Otras miradas

¿Cómo que Inés Madrigal no es un bebé robado?

David Carracedo

Activista de derechos humanos y ex diputado

En el caso de Inés Madrigal estamos asistiendo un cuestionamiento de los hechos probados judicialmente, manipulando las declaraciones de Inés y tirando de clichés de género que culpan a las madres, a fin de exculpar la conducta de los responsables de las tramas. En este caso del doctor Vela.

Tras la rueda de prensa en la que Inés Madrigal notificaba que había encontrado a su familia biológica, llama la atención como algunos medios han construido un relato que niega que haya existido una trama de bebes robados. Algunos, incluso, ponen en cuestión la profesionalidad del abogado que lleva el caso y otros van más allá y, muy convenientemente, plantean que ya no tiene sentido el recurso sobre la no prescripción de los delitos del doctor Vela ante el Supremo.

Fundamental recordar, sin embargo, que este recurso es clave,  pues permitiría reabrir las miles de denuncias archivadas por prescripción. O dicho de otra forma, al considerar que los hechos no han prescrito, permitiría de una vez por todas que se pusiera en marcha una investigación exhaustiva para determinar los hechos detrás de cada denuncia. Recordemos que hablamos de miles de denuncias archivadas con la excusa de la prescripción. Incluso con testimonios de familias que admiten haber pagado para hacerse con un bebé. Con casos tan extravagantes como el de Laura Perales en Almería, que cuando se procedió a la exhumación del féretro del bebe supuestamente muerto, apareció el brazo de adulto,  en vez de un cadáver de bebe. Laura contó que se lo quitaron a los dos días de nacer (hay testigos). Dispone además de  partes de defunción con causas y horas distintas. El caso fue archivado. En el auto de archivo se alegó la imposibilidad de investigar a fondo por falta de recursos económicos.

Para cualquiera que haya dedicado un tiempo a este tema, es obvio que son muchas y diversas las personas interesadas en que nunca se investigue nada. De un color y de otro. Se olvida frecuentemente que entre las afectadas también hay familias de derechas, incluso franquistas.

Maite Rico publica en vozpopuli una columna que titula "la estafa de los bebes robados". En ella se despacha a gusto sin aparente interés por contrastar sus afirmaciones, empezando por aseverar que Inés Madrigal es "la mujer que acusó a un médico octogenario de haberla robado a su madre para regalarla a otra familia en 1969". Emplazo a la periodista a que revise las numerosas entrevistas que concedió Inés donde siempre dijo que desconocía si fue arrebatada de su madre o su madre era consciente de que vivía. Rogaba al doctor Vela que se lo aclarara.

Maite Rico cita un hilo de twitter de Diego Barcala donde afirma que "La historia no podía ser más atractiva, bebés robados como en Argentina y Chile…[pero] no había pruebas". En el caso de España, en el caso de Inés Madrigal, un tribunal ha considerado que sí había pruebas y ha emitido sentencia. En el resto de casos, por ahora, las afectadas tienen indicios, y reclaman investigaciones precisamente para conseguir esas pruebas.

En un Estado de Derecho la tarea de investigar compete a la policía y a la fiscalía. Resulta de lo más interesante la comparación con Argentina, donde precisamente, fue la implicación del poder ejecutivo, judicial y legislativo la que permitió los reencuentros. Las asociaciones de afectadas y la sociedad civil implicada con ellas, reclamamos al gobierno de España precisamente los mismos instrumentos que se pusieron en marcha en Argentina en pos de la verdad, la reparación y la justicia.

Otro invento de Maite Rico "Madrigal acaba de reconocer […], que fue entregada en adopción de forma voluntaria por su progenitora, ya fallecida". Error. Si hubiera escuchado el audio de la declaración de Inés, lo sabría. Nunca afirma tal cosa. Hasta la Fiscalía Provincial de Madrid rectificó, y en su segunda nota de prensa del viernes 12, afirma que no hubo adopción de ningún tipo. Y lo más asombroso, Maite Rico afirma que ni un caso solo caso de robo de bebés se ha probado en España. Obviamente, no ha indagado mucho, pues casos de robo con reencuentro han salido por doquier en los medios. De izquierda y de derechas.

