Tras casi cuatro años a vueltas con el caso Blasco, es posible que mucha gente esté harta del asunto, haya pasado página, o se conforme con dejar la solución en manos de la justicia. Los siguientes apuntes son una invitación a lo contrario, esto es, a tomar conciencia tanto de la magnitud del problema que enfrentamos como de la flaqueza de nuestra respuesta ante el mismo.

Comencemos resumiendo lo ya sabido. Según todos los indicios, Blasco creó, siendo Conseller de Solidaridad, una trama corrupta público-privada con el fin de desviar en beneficio propio una parte sustancial de la Ayuda Oficial al Desarrollo aportada por la Generalitat Valenciana. Como resultado de su actuación sistemática, varios millones de euros habrían sido hurtados a sus legítimas destinatarias, las personas que esperaban esos recursos para mejorar sus condiciones de vida, aunque también se defraudó al resto de ONGD que confiaban en que sus iniciativas eran valoradas con objetividad y rigor y al conjunto de contribuyentes que hacemos posible esta expresión de fraternidad con nuestros impuestos. El saqueo habría sido mucho mayor si se hubiera logrado culminar con éxito la construcción del hospital en Haití, la intervención estrella con la que pretendía trascender su propio mandato y perpetuar el funcionamiento de una red al servicio de sus intereses. Afortunadamente, el tiempo se le acabó antes de lograrlo.

Un contexto peculiar, un caso con perfil propio

¿Cómo es posible que todo esto sucediera? ¿Cómo explicarlo? De entrada hay que situarse en el escenario de profundo deterioro de la cultura de servicio público tras décadas de mayoría absoluta del Partido Popular. De hecho, el caso confirma los vínculos entre la corrupción y el clientelismo, la privatización y la precariedad que se han adueñado de la administración de la Generalitat, evidenciando al mismo tiempo la ineficacia de sus procedimientos de fiscalización y control. Ni uno solo dio la señal de alarma en el momento y como cabría esperar, y cuando lo hicieron, tarde y excepcionalmente, sus conclusiones fueron insuficientes y sus recomendaciones incumplidas a pesar de las rimbombantes declaraciones de intenciones de los primeros momentos.

En ese contexto asumió Blasco la dirección de la cooperación internacional valenciana, la cual sumaba a todo lo anterior el haber sido cualquier cosa menos una política pública desde su nacimiento a fines de los 80. Su inconsistencia e inestabilidad institucional, la falta de un programa de trabajo solvente y compartido por el conjunto de los actores y la volatilidad de un equipo humano siempre insuficiente y carente de formación especializada sin duda le facilitaron las cosas. Especialmente si, como parece, con él llegó una red corrupta que sabía muy bien como hacer estas cosas gracias a la experiencia acumulada durante años en los distintos departamentos que el ex Conseller lideró.

Sólo así podemos comprender que construyera con tanta rapidez y eficacia ese discurso del codesarrollo que tantos réditos políticos le dio y que tan útil le resultó para encubrir su doble estrategia de debilitamiento del movimiento social crítico y promoción de una nueva estructura más dócil vinculada a la migración; que se dotara de un equipo directivo y de un presupuesto a su medida; que pudiera no rendir cuentas, ocultar y manipular las cifras de su gestión e incumplir los objetivos declarados sin coste alguno; que privatizara aspectos clave del proceso de concesión de subvenciones, entregándolos a consultoras carentes de experiencia y profesionalidad; y que dejara buena parte de la gestión cotidiana en manos de personas contratadas en precario a través de empresas y fundaciones subvencionadas para ello, unas personas que, por tanto, tenían mucho que perder, tal vez demasiado, en caso de no acatar las instrucciones de sus superiores.

Los límites de la respuesta

Ni los partidos políticos ni los medios de comunicación permanecieron inactivos mientras todo esto sucedía. Recordemos que fueron los primeros quienes denunciaron los hechos ante la justicia, y reconozcamos también que durante todo este tiempo no han descuidado su labor de oposición. Tampoco los medios de comunicación dejaron de cumplir su función social, y espoleados por el goteo de noticias, soslayaron el secreto del sumario para informar puntualmente de cada novedad en la instrucción.

No obstante, la acción de los primeros ha servido de poco ante la mayoría absoluta del partido en el gobierno, en un ejemplo más de lo inútiles que puede llegar a ser la labor de vigilancia parlamentaria del ejecutivo en contextos de baja calidad democrática como el nuestro. Y ambos, partidos de oposición y medios, han concentrado toda su atención en la figura del ex Conseller, renunciando al análisis causal de lo sucedido y a otras pedagogías posibles con mayor potencial de creación de conciencia social crítica. El debate público mayoritario de estos años ha contribuido a que el árbol de Blasco no nos deje ver el bosque de la corrupción y cómo sus sombras amenazan la supervivencia de una cooperación internacional ya de por sí muy enferma y debilitada.

