Opinion · Otras miradas

Libertad para renunciar

Toño Abad

Activista por los derechos humanos y LGTBI

El tema de este verano está siendo la férrea oposición que, desde el movimiento feminista, se está haciendo contra el alquiler de vientres. Una práctica que, por más que se diga, es ilegal en España. Aunque la ofensiva antifeminista es dura, es evidente que va calando en la opinión pública que explotar reproductivamente el cuerpo de las mujeres al igual que la explotación sexual, son formas de violencia de género.

Ambas, la prostitución y la subrogación – en sus eufemismos mercantiles que enmascaran negocios lucrativos- tienen su origen en un sistema patriarcal que dispone de los derechos, de los cuerpos y de la salud de ellas para ofrecérselo a los varones a cambio de contraprestación económica. En ambos discursos, el prostitucional y el subrogadista, se instrumentaliza a las mujeres, a su corporalidad, y se las somete a distintas formas de violencia, directa o indirecta. Finalmente se niega sus derechos.

Los defensores de ambas prácticas apelan a la libertad individual como si fueran posibles las libertades individuales cuando las desigualdades están tan presentes. Es notable, además, como entre los defensores de estas prácticas mayoritariamente son los varones quienes imponen sus voces en el debate y, sospechosamente, quienes lo acaparan. Una muestra más, otra vez, de que cuando se trata de los derechos de ellas es el patriarcado el que establece el marco en el que se desarrolla el debate, sus límites y finalmente, su visión. No es más que la consecuencia del machismo, de una sociedad que no respeta los derechos humanos de más de la mitad de la población mundial.

Querer justificar en la libertad la prostitución y la subrogación es una trampa y un imposible. Es una trampa por la dificultad radical de elegir en libertad sin tener garantizada que esa elección se realiza en igualdad de condiciones. La motivación principal de ambas prácticas está en la explotación de la necesidad económica de aquellas mujeres que son sometidas a altos niveles de exclusión social y vulnerabilidad, y por tanto de desigualdad.

Es la necesidad extrema a la que les lleva a vender o alquilar sus cuerpos primero y sus hijos e hijas después, básicamente, para satisfacer el deseo masculino. Es ese deseo de paternidad lo que los mismos defensores de la subrogación catalogan de derecho, pretendiéndolo proteger jurídicamente. El deseo de ellos frente al derecho de ellas de su propio cuerpo y del resultado de la gestación, a través de una norma, para en caso de ser necesario exigir su satisfacción.

Pero también es un imposible porque en realidad no existe tal libertad: nadie tiene libertad para renunciar a sus derechos fundamentales que en las democracias occidentales se constituyen como principios informadores de las normas jurídicas, y que son irrenunciables e indisponibles. Su propuesta es, por tanto, libertad-renuncia, a través de un contrato, para no poder ejercer más la libertad, ni su derecho a la igualdad, a la dignidad o la la integridad física y moral. Por eso, en nuestro ordenamiento jurídico la subrogación, como la prostitución o la esclavitud nunca se regularán, porque ataca esos valores fundamentales que la Constitución protege, bienes jurídicos superiores que hay que garantizar y que esas mismas prácticas vulneran.

Duele especialmente ver como un buen número de hombres gais se han lanzado a sumarse a la lucha por la aprobación de la explotación de los derechos reproductivos de las mujeres. En su descargo diré que jamás se asomaron a la lucha LGTBI por la igualdad de trato, que es el sentido de nuestra lucha. Que no nos representan y que nunca estuvieron en los peores momentos, ni reivindicaron el matrimonio igualitario o como ahora tampoco reivindican leyes de protección a las personas trans o una ley estatal LGTBI, que son los grandes temas del activismo, junto con los delitos de odio. Sobre esto último es llamativo que utilicen el argumento de la ‘homofobia’, demostrando una vez más que su único interés en nuestra causa es es el uso instrumental para sus propios fines.

Es una bajeza moral, como todo lo que rodea al asunto del alquiler de vientres, mentar la discriminación para referirse a un pretendido derecho a ser padre porque las mujeres pueden ser madres sin o con concurrencia o de un varón. Y es una manipulación, otra de tantas, comparar el derecho al matrimonio igualitario (que no afecta a los derechos de terceras personas) con la gestación subrogada. Todo vale para justificar lo injustificable y situar la explotación de las mujeres en el plano de los derechos, cuando es todo lo contrario, su vulneración.

Cuando los gais sufrimos lo peor de esta sociedad, sus ataques y violencia, siempre tuvimos a nuestro lado a las mujeres feministas. Todavía hoy las tenemos. Ahora, nuestras compañeras feministas lanzan un grito de alerta contra el rearme ideológico de la violencia y contra nuevas formas de explotación contra ellas. Nuestra historia, como la de ellas, está repleta de dolor y humillación y es por ello que existe una alianza estratégica entre el colectivo LGTBI y el feminismo. Combatimos el mismo tipo de violencia. Sin esa unión nunca habríamos logrado un mínimo de respeto de nuestros derechos, y fueron ellas quienes primero dieron la cara por nosotros.

Por desgracia quienes defienden alquilar vientres desconocen nuestra historia y ponen en riesgo está alianza. No les importa nuestra lucha ni nunca les ha importado, como tampoco les importa la lucha de las mujeres y el feminismo. No podemos permitir que se apropien de nuestra causa y que vulneren los derechos de ellas. Lo contrario es una indignidad.