Hoy y aquí, se trata de que en España se cumplan los Derechos Humanos, no de cuentos de fachas y rojos para mirar a otro lado. Señora Rico, un mínimo de informarse antes de publicar sobre el dolor ajeno.

Y ¿por qué este poner el foco en la mujer -su madre biológica de la que apenas sabemos lo poco que nos ha dicho Inés- y no, en el médico del que hay cientos de folios escritos?

Porque dar veracidad a la errónea afirmación de que Inés fue entregada en adopción "voluntariamente", en la práctica,  busca infantilizar y culpabilizar a la madre biológica por lo sucedido. Y afirmar que todo es mentira. Como suele pasar cuando las mujeres son objeto de delitos cometidos por hombres. En este caso, la mujer tiene que pasar una especie de examen colectivo (y desgraciadamente mediático) donde demostrar su pureza como víctima, con todos los atributos posibles del victimario en el imaginario colectivo. Si no lo logra, puede ser usado como atenuante de la culpabilidad del médico.  ¿Escandaloso? Como todo lo que tiene que ver con estas tramas nacidas durante la dictadura franquista que se extiende hasta el 2001 y que de forma sistemática han vulnerado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Hay quien dice que Inés no es una bebé robada. El robo es la apropiación de algo que no te pertenece y disponer de ello a tu voluntad. En el robo puede concurrir engaño, intimidación o violencia.

Por eso, en la ley de bebés robados que se tramitaba en el Congreso proponíamos (de acuerdo con el redactor de la propuesta de ley) la creación de una fiscalía especial de Apropiación de Menores.

Inés Madrigal legalmente nunca existió. El Doctor Vela no dio parte a las autoridades competentes, que nunca tuvieron conocimiento de su existencia. Ni como niña abandonada, ni como niña dada en adopción. El médico, haciéndole un favor a un cura amigo, decidió entregar a Inés a una mujer que era estéril y le firmo un certificado falso de parto que les permitiría inscribir a esa bebe como Inés Madrigal. El doctor Vela se apropió de una niña, robó a una niña, que luego se llamó Inés Madrigal. El origen de la niña era desconocido.

Estos delitos estaban recogidos en la sentencia como detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental. Aunque la sentencia considera que han prescrito, eran delitos y siguen siendo delitos. ¿Entonces porque algunos medios plantean que no tiene sentido el recurso ante el supremo para que considere que no han prescrito? ¿Qué ha cambiado?

Nada, pero hay quien quiere enterrar este escándalo, que el Supremo no se pronuncie. Evitar la acción judicial. El dato fundamental resulta ser que la madre biológica "sabía que no saldría de la clínica conmigo", dijo Inés Madrigal. Es decir, como la madre biológica no luchó heroicamente por conservar a su hija, el médico queda exculpado de haber ocultado su nacimiento a las autoridades, quedarse a la niña y disponer de ella como le pareciera. Sin embargo, el problema es que hay cientos de casos donde se denuncia a la clínica San Ramón dirigida por el doctor Vela y que señalan que el médico disponía de una vasta red de captación y distribución de recién nacidos. En palabras de la fiscal, una red de tráfico de niños.

Hay múltiples indicios de que la red de tráfico de bebes era de ámbito estatal, ya fuera en Madrid, Barcelona, Cádiz o Bilbao se alimentaba fundamentalmente por dos vías: decirle a las madres que su bebé había nacido muerto y que se fueran a casa que ya se ocupaban ellos de todos los tramites y,  la segunda vía, eran bebes entregados "voluntariamente" por madres jóvenes solteras, con un mandato de género que establecía que no podían tener esos bebes.

Eran mujeres jóvenes, muchas veces menores de edad, de extracción humilde, mujeres expuestas a una interseccionalidad de opresiones. Mujeres embarazadas, sin que el hombre quisiera casarse con ellas. Algunas mujeres trabajando como internas, en servicio doméstico de las casas de la nobleza y la elite económica, expuestas a abusos sexuales del señor o los "señoritos". Algunas mujeres violadas.