Que no hayamos sabido o podido ir más allá se explica igualmente por esa falta de confianza colectiva que debería interpelarnos sobre todo a las ONGD. Al fin y al cabo, reclamamos la representación de la ciudadanía y el protagonismo principal en el sector, y nadie se juega más que nosotras en este asunto. Sin embargo, no creo que podamos estar satisfechas con la respuesta dada hasta el momento, que más bien evidencia la histórica debilidad del movimiento de solidaridad internacional en el País Valenciano, territorio amable, abierto y siempre bien dispuesto ante los conquistadores cuyos responsables prefirieron acoger a las delegaciones de las grandes organizaciones humanitarias internacionales y nacionales antes que promover un tejido socialmente enraizado en el territorio. Lo sucedido aquí resulta inaudito e inimaginable en buena parte del resto de comunidades autónomas del estado. Sea por éste o por otros motivos, prácticamente ninguna organización ha apostado por encarar el caso como se merece, y salvo contadísimas excepciones, nadie ha puesto sus recursos institucionales sobre la mesa, ni económicos ni humanos, como se requería y todavía se requiere. Los años de conformismo con el "café para todos" se han tornado en dura competencia por los menguados alivios contra la pobreza, y pareciera que hemos renunciado a sumar esfuerzos y liderar un proceso más firme, consistente y efectivo de movilización ciudadana contra la corrupción en cooperación.

Puestas así las cosas, la actuación judicial se convirtió en la última alternativa posible. Nada que decir de una instrucción diligente, y tanto la fiscalía como la abogacía de la Generalitat, a la que nos gustaría ver más en este papel, han ejercido enérgicamente la acusación junto a una representación popular igualmente digna. En cuanto a los peritajes realizados por la Intervención General del Estado y la Inspección de Hacienda, han sido fundamentales para la prueba de los delitos y el avance de la causa. Digamos también, por tanto, que este conjunto de actores y procedimientos democráticos funcionaron en esta ocasión.

Conclusiones provisionales, alternativas inaplazables

El caso Blasco nos ha enseñado que la corrupción es ante todo una dinámica estructural alimentada por el poder. Son las élites, políticas en este caso, las que generan la energía que pone en marcha la maquinaria, y de ellas, de quienes ejercen el liderazgo, es la voluntad de anteponer el interés propio al bien común. Sin embargo, para que sus decisiones puedan materializarse necesitan rodearse de personas que compartan sus intereses de poder y lucro personal. Esta camarilla activamente cómplice, formada por altos cargos de la administración y empresarios, es la principal encargada de cumplir y hacer cumplir sus órdenes, garantizando que el siguiente grupo de ejecutoras directas cumplan su papel. Éstas últimas acaban contribuyendo por activa o por pasiva a la expansión de un proceso contrario al espíritu de las leyes, por más que se excusen en la obligación, la necesidad, la inconsciencia o el desconocimiento. Y, en fin, la red piramidal crece y se reproduce porque encuentra un entorno favorable y demasiado permisivo y tolerante con el comportamiento incívico de sus dirigentes.

Estamos, por tanto, ante un fallo general del sistema democrático que neutraliza incluso  a las instituciones y organizaciones creadas para combatirla. Y nada nos garantiza que se trate de una anomalía puntual y no de un defecto de fábrica. De entrada nos plantea un problema ético radical, en la medida que atenta contra los valores básicos que sustentan el sentido de pertenencia a la comunidad de ciudadanos y ciudadanas. Pero creer que se trata sólo de un problema de valores y que lo resolveremos sacando la manzana podrida del cesto, es un error de cálculo que podemos pagar muy caro ya que, lamentablemente, la corrupción es resultado tanto de la acción de corruptores y corrompidos como de la omisión del resto del cuerpo social, es decir, de la mayoría. Hoy sabemos que cuando el liderazgo se ejerce inmoralmente en organizaciones jerárquicas y formalizadas como las empresas o la administración, los principios de obediencia, fidelidad, confianza y buena fe por los que se rigen pueden acabar siendo funcionales a estas prácticas antisociales y antidemocráticas.

Más grave aún es que las personas que nos representan no dimiten al ser imputadas por supuestos delitos de esta naturaleza. Y no lo hacen porque han conseguido que toleremos sus decisiones, actitudes y comportamientos. Desde esa seguridad desactivan la política tan pronto la justicia entra en funcionamiento y abusan de la presunción de inocencia pervirtiendo su sentido. Visto cómo eluden las responsabilidades y entorpecen y dilatan, cuando no impiden directamente, la labor de los tribunales, parece evidente que necesitamos mecanismos que las aparten de la actividad política hasta que los indicios investigados se juzguen y sentencien. El sistema judicial ha de ser parte fundamental de este cambio, pero no el único recurso contra la impunidad. Primero porque es caro, lento y pocas veces ciego ante los poderosos; y segundo, y sobre todo, porque nunca llegará a ser excelente sin el respaldo masivo de una ciudadanía activamente comprometida con la justicia.

En definitiva, no colaborar con la corrupción es insuficiente, peor conformarse con tomar distancia o mirar para otro lado, y la única opción respetable es rechazarla y, llegado el caso, denunciarla y perseguirla. Su erradicación requiere un proceso de cambio a largo plazo, en gran medida cultural, de educación y ejercicio práctico de los deberes de ciudadanía imprescindibles para conservar los derechos que heredamos y que hoy se nos quieren negar. Pensando en el futuro, importa tanto condenar la corrupción e impedir la impunidad como promover y reconocer las virtudes cívicas. Sólo así conseguiremos que nuestros representantes comprendan que les cedemos temporalmente una parte de nuestro poder para que manden obedeciendo.

Rafael Maurí Victoria

Associació de Solidaritat Perifèries http://www.periferies.org/