16/04/201020/09/2017

MANUEL DE LA ROCHA

Diputado Socialista de la Comisión de Justicia del Congreso

La admisión a trámite de tres querellas sucesivas por prevaricación contra el juez Garzón y la decisión del Tribunal Supremo de sentarlo en el banquillo constituye un hecho insólito en la vida judicial española. Responde a una campaña política y mediática que, a través de la persecución judicial, pretende acabar con él, dejando en la impunidad y el olvido los crímenes del franquismo y la mayor corrupción conocida de un partido político en la España democrática.
Se puede o no compartir el estilo de Garzón, pero lo que nadie puede dejar de reconocer es su trabajo judicial. Ha tenido la osadía de perseguir a criminales de todo tipo: a dictadores y torturadores latinoamericanos y africanos; a terroristas de ETA y las organizaciones de su entorno; a quienes, bajo la cobertura de los GAL, se saltaron el Estado de derecho; a narcotraficantes y organizaciones criminales de ámbito internacional; a delincuentes de cuello blanco, en delitos económicos y urbanísticos; y también la corrupción de personas afiliadas o vinculadas a los principales partidos políticos españoles, sin distinción de ideologías.
Y aquí está sin duda el origen del problema. Una parte de la clase política española no acepta que haya querido investigar sus orígenes y su corrupción. Organizaciones de derecha y de extrema derecha, junto a los denunciados por corrupción y algún juez con animadversión a su persona, son sus perseguidores. Entre aquellas, organizaciones vinculadas directamente al franquismo, como el pseudosindicato Manos Limpias –nacido de la ultraderechista Fuerza Nueva– y Falange Española, heredera de golpistas y asesinos; y también los jefes de la trama Gürtel, que en mar revuelto buscan su impunidad y la de los miembros corruptos del PP beneficiarios de su actividad.

Garzón ha sido capaz de investigar la responsabilidad penal de los golpistas que se levantaron contra la Segunda República, cometiendo delitos contra la humanidad, por entender que en estos crímenes no cabe ni la amnistía ni la prescripción, conforme a diversos convenios internacionales que obligan a España. Rechazada su competencia por la Audiencia Nacional por mayoría y recurrida esa decisión ante el Tribunal Supremo, a fin de que resuelva quién es el juez competente, hasta el momento no se ha pronunciado sobre el recurso.
Y sin embargo, sí ha aceptado y tramitado con inusual celeridad una querella por prevaricación y ha decidido, sin admitirle prueba alguna, abrir juicio contra Garzón, frente a la opinión del fiscal y de otros magistrados de la Audiencia Nacional que dieron la razón a aquel, y en contra del sentido jurídico común. La decisión de Garzón será discutible en derecho, como todas las resoluciones judiciales, pero no cabe hablar de prevaricación cuando hay una sólida fundamentación jurídica mantenida y apoyada por tantos otros juristas en el ejercicio de su misma función jurisdiccional.
¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo es posible que un juez español pueda investigar con los argumentos de la Justicia Universal las dictaduras chilena o argentina, con gran aplauso y reconocimiento nacional e internacional, pero no pueda ni intentarlo en relación con la dictadura franquista? ¿Cómo es posible que el único juez que se ha atrevido a investigarla judicialmente se convierta precisamente por ello en víctima de los franquistas pasados y actuales? El franquismo sigue vivo, la causa contra sus crímenes ha derivado en una causa contra su juez. Aquel seguirá impune, sus víctimas sin reconocimiento y quien quiso investigarlo convertido de juez en acusado.
Y lo mismo cabe decir del caso Gürtel, que afecta transversalmente a muchos miembros del principal partido de la derecha española. De nuevo la investigación por un juez de la corrupción se ha transformado en la actuación de los corruptos contra ese juez, buscando no sólo su condena, sino la impunidad. De nuevo, la derecha española, o su parte más antidemócrata y corrupta, busca, al modo berlusconiano, su impunidad y carga contra quien les investiga. De nuevo es indiferente que la decisión de Garzón haya sido ratificada y hecha suya por otros dos jueces y por la fiscalía, lo que hace jurídicamente inviable hablar de prevaricación, de resolución manifiestamente injusta. Porque se trata de la impunidad y para su logro no caben límites.
Juristas de renombre han señalado que la situación actual de Garzón es debida a actitudes "de recelo, de envidia, de venganza" contra él, ajenas a la razón del derecho y de la justicia, y a la presencia mayoritaria de "la extrema derecha española" en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La decisión de este es una vergüenza de nuestra democracia, y por eso se está produciendo un fuerte movimiento cívico y social de rechazo, del que es expresión el acto organizado por UGT y CCOO, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, incluida la prensa internacional más influyente. Mala imagen tiene la Justicia en España, pero este caso puede hacer que su descrédito sea irrecuperable.