Cuando el pasado 17 de octubre los estudiantes dijeron basta y convocaron una jornada de movilizaciones en el metro contra el alza del billete, se produjo un punto de inflexión en Chile, porque una simple protesta estudiantil acabó siendo severamente reprimida por los Carabineros.

La respuesta del presidente, Sebastián Piñera, fue la de decretar el Estado de Emergencia, algo que no había ocurrido en Chile desde la dictadura fascista de Pinochet. Y aunque el Gobierno dio marcha atrás con la subida del billete del metro, la gente siguió y sigue en las calles, a día de hoy, hartos de treinta años de políticas neoliberales que ahogan a estudiantes, trabajadores y clases populares, en un país donde la riqueza se reparte únicamente entre la élite política y la empresarial.

Un país con unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento económico durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la mayoría social. Chile es uno de los diez países más desiguales del mundo y el más desigual de la OCDE.

Ante una situación de hartazgo social y de dignas protestas en las calles, la respuesta de Piñera ha sido la de mantener el Estado de Emergencia junto con toques de queda en diferentes zonas del país. El Ejército y los Carabineros campan a sus anchas, reprimiendo con la misma impunidad con la que se actuaba en plena dictadura pinochetista.

Hasta el momento, son 18 las personas asesinadas en Chile y el último informe entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registra 2.890 personas detenidas y 582 heridas. El detalle de estas cifras señala que del total de detenidos, 294 son mujeres, 1.182 son hombres y 225 niños, niñas, y adolescentes. Se han presentado doce denuncias por violencia sexual por tocamientos, amenazas de violación y agresiones sexuales.

Hemos sido testigos de disparos a bocajarro de los militares contra estudiantes y medios de comunicación. De cómo los milicos han entrado en los domicilios de líderes estudiantiles y los han secuestrado, arrastrándolos por el suelo, sin pudor. A día de hoy se desconoce su paradero.

Todo ello está sucediendo, lamentablemente, ante el silencio cómplice de la Unión Europea y el resto de la conocida como comunidad internacional. El Parlamento Europeo tuvo la desfachatez en su último pleno de rechazar la solicitud del Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) para que se incluyera en el debate un punto que tratase la situación en Chile.

Sorprende que la Organización de Estados Americanos se muestre tan preocupada por el resultado de las elecciones en Bolivia y no se pronuncie sobre las violaciones de derechos humanos en Chile.

El viernes pasado, la marcha contra el alza del TAG (etiqueta de identificación de los vehículos) utilizado para el cobro automático de peaje, se convirtió en una manifestación histórica contra la presencia de los militares en las calles, el Estado de Emergencia y los toques de queda.

Tal y como han venido demandando fuerzas políticas y sectores progresistas y democráticos, Chile recibe desde este lunes una misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza la expresidenta Michelle Bachelet. La tarea de esta misión de verificación será la de examinar la situación de los derechos humanos en el país desde el pasado 18 de octubre, día en el que se declara el Estado de Emergencia y los toques de queda. El Alto Comisionado de la ONU deberá atender las denuncias sobre los abusos y el uso excesivo de la fuerza en la represión a los manifestantes. Estaremos atentas y atentos a los resultados.

Habrá que ver si el Gobierno colabora. De momento, ha levantado el Estado de Emergencia, lo que no es garantía total de que la represión y las violaciones de derechos humanos hayan acabado.

Chile merece un proceso constituyente, una Constitución que garantice derechos fundamentales de las mayorías sociales y que se desembarace de la sombra de Pinochet.

Chile merece, de una vez por todas, unos gobernantes que estén a la altura de un pueblo que ya no aguanta más. Merece que la comunidad internacional deje de ser cómplice de la violencia ejercida impunemente por el Estado y condene tajantemente lo sucedido en estos últimos días.

Pero además, en Europa, se debe abrir un debate sobre Chile. El Parlamento Europeo tiene una oportunidad de demostrar que está al lado del pueblo y no al servicio de las élites empresariales, las oligarquías políticas y la Administración Trump.

Es hora de que la Unión Europea condene los crímenes que el Gobierno de Piñera está cometiendo y señale a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.