30/04/201020/09/2017

JAVIER GÓMEZ AGÜERO

Politólogo

La confianza es un valor clave en cualquier relación. Es lo que la impulsa, la mantiene e impide que se rompa. Aquello de "en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza", se basa en la confianza entre las partes.
La política, que es una relación entre representantes y representados, también precisa de confianza.
Según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la valoración del Gobierno ha ido cayendo desde el inicio de la legislatura. Desde abril de 2008 hasta enero de 2010 esa valoración ha bajado del 53% al 36,9%. En enero de 2010 se ha producido la menor distancia entre la valoración de la acción del Gobierno y la de la oposición, un 2,4%. La media desde que se inició la legislatura hasta octubre de 2009 había sido del 6,83%.
Parece obvio que la situación económica explica el declive de la confianza ciudadana en el Gobierno. Es conocido el sustancial incremento de la preocupación ciudadana por el paro y la marcha de la economía.
Partiendo de esta premisa, podría suponerse que la recuperación económica será suficiente para que el Gobierno recupere la confianza perdida.
Sin embargo, las encuestas muestran que no tiene por qué ser así. Desde el inicio de la legislatura, tanto el indicador de confianza económica que elabora el CIS como las expectativas de la situación económica han ido mejorando, al contrario que la confianza en el Gobierno.
Es poco probable que una mejora de la economía genere por sí sola un aumento de la confianza en la labor del Gobierno. Entonces: ¿qué lastra la confianza en el Gobierno?
Según una encuesta de Metroscopia de octubre de 2009, el 76% de los entrevistados consideraba que las medidas para combatir la crisis llegaban demasiado tarde, y un 81% opinaba que el presidente del Gobierno estaba improvisando.
Parece que el Gobierno cometió al inicio de la legislatura una suerte de "pecado original" que minó la confianza en su gestión y que sigue lastrándola. ¿Cuál fue ese "pecado original"? ¿Cómo puede corregirse?

Para la primera pregunta, la respuesta sería que el Gobierno erró tanto el diagnóstico de la crisis como en el tempo y en algunas medidas adoptadas para afrontarla.
Responder a la segunda cuestión requiere afrontar que la confianza es muy difícil de recuperar una vez perdida. Reconstruirla exige pasos audaces. Como el problema de base es doble –retraso en asumir la crisis y percepción de improvisación al afrontarla– la estrategia debe atacar ambas vertientes. Y el primer paso consiste en asumir los propios errores.
Es cierto que el presidente del Gobierno ha realizado esfuerzos en ese sentido, pero lo ha hecho parcialmente, sin el respaldo de un relato bien trabado. Sin ese relato, un simple mea culpa puede ser incluso contraproducente. Sin argumento, la ciudadanía sólo percibe medidas sueltas sin una lógica común.
Este paso no es sencillo, porque rectificar nunca lo es. Pero la única forma coherente de defender una postura contraria a la que se sostenía es asumir que en un momento anterior se erró. Habría que asumir, en primer lugar, que entre 2004 y 2008 no se combatió decididamente la burbuja inmobiliaria, sino que se gestionó sobre los ingresos que aquella generaba.
La burbuja inmobiliaria no la creó el PSOE: nació del primer Gobierno del PP, cuando la reforma de la Ley del Suelo, unida a las desgravaciones por la compra de vivienda y la bajada de tipos de interés generaron un caudal de crédito que cebó una pompa enorme.
Otro error fue creer que los ingresos que trajo la burbuja inmobiliaria iban a ser eternos. Gracias a ellos, el Gobierno pudo incrementar los gastos –mejorar pensiones, impulsar la Ley de Dependencia, etc.– y además bajar los impuestos. Aquellos ingresos también permitieron hacer una acertada política de reducción de la deuda pública, que ahora permite combatir la crisis con cierta holgura.
Pero el Gobierno no fue el único que se equivocó: también lo hicieron los particulares, endeudándose sobremanera gracias a la laxitud crediticia. Todos hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades.
Y así llegamos a un momento en el que explicar ese relato es clave si el Gobierno quiere recuperar la confianza perdida. Ese relato, además de exponer cómo ha evolucionado nuestra economía –qué se pudo hacer y no se hizo para corregir los desfases heredados–, debe explicar por qué las medidas que ahora impulsa el Ejecutivo –aunque dolorosas– son necesarias.
Si el Gobierno no comunica coherentemente sus políticas, permitirá que la oposición introduzca su propia versión y hará muy difícil que sus logros –como la reducción de la siniestralidad y la delincuencia o los derechos de la mujer– cuenten, ahora y en 2012.
Liderazgo no es sinónimo de infalibilidad, sino de utilidad. El Gobierno debería explicar que no importa si subir o bajar los impuestos es o no de izquierdas: lo que importa es que haya los ingresos que se necesitan para tener los servicios públicos que se quieren.
La socialdemocracia ha sido más fuerte cuando ha sabido mostrar con hechos e ideas el Estado que quiere. Si se asumen los errores y se recupera la confianza ciudadana, el Gobierno tendrá una base sólida para promover una sociedad del bienestar y una economía más justas. Esto devolverá el debate a la clásica dicotomía izquierda-derecha y obligará a la oposición a explicar por qué se cree capaz de dar duros a cuatro pesetas.