Opinion · Otras miradas

Constitucionalismo del Estado social (En el 41 aniversario de la Constitución)

Francisco Ramos Antón

Miembro del Consejo Consultivo de Castilla y León

Ser constitucionalista se ha convertido, en el escenario político actual, en una etiqueta estigmatizadora de quienes no pregonan serlo. Un elemento más de polarización. Nada más ajeno al espíritu constitucional.

En la sociedad española, la capacidad de motivar adhesiones del relato político de la transición se ha debilitado en sus dos pilares básicos: la credibilidad del modelo de cohesión social, puesto en cuestión durante la crisis por la reversibilidad de los derechos sociales, y el proyecto de cohesión territorial del Estado de las autonomías, atrapado en el “procés” y sus usos político-electorales.

En el terreno estrictamente político, de las libertades democráticas, para varias generaciones la Constitución es un legado histórico que responde a imperativos de otro tiempo, cuya épica no comparten. La recuperación de la democracia y de los derechos fundamentales les dicen poco, porque en su imaginario están descontados. La estabilidad política en un país que ha tenido desde de 1812 siete constituciones y 206 gobiernos, cinco de cuyos presidentes fueron asesinados, tampoco cuenta, porque la historia parece no intervenir en la agenda política si no es llamada como testigo de parte.

En buena perspectiva histórica, la transición española y su expresión jurídica en la Constitución y el bloque de constitucionalidad son una proeza. Ello no empece que haya mucho que mejorar. Bárbaro sería no verlo.

Las generaciones que votamos la Constitución y vivimos la transición tenemos la responsabilidad de llenar de una significación puesta al día el legado constitucional. Solo así las reformas, que tendrán que llegar, responderán a su mismo espíritu, al acervo ético y utópico de sus valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, que podrán positivizarse con arreglo a las exigencias de cada tiempo.

Se hace necesario por tanto un nuevo relato, una nueva épica y un nuevo programa u horizonte utópico para la Constitución. Ello no implica necesariamente su modificación, aunque es prudente incorporar lo aprendido  y lo acaecido, e inteligente equiparnos para lo que ya se ve venir.

Ese relato, para ser duradero, debe hundir sus raíces en la profundización del Estado social. En la seguridad que provee el Estado de bienestar prospera la virtud que exige la ciudadanía democrática. De la precariedad y del miedo a caer en ella surge el refugio en los fundamentalismos excluyentes de todo signo y en los populismos que convierten al ciudadano en fanático.

Llevamos años sufriendo los efectos de una crisis que ha cargado la mayor parte de su peso sobre el trabajo y los trabajadores, ha expatriado a muchos jóvenes y ha dejado a los demás con las alas recortadas. Los jóvenes españoles son los europeos que más tardan en emanciparse, por las mismas dificultades de precariedad laboral y exclusión residencial que parecen estar detrás de la baja fecundidad efectiva, en relación con la deseada.

En tasas de riesgo de pobreza no hemos mejorado prácticamente nada en los últimos años y estamos 8,5 puntos por encima de la media de la UE. Las desigualdades de renta se han incrementado y se mantienen por encima de las de Europa, seguramente como consecuencia de nuestra brecha negativa en todos los indicadores del mercado de trabajo. La capacidad de reducción de la pobreza de las transferencias sociales se mantiene entre las más bajas de la UE. La calificación de la Comisión en el cuadro de indicadores sociales para España en materia de distribución de la renta es hoy de “situación crítica”.

El programa de ajuste de desequilibrios sociales respecto a la UE, de acuerdo con los criterios de convergencia hacia mejores condiciones de vida y trabajo, del Pilar Europeo de los Derechos Sociales exige, en su informe de 2019, incrementar la inversión en educación, sanidad y políticas de apoyo a la familia. Además, resulta necesario coordinar e incrementar la eficiencia de los sistemas de rentas mínimas de las comunidades autónomas, como garantía de igualdad entre todos los españoles.

¿Alguien puede creer que las crisis políticas que padecemos (de credibilidad, de estabilidad, de gobernabilidad…) no tienen su origen en la crisis social a que han dado lugar las políticas para afrontar la crisis económica?

En este escenario lo más importante es sumar al consenso constitucional  a las jóvenes generaciones, a las que hemos imputado la mayor parte de los costes de la crisis.  La tasa de desempleo juvenil es más del doble que la del conjunto de la población y la brecha con la UE es de más de 19 puntos. El abandono escolar prematuro es superior en 7 puntos. La proporción de jóvenes excluidos del derecho a la educación y el empleo (el 12,4 %), aunque ha mejorado en esta década, es aún más alta que la de los países de nuestro entorno europeo. La tasa de reducción de la pobreza infantil (que es la pobreza de los padres jóvenes) por las transferencias sociales está en 20,4 puntos por debajo de la media de la UE. El objetivo político tiene que ser crearles las condiciones para un futuro en el que quieran reconocerse. Y es urgente.

En un Estado social fuerte no cabe ni el nacionalismo activo de los ricos, ni el nacionalismo defensivo de los pobres. De ambos viven los nacionalismos periféricos y el nacionalismo español, que han polarizado la vida política española y la competencia electoral.

El punto de partida es el respeto a la Constitución, incompatible con su manoseo político.  Y la consideración debida al poder constituyente, el pueblo español.

Celebrar la Constitución en su 41º aniversario, supone recuperar la credibilidad de un sistema eficiente de igualdad de oportunidades que no deja a nadie tirado cuando no consigue cotas aceptables de igualdad de resultados. Hoy ser constitucionalista en serio, es serlo sobre todo del Estado social, lo demás es postureo o disimulo maquiavélico.

Los derechos sociales son el centro de gravedad de las constituciones democráticas actuales. “La Constitución no se disuelve en los derechos o se reduce a ellos. Pero los derechos fundamentales y los valores que los informan deben ser los objetivos que el Estado democrático de Derecho se propone realizar” (F. Tomás y Valiente). Hoy más que nunca.