Solo los negacionistas recalcitrantes no aceptan que el cambio climático es ya una realidad y que, después de las repetidas llamadas desesperadas de la comunidad científica y los movimientos sociales, estamos en una situación de emergencia: si no actuamos con rapidez y decisión, los efectos serán irreversibles y se pone en peligro la supervivencia de muchísimas especies, incluida la humana.

Los que solo veían agoreros en quienes hace tiempo preveían situaciones climáticas extremas, con olas de calor y sequías prolongadas y tormentas más frecuentes y poderosas, se arrepienten ahora de no haber hecho caso de los avisos y se avergüenzan -en silencio- de que tengan que ser las generaciones más jóvenes las que lideren la movilización.

Y en este contexto, tras cada cumbre anual del clima fracasada, mientras los estados son incapaces de coordinar acciones y de ejecutar planes, algunas administraciones de diferentes niveles declaran la emergencia climática. Pero ¿qué significa exactamente? Básicamente la adopción (en su nivel de competencias) de medidas para reducir las emisiones de carbono y ejercer presión a los niveles políticos superiores para que se tomen en serio el tema y actúen.

Aunque en algunos casos esta declaración sea más simbólica que otra cosa, lanza el mensaje correcto: hay que actuar ya y con contundencia para reducir las emisiones. Hay que tener en cuenta que buena parte de los gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera son de larga duración. Es decir, tardan décadas en desaparecer. Eso significa que no podemos deshacernos de todos los gases emitidos en los últimos 150 años, y solo podemos dejar de emitir para no empeorar la situación.

Pero ¿quién tiene que actuar exactamente? Parte de la ciudadanía considera que no va con ella, que deben ser los gobiernos quienes solucionen el problemón, y además con el menor impacto posible para sus vidas. Pero debemos comprender que no hay soluciones mágicas al problema, y que la catarata de medidas necesarias para atajar las emisiones nos va a afectar a todo el mundo de un modo u otro. Todos, absolutamente todos, debemos renunciar a comodidades y debemos cambiar nuestros hábitos de consumo para poner nuestro grano de arena. Esto se añadirá a las medidas que necesariamente tienen que tomar todos los niveles de gobierno, que deben legislar urgentemente para reducir a la mínima expresión las emisiones con todos los mecanismos posibles: incentivos, prohibiciones, transiciones de sectores altamente emisores, repoblación forestal, cambios en el sistema educativo, etc.

Las grandes empresas tienen también una buena cuota de responsabilidad y un gran margen de acción. Energéticas, tecnológicas, logísticas, constructoras, industrias, sector del transporte, agroalimentarias... Todos los sectores empresariales deben renunciar a parte de sus márgenes de beneficio para invertir en una transición ecológica que les permita seguir desarrollando sus actividades con el mínimo impacto ambiental. Tienen que aceptar de una vez por todas que es imposible el crecimiento económico infinito cuando los recursos del planeta son finitos.

Y todos estos cambios, que no deberían ser menores, tendrán impacto directo en nuestras vidas. Como ejemplos cercanos, la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona de estudiar eliminar el puente aéreo Barcelona-Madrid, dado que hay una alternativa más ecológica y plenamente operativa, que ya ha despertado las iras de ciertos poderes económicos y del gobierno de la Comunidad de Madrid; u otra medida que ya se ha tomado, la zona de bajas emisiones en la ciudad, y que ha generado también muchas críticas por parte de los conductores afectados, y que prevé reducir 210.000 toneladas anuales de emisiones.

En los dos casos la movilidad de los usuarios habituales del puente aéreo y de los conductores en la ciudad se van a ver afectadas. Y hay que comprender que, aunque las medidas nos parezcan injustas, son necesarias. Debemos comprender también que aún es más injusto que la población de las zonas más vulnerables y afectadas por el cambio climático en lo que llamamos el Sur Global, y que no son en absoluto responsables de las emisiones que han provocado la emergencia, sean las que más sufren las consecuencias.

Y así todas las probables medidas que se irán implantando o que deberían implantarse en muchas partes del mundo, como restricciones a la circulación, a los cruceros, eliminación de plásticos de un solo uso, cierre o reconversión de industrias altamente emisoras y contaminantes, u otras más locales como la prohibición de estufas en las terrazas de los bares y restaurantes, tendrán un impacto en nuestras vidas cotidianas. Pero el coste de no hacer nada es demasiado elevado, es empeorar drásticamente las condiciones en que desarrollamos nuestras vidas, cuando no perderlas.

Así que habrá que mentalizarse de que vienen cambios importantes y habrá que adaptarse, como hemos hecho siempre. Es el precio que nos toca pagar por los excesos del último siglo y medio.