El mandato de género de la época (aún hoy algo queda) marcaba la obligación de estar casada para tener relaciones y procrear. Ante un embarazo, estas mujeres tenían la obligación de encontrar una solución si no estaban casadas. Solución que pasaba por deshacerse del bebe, ya fuera aborto ilegal y clandestino con altas probabilidades de fallecer o, con la excusa de irse a trabajar, el ingreso secreto en la red de acogida de múltiples congregaciones de monjas, para la atención en los meses previos al parto y maternidades para la fase final.

A unas calles de donde yo crecí, estaba la maternidad de Peñagrande.

En este contexto, ¿cómo se puede hablar de dar bebes "voluntariamente"? El patriarcado opera con una lógica cruel que culpabiliza a las mujeres hagan o no hagan. Si no se quedaban con el bebé, les hacía responsables de lo que pasara y exoneraban a los traficantes de bebes. Pero si lo reclamaban, o si regresaban a la maternidad de Peñagrande aporreando la puerta para reclamar lo que era suyo (su bebé), llegaba la policía y se la llevaban tildándolas de "locas" y/o "histéricas". Al igual que todas esas madres que vieron y sostuvieron a sus bebes, que saben que no murieron al nacer y a las que durante décadas se las han calificado también de locas; "la pobre, ha perdido la razón". En todos los casos, no han sido consideradas titulares de derechos, no se les ha prestó atención, ni aún hoy se les cree, no se las considera capacitadas, se les infantilizó y se les tuteló "por su bien".

En el caso de la madre de Inés,  esta forma patriarcal de entender aquella realidad, alcanzó incluso al primer comunicado de la Fiscalía, que titulada la primera nota que sacó "la fiscalía verifica la versión de que Inés Madrigal fue dada en adopción de forma voluntaria". Es incorrecto y por eso emitieron una segunda nota al día siguiente. Pero el daño ya estaba hecho: se interpretó en el subtexto que la culpa de todo este lío, la tuvo la madre que no se quedó con Inés. Sin embargo,  la realidad es que no consta que la madre firmara ningún papel, ni  que interviniera un juez para determinar el destino de la niña.

No sabemos qué condicionantes o presiones familiares tuvo la madre biológica de Inés. Lo que sí sabemos es que no pudo ejercer los derechos que legalmente le asistían conforme a la legislación de la época. Por ejemplo,  que si la madre le hubiera dado en adopción, legalmente tenía el derecho a comparecer ante un juez y desdecirse en un plazo de 6 meses. Como en tantos otros casos de esta trama, la madre biológica de Inés sufrió una vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, hoy recogidos en la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y otros convenios y tratados internacionales, firmados y ratificados por el Estado español.

Asistimos a una ofensiva mediática. Lo que tenía que ser motivo de alegría para todas las afectadas de las tramas de trafico de bebés -que Inés haya encontrado a su familia biológica-, algunos medios lo han transformado, responsabilizando a la madre biológica. Con ello han puesto otro obstáculo más contra las mujeres que buscan a sus bebés. O que los han encontrado, y además buscan que se haga justicia.

Locas, histéricas, culpabilizadas… tienen claro que la responsabilidad de lo ocurrido es de los médicos y las redes que se lucraban o pagaban favores con el tráfico de bebes. Creo que juntas y cooperando lograrán superar esta nueva contra-reacción patriarcal y obligar a que el Gobierno, de una vez, de pasos efectivos: poner personal ad hoc y recursos económicos para encontrar a los menores desaparecidos, saber la verdad de lo que ocurrió y, acabar con la impunidad de los culpables poniendo los medios para que comparezcan ante la justicia.

Las peticiones principales son sencillas; atención jurídica y psicológica especializada a las afectadas, puesta en marcha de una unidad policial de ámbito estatal que investigue conjuntamente las denuncias y creación de una fiscalía especial de apropiación de menores.