El Partido Popular debería decidir con qué personalidad finalmente quedarse. Como Gollum en el Señor de los anillos, la formación política parece batallar consigo misma desde hace tiempo entre dos posturas tan enfrentadas en relación a la violencia de género, que terminan por parecer grotescas (según la Rae: ridículo y extravagante, pero también grosero y de mal gusto). Y como en el caso de Gollum, parece estar triunfando el lado más oscuro.

En los últimos días los españoles, y la ciudadanía de Madrid en especial, hemos asistido a esa metamorfosis: "La violencia es violencia, la ejerza quien la ejerza y lo importante es erradicarla desde todos los puntos de vista". "No comparto la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo". No son frases de representantes de Vox, aunque lo parecen, sino de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la Capital, ambos del PP.

Atrás parecen haber quedado los golpes en el pecho de Pablo Casado durante la última campaña electoral, reclamando para su partido el crédito de las principales luchas contra la violencia machista: desde atribuirse la redacción de la ley integral contra la violencia de género de 2004 (que redactó en movimiento feminista y puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero), hasta afirmar que el PP había sido el artífice del pacto de Estado contra la violencia de género aprobada en el Congreso en septiembre de 2017. Un paquete de más de 120 medidas a poner en marcha en cinco años con un presupuesto total de 1.000 millones de euros. Es decir, 200 euros anuales a repartir entre la administración central (80 millones), las Comunidades Autónomas (100 millones) y los ayuntamientos (20 millones).

Omitía explicar el candidato del PP que la firma del pacto se retrasó más de dos meses debido al pobre documento que había elaborado su partido, encargado en ese momento de la redacción del texto marco por ser el principal partido con representación parlamentaria. La amnesia también le llevó a no mencionar que en la base del retraso estuvo la férrea oposición del PP a dar al pacto una financiación adecuada. Finalmente los diversos grupos arrancaron de los populares el compromiso de destinar 1.000 millones de euros en cinco años.

El Partido Popular finalmente no fue clave en poner el pacto en marcha. De hecho, entre septiembre de 2017 (cuando se aprobó el pacto de Estado) y finales de mayo del año siguiente, cuando triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez que desalojó a Rajoy de la presidencia, el PP no había sido capaz (o no tuvo la voluntad) de agilizar los trámites para poner en marcha lo acordado. No sólo no desbloqueó los fondos para el primer año, sino que en los presupuestos para 2018 ni siquiera los había incluido.

Los PGE de 2018 presentados por el PP contenían los 80 millones destinados a la administración central (aunque varios partidos de la oposición ni siguiera eran capaces de localizarlos en las distintas partidas), pero dejó los 120 millones para comunidades y entes locales fuera de la ley de presupuestos, a pesar de que el pacto establecía que dichos fondos debían ser finalistas y condicionados. Sólo una enmienda transaccional impulsada por el PSOE y finalmente aprobada por todos los grupos parlamentarios, obligó al PP a incluir esos fondos en los PGE de ese año.

Ahora que vamos de cabeza hacia la próxima campaña electoral es de prever que el Partido Popular intente meterse en el menor número posible de charcos en todo lo referente a los derechos de las mujeres. Una tarea harto difícil cuando ya gobierna en comunidades claves como Andalucía y Madrid o Murcia con Ciudadanos, defensor a ultranza de los vientres de alquiler, y con la ultraderecha de Vox, la fuerza oscura que saca el lado más machista del PP.