimente la toma de conciencia del reto al que nos enfrentamos como sociedad e incremente la organización y la movilización.

No obstante, no han faltado declaraciones y acuerdos de lucha contra el cambio climático, informes o constataciones de la gravedad en estos últimos años, al menos a nivel internacional.  Necesitamos ir mucho más allá (tercera lección): no basta con constatar públicamente la crisis en forma de declaración de emergencia, ni con maquillar con verde la cara del gobierno de turno.

La declaración de emergencia climática debe ir acompañada de un Plan integral de lucha contra el cambio climático y en defensa de la biodiversidad. Un plan de choque que incluya medidas a todos los niveles de gobierno y obligaciones de todos los poderes públicos y que sea diseñado e implementado de manera participativa, con la implicación obligada de actores políticos, comunidad científica, agentes sociales y organizaciones ecologistas.

Un plan que, en nuestra opinión, como mínimo ha de plantear una reforma institucional; un presupuesto contra la crisis climática exclusivo y ambicioso; revisar y aplicar la transversalidad de la lucha contra el cambio climático en todas las políticas (especialmente en sectores claves como energía, agricultura, ganadería y pesca, industria y transporte) ; un programa de defensa y recuperación de la biodiversidad; la apuesta inequívoca por los principios de la economía circular y la reducción progresiva del consumo; y la defensa del principio de justicia climática global a nivel internacional.

No nos engañemos, no existe posibilidad real de un capitalismo verde ni soluciones a la crisis climática bajo la lógica neoliberal de dejar hacer a las empresas y los poderes económicos. Si queremos mitigar y poner fin al mayor desafío al que nos enfrentamos actualmente (que no es otro que la destrucción del planeta), debemos implementar una ruta ambiciosa de medidas políticas y económicas que pasan por dotar a los poderes públicos y la sociedad organizada de un papel activo y preponderante en la transición ecológica que necesitamos.