Otras miradas

La cárcel maltratada

José Ángel Hidalgo

Funcionario de prisiones, escritor y periodista

Como siempre sucede en los mejores cuentos, sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. La prisión, ese lugar extraño a todos y comúnmente vilipendiado, ese infierno laboral donde sus trabajadores nunca son escuchados, es estos días la estrella de los debates tras el vitriólico fallo del Supremo sobre el ‘procés’. Y digo lo de vitriólico, por el tono del redactor Marchena hablando de aquellos votantes del 1-0 como gentes engañadas por los condenados con la ‘quimera’ (sic) de la independencia: ¿qué hace este magistrado metiéndose en toga de once varas? ¿Tan hábil se muestra no cerrando la puerta del beneficio penitenciario, y tan torpe sin embargo en ese exceso?

Sí, no se para de hablar ahora en periódicos, radios y televisiones de la cárcel siempre para decir con absoluta impropiedad que esta sentencia no es tan dura, que no cierra, como si fuese un escándalo, la vía del tercer grado a los condenados. ¿Y por qué habría de cerrarse?

Ay, qué pérfida saliva lubrica las lenguas en este país de palo y tentetieso, sí, con qué impunidad atentan a la inteligencia, pues de sobra saben los cerebros atados a esas lenguas (o al revés) que permisos penitenciarios y terceros grados son objeto de recurso del fiscal, revisados por jueces de vigilancia, audiencia provincial y tribunal sentenciador, que en este caso es el Supremo, todos ellos órganos inmaculadamente estatales.

Pero claro, en España siempre vestimos la cordura con harapos con el objeto de reírnos de ella mientras la lanzamos por los aires como a un pelele… ¡Unamuno, donde quedó tu legado! ¡Que viva pues el cabrito de la Legión!

De esas reflexiones impropias que escucho lo que más me sorprende es la falta de humanidad, claro, porque quien las propaga es incapaz de meterse en el pellejo de aquél a quien le cae una pena de doce años, o nueve, que sigue siendo una barbaridad: es lo que se conoce en el patio del talego como una ‘ruina’.

Ruina para los penados y para sus familias, y dolor y quebranto, quizás irreparable, para, en este caso del ‘procés’, los dos millones largos de catalanes que les votaron.

Sí, esas lenguas propagan esos pavores con premeditación y muchísima alevosía para escandalizarnos a todos: son partidarias de los postulados de las derecha tratables (de la otra no digo nada, pues la ley de fugas o la cruda desaparición no las contemplan a día de hoy las leyes españolas) que andan algo asustadas al comprobar cómo la sentencia del Supremo (a no ser que arda Cataluña y haya que desplegar el Ejército) les ha vaciado de repente el programa electoral.

Así, ambas falanges andan silbado un solo aire marcial que sin duda tendrá su continuidad en la campaña, y al que puede ponérsele letra resumiendo poéticamente su oposición visceral a que los Jordis vuelvan a casa por Navidad: ¡En el talego se come un gran turrón… ( y todos a la vez)…  ¡¡turrón, turrón!! ,  podría ser su lema musicado para el 10N con la esperanza de seguir arrasando en Burgos, Albacete o Jaén.

Estaremos de acuerdo en que eso de odia el delito, pero compadece al delincuente, piedra angular sobre la que se ha construido el derecho penal y penitenciario moderno, es una frase feliz que en estos atribulados tiempos suena a juego roto de una lejana infancia en los que hubo en España cabezas lúcidas y generosidad social suficiente como para redactar artículos como el 25 de nuestra hermosa Constitución.

Sí, hay que ser ancho de espíritu para dejar que en el texto constitucional brille con luz propia un texto que contiene el mandado de fiar el cumplimiento de las penas al objetivo de la reinserción del delincuente, ¡y con los recursos escasos que la institución penitenciaria dispone!

Siendo así, ¿por qué no van a poder los condenados el lunes por el Supremo a reclamar sus derechos? ¿Tendremos que legislar excepcional y específicamente, como en una dictadura, para que los Jordis se coman cautivos el turrón? ¿En qué lugar dejamos a la institución penitenciaria española (no transferida) cuando suponemos que desde sus órganos profesionales se dictaran resoluciones guiadas por una saña cruel, o por una directriz política, y no por los ‘principios científicos del tratamiento’ a los que les obliga la Constitución, la LOGP y el Reglamento Penitenciario?

Lo que más gracia me hace es que aquellos que vuelven a usar con infamia la prisión, agarrándose a ella como recurso desesperado para infligir un sufrimiento inapelable a los condenados por el ‘procés’, no se han acordado jamás de la cárcel y de sus trabajadores; es más, hay memoria imborrable del ministro Zoido alabando sin descanso y proponiendo incrementos salariales de ensueño a Policía y Guardia Civil cuando estalló el conflicto del 1-0: a los funcionarios de prisiones, que fuimos los que tuvimos que gestionar la vida penitenciaria de internos tan especiales, nos echó a la perrera que es donde seguimos estando con el nuevo gobierno.

Creo que es el momento de que la sociedad tome consciencia del papel trascendental de la cárcel para hacer cumplir las leyes penales, sí, pero también para ejecutar el complicado mandato constitucional a la que está sujeta: una vez pagada su deuda, recuperar para el bien de todos al que un día dañó gravemente nuestra convivencia.

(¡Ay, aquellos gatazos de Estremera! Ayer no dejé de pensar en ellos, en la tristeza del gato Junqueras caminando por los viales de mi prisión, en el saque de tenis ineficaz del gato Romeva, en su ensimismado reflexionar mientras lamían pausada, gatunamente, su bol de leche caliente en el desayuno! ¡Con qué melancolía estirarían ayer su lomo sobre el tejado del módulo en Lledoners